domingo, 14 de julio de 2024

Acuicultura sostenible: el camino a seguir

 

Dave Robb, Líder de Sostenibilidad del Grupo de Nutrición Acuícola de Cargill

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha resaltado la necesidad de que la acuicultura crezca para ayudar a alimentar a la creciente población humana hasta 2050, pero ese crecimiento debe gestionarse de manera sostenible. Durante los últimos 25 años, el uso de ingredientes marinos en la acuicultura ha sido un tema de preocupación. En las décadas de 1980 y 1990, muchas dietas de peces cultivados se basaban predominantemente en harina y aceite de pescado, ambos ricos en nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales y ácidos grasos. Sin embargo, a medida que la industria se expandió, la demanda de estos recursos marinos creció paralelamente, planteando preguntas críticas sobre la sostenibilidad de usar peces para alimentar a peces, especialmente cuando estos recursos marinos podrían alimentar directamente a las personas.

La solución ha sido convertir peces menos apetecibles en productos de alta demanda como el salmón, la lubina, la dorada o el camarón, asegurando al mismo tiempo que nuestras prácticas de obtención tengan un impacto mínimo en los ecosistemas marinos. Sin embargo, a medida que la acuicultura crece para alimentar a más personas, también lo hace la demanda potencial de harina y aceite de pescado, que también son buscados por otras industrias. Con esta competencia creciente por un recurso finito, ¿cómo identificamos y desarrollamos alternativas sostenibles mientras continuamos utilizando estos ingredientes marinos de manera responsable?

Lograr una gestión sostenible de las pesquerías es complejo. Cuando una pesquería está bajo el control de una sola nación, se requiere liderazgo por parte de los reguladores nacionales para adherirse al Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, asegurando evaluaciones y regulaciones adecuadas de las existencias. El desafío se amplifica cuando las pesquerías abarcan múltiples naciones, lo que requiere cooperación entre reguladores y pescadores vecinos, mientras que los derechos de pesca son temas muy sensibles políticamente para todas las naciones costeras.

El cambio climático agrava aún más estos desafíos, ya que el calentamiento de las aguas provoca que las existencias de peces migren, a veces cruzando fronteras nacionales y afectando el acceso y los derechos de pesca. El caso de la caballa en el Atlántico Nordeste, que ha cambiado su hábitat entre Noruega, Islandia y los países de la UE, ejemplifica la necesidad de colaboración internacional en la gestión pesquera para prepararse para estos cambios futuros.

A pesar de estos obstáculos, la colaboración y las asociaciones siguen siendo fundamentales. La gestión pesquera efectiva depende de la cooperación entre pescadores, reguladores y representantes del mercado. El Proyecto de Mejora de la Pesquería (FIP, por sus siglas en inglés) es un ejemplo notable, reuniendo a diversos actores para mejorar las prácticas de gestión pesquera.

Un concepto desarrollado originalmente por la Asociación de Pesquerías Sostenibles (SFP, por sus siglas en inglés), los Proyectos de Mejora de la Pesquería (FIPs) juegan un papel crucial en la promoción de prácticas sostenibles. Estos proyectos son colaboraciones entre pescadores, procesadores, proveedores y organizaciones de conservación con el objetivo de mejorar la sostenibilidad de las pesquerías. Los FIPs operan identificando desafíos ambientales clave y estableciendo objetivos específicos y medibles para abordarlos. Se centran en implementar cambios que puedan llevar a la evaluación exitosa según los estándares de MarinTrust, desarrollados específicamente para ingredientes marinos, o a la certificación de la pesquería por estándares como el Consejo de Administración Marina (MSC, por sus siglas en inglés).

Los FIPs son fundamentales para impulsar mejoras al establecer metas con plazos definidos, típicamente en un plazo de cinco años, para lograr una gestión sostenible. Este enfoque estructurado asegura un progreso continuo y responsabilidad, lo que lo convierte en una herramienta efectiva en la búsqueda de pesquerías sostenibles. El Programa de Mejoradores de MarinTrust está diseñado para el sector de ingredientes marinos, impulsando mejoras en el mar y en las fábricas de procesamiento, y estableciendo una cadena de custodia de los productos. Su reconocimiento por el sector acuícola proporciona un excelente punto de entrada a una vía de desarrollo sostenible para una pesquería involucrada en ingredientes marinos. Más allá de esto, los FIPs integrales pueden estar más enfocados en lograr objetivos más altos, como la certificación MSC para la pesquería.

