La cajuela del vehículo estaba repleta de droga. Tras una persecución registrada en el sector de Calderón, norte de Quito, la Policía incautó ochenta y ocho paquetes rectangulares distribuidos en cinco maletas.
Los cinco ocupantes del automotor recibieron una sentencia agravada. Fiscalía –con prueba testimonial, pericial y documental– demostró el cometimiento del delito y la responsabilidad de los procesados.
Dany T. (conductor), Michael B. (copiloto), Joel V., Jean C. y Alisson B. fueron sentenciados por un Tribunal de Garantías Penales a una pena privativa de la libertad de diecisiete años y cuatro meses por el delito de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Christian Fierro, fiscal Especializado en Delincuencia Organizada Trasnacional e Internacional (Fedoti 4), presentó como pruebas: los testimonios de los agentes de Policía que participaron en la persecución, del perito que practicó el pesaje de la sustancia, en cuyo informe determinó que el peso neto de la droga alcanzó los 47.234 gramos de marihuana. El tipo de sustancia se reveló con una pericia química que también fue presentada como prueba durante el juicio.
Intento de fuga
Según lo expuesto por Fiscalía en la audiencia de juzgamiento, aproximadamente a las 09:00 del 16 de junio de 2020, la Policía ejecutó un operativo en la vía pública de Calderón.
El conductor del taxi, identificado como Dany T., no obedeció la señal para detenerse, por el contrario, ejecutó una maniobra evasiva para esquivar a los agentes.
Tras una persecución, en la que participaron varias unidades policiales, el automotor fue interceptado. Parte de la droga estaba en una maleta que sostenía Michael B., en el asiento del copiloto.
En el registro del taxi también se halló un arma de fuego calibre 22, cargada con cuatro proyectiles. Este indicio también fue periciado con una prueba de cotejamiento balístico.
Los jueces, además, ordenaron el comiso del vehículo, según acuerdo al artículo 69, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Dato jurídico
El Tribunal aplicó el artículo 220, inciso primero, literal d, del COIP, que sanciona el tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización con una pena privativa de libertad de diez a trece años. Los jueces consideraron las circunstancias agravantes del artículo 47, numeral 5, para incrementar la pena.
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