Mirando hacia adelante, el uso continuado de ingredientes marinos en la acuicultura es esencial, siempre que provengan de pesquerías gestionadas de manera sostenible. Para satisfacer la creciente demanda y abordar las fluctuaciones ambientales, debemos ampliar el conjunto de pesquerías bien gestionadas a nivel mundial. Esto incluye no solo aquellas que proporcionan harina y aceite de pescado, sino también aquellas que suministran pescado para el consumo humano directo.

Países como Japón, India y Mauritania ofrecen oportunidades prometedoras para el desarrollo de pesquerías sostenibles. Sin embargo, estas áreas también presentan desafíos únicos, como entornos políticos complejos y regulaciones locales variadas. Iniciativas como el Fondo de Mejora de Pesquerías, lanzado en colaboración con Finance Earth y WWF, buscan apoyar estos esfuerzos, asegurando un futuro sostenible para las existencias mundiales de peces.

En conclusión, la gestión sostenible de las pesquerías no es solo un imperativo comercial, sino una responsabilidad ecológica y social más amplia. Aunque el viaje está lleno de desafíos, los beneficios potenciales para los ecosistemas, las comunidades locales y el suministro global de alimentos son inmensos. Fomentando la cooperación internacional y adoptando prácticas de gestión innovadoras, podemos asegurar recursos marinos obtenidos de manera responsable para las generaciones futuras. Además, es importante reconocer que no toda la acuicultura depende de ingredientes marinos. Muchos productores están incorporando fuentes de alimento basadas en plantas o alternativas para mejorar la sostenibilidad. Adoptar estas estrategias diversas garantizará en última instancia la longevidad y sostenibilidad del sector acuícola.

 

viernes, 12 de julio de 2024

UPSE ADQUIERE PASAJES AÉREOS POR $120.000 PARA UTILIZARLO EN 290 DÍAS

 



Con fecha 12 de marzo del 2024, mediante Oficio No. 122-R-UPSE-2024, el Ing. Néstor Acosta Lozano, PhD. - Rector de la Entidad Contratante, solicita a la Jefatura de Compras Públicas la verificación del “SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA” en el Catálogo Electrónico del portal www.compraspublicas.gob.ec y en el Plan Anual de Contratación institucional del año 2024.

Con fecha 23 de abril del 2024, mediante Oficio N° 127-R-UPSE-2024, el Ing. Néstor AcostaLozano, PhD. - Rector de la Entidad Contratante, remite el Término de Referencia,Presupuesto Referencial e Informe de Necesidad y solicita el inicio del proceso decontratación del “SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES EINTERNACIONALES PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DESANTA ELENA”;

Que, mediante Oficio No. 33-DA-SDP-2024 con fecha 23 de abril del 2024, el Lcdo. RobertoVizcaino Aveiga, MBA. - Director Administrativo, solicita la emisión de la certificaciónpresupuestaria para la contratación del “SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOSNACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA”

Con fecha 09 de mayo del 2024, se receptaron DOS (2) ofertas técnicas enviadas por los oferentes BUSTAMANTE VITERI GUSTAVO EMILIO y AGENCIA DE VIAJES BUSTAMANTE Y GONZALEZ GBTOURS S.A. en el plazo estipulado.

 ADJUDICACIÓN:

Art. 1.- Adjudicar el proceso COTS-UPSE-2024-001 para la contratación del “SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA” al oferente BUSTAMANTE VITERI GUSTAVO EMILIO con número de RUC: 0917765810001 por el valor de USD $105.000,00 (CIENTO CINCO MIL CON 00/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA y el plazo estimado para la ejecución del contrato es de 290 días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato

Dada y firmada en el cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro .

Ing. Néstor Acosta Lozano, PhD.

RECTOR

A propósito de estos gastos en pasajes aéreos, el rector Néstor Acosta fue criticado por visitar al papa en el Vaticano, no han mencionado aún si fue con fondos de la UPSE, de la EP pública, o con su recursos propios

10 años de cárcel para 3 procesados por el delito de extorsión en la modalidad de ‘vacunas’

 


Fiscalía obtuvo sentencia de diez años de prisión para Kléber Andrés V. S., Anthony Ernesto N. L. y Óscar Eduardo M. M., acusados de extorsionar al dueño de un local comercial de ferretería y construcción, a quien “ofrecían” seguridad y protección, a cambio de cobrar ciertos valores económicos; caso contrario harían explotar el negocio.

Las amenazas se registran a partir del 17 de julio de 2023 en el suburbio oeste de Guayaquil.

En la audiencia de juzgamiento, desarrollada en la Unidad Judicial Albán Borja, el Fiscal de la Unidad de Patrimonio Ciudadano a cargo del caso presentó como pruebas: ocho testigos, incluido el perjudicado y uno de sus empleados, los informes investigativos elaborados por la Unidad contra el Secuestro y Extorsión (Unase), el de reconocimiento del lugar de los hechos, los de las pericias de explosivos y la denuncia de la víctima.

Además, la pericia de generación de fotogramas secuencia de imágenes y descripción de acciones de archivos multimedia, el informe pericial forense de audio, videos y afines, el contenido de las imágenes fotográficas (capture) y conversaciones sostenidas mediante la aplicación WhatsApp, así como los números de contacto que constaban en los dispositivos celulares que fueron encontrados en posesión de los ya sentenciados.

Los jueces del Tribunal Penal acogieron las pruebas presentadas por Fiscalía y –por unanimidad– emitieron la sentencia –en calidad de autores– de diez años de pena privativa de libertad contra Kléber Andrés V. S., Anthony Ernesto N. L. y Óscar Eduardo M. M., además de imponerle una multa de cuarenta salarios básicos unificados (18.400 dólares) y el pago de 6.000 dólares (cada uno) como reparación integral.

Contexto

La Fiscalía de la Unidad de Patrimonio Ciudadano inició la investigación al día siguiente de los hechos, tras la denuncia presentada por el perjudicado, quien narró haber sido extorsionado por presuntos integrantes de un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO): con intimidaciones y amenazas, le exigían el pago de 10.000 dólares, a cambio de “brindar seguridad” a su negocio y de no atentar contra sus bienes y personas de su entorno familiar.

El propietario del local no quiso entablar diálogo ni llegar a acuerdos con los extorsionadores, por lo que no canceló los valores que solicitaban. Los agresores, al ver la “nula colaboración” del comerciante, iniciaron actividades terroristas contra su negocio.

El 17 de julio de 2023, en horas de la noche, pusieron artefactos explosivos en la puerta principal del local, lo que ocasionó daños; el 24 de julio del mismo año, se contactaron vía WhatsApp con uno de los empleados, exigiendo el pago de los 10.000 dólares, caso contrario, pondrían otra bomba, pero con la presencia de clientes en el interior.

La víctima acordó el pago de cierta cantidad de dinero, por lo que los citó al día siguiente. Dos de los “vacunadores” llegaron en una motocicleta. Uno se bajó, ingresó al establecimiento y reclamó el pago del dinero. Un empleado le entrego un sobre con 100 dólares en billetes de baja denominación y los extorsionadores salieron en precipitada carrera a bordo de la motocicleta.

Personal policial que tenía conocimiento del hecho y que había armado un operativo de captura, los aprehendió cuadras más adelantes. Ambos delataron a un tercer miembro del grupo delincuencial, que sería el autor intelectual, quien fue aprehendido horas después en el norte de Guayaquil.

Información jurídica

Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 185, numerales 1 y 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de extorsión con pena privativa de libertad de siete a diez años.

 

Pediatra es procesado por Fiscalía por presunta pornografía infantil

 


La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti) de Pichincha formuló cargos en contra del pediatra Pablo Aníbal I. P. por comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. También inició una instrucción de noventa días.

Alias “ValePablo” –como es conocido en el mundo digital–, habría almacenado 51 archivos multimedia en plataformas informáticas ancladas a sus dos números celulares.

El objetivo era transmitir e intercambiar material de abuso sexual infantil, con víctimas que —según la pericia antropológica realizada a las imágenes— tendrían edades de 8 a 12 años.

La información recibida en la noticia criminis, basada en una denuncia al 1800 Delito, fue corroborada con una alerta del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) del Gobierno de los Estados Unidos.

Entonces, la investigación previa arrancó el 12 de marzo de 2024, con vigilancias, seguimientos, fijación, extracción y análisis del material de abuso sexual infantil alojado en las plataformas.

Con los indicios recolectados, Fiscalía solicitó orden de allanamiento y detención con fines de formulación de cargos para Pablo Aníbal I. P. en San Isidro de El Inca, ubicado al norte de Quito. Para el operativo, realizado la noche del 10 de julio de 2024, la oficina de NCMEC trasladó desde EE.UU. a un perro entrenado para olfatear aparatos digitales, como celulares y dispositivos de almacenamiento.

Información jurídica

El artículo 104 del Código Orgánico Integral Penal sanciona el delito de comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes con pena privativa de libertad de diez a trece años.

 

 

martes, 9 de julio de 2024

Fiscalía procesa a ex Juez de Manta por prevaricato

 


La Fiscalía Provincial de Pichincha inició una instrucción fiscal de noventa días –por el delito de prevaricato– contra el juez (a la fecha de los hechos) de Manta, Juan Eduardo E. Z.

En la audiencia de formulación de cargos –desarrollada vía telemática–, el fiscal provincial de Pichincha, Hernán Flores, presentó veintiún elementos de convicción, ante la Presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.

El ahora ex Juez es investigado por la devolución de bienes a la familia de José Adolfo M. V., alias “Fito”, en el contexto de un proceso por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria que Fiscalía llevó adelante en esa Judicatura, en 2020.

En dicha causa, el 23 de diciembre de 2020, Juan Eduardo E. Z. dictó auto de sobreseimiento a favor de cinco familiares de alias “Fito” –entre ellos Inda Mariela P. T. (esposa)– y dos empresas. También ordenó que se levante la incautación y prohibición de enajenar que pesaba sobre varios vehículos e inmuebles.

Sin embargo, el Fiscal que llevó la causa presentó un recurso de apelación a la decisión del Juez de primera instancia. Así, el 4 de enero de 2021, el proceso fue sorteado a la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, la misma que avocó conocimiento el 7 de enero de 2021.

Sin embargo, ese mismo día –cuando el proceso ya no se encontraba a su cargo–, el ex Juez procesado suscribió los oficios de levantamiento de la incautación de los bienes a nombre de los familiares de alias “Fito” a la ANT, Inmobiliar y Registro de la Propiedad de los cantones Manta y Bolívar.

“La interposición de un recurso suspenderá la ejecutoria de la decisión, con las salvedades previstas en este Código”, dispone el artículo 652, numeral 6, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), precisó el Fiscal Provincial de Pichincha durante la formulación de cargos.

Por pedido de Fiscalía, la Jueza ordenó arresto domiciliario –por cuanto el procesado tiene 65 años de edad (adulto mayor)– y prohibición de enajenar sus bienes.

Información jurídica

Esta causa se procesa con base en el artículo 268 del COIP, por el delito de prevaricato (de las o los jueces o árbitros): “Las o los miembros de la carrera judicial jurisdiccional; las o los árbitros en derecho que fallen contra Ley expresa, en perjuicio de una de las partes; procedan contra Ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda, en la sustanciación de las causas o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogadas o abogados, procuradoras o procuradores, serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años y multa de veinte a treinta salarios básicos unificados del trabajador en general. Se impondrá además la inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por doce meses”.

 

 

Epson apoya a la comunidad japonesa de Brasil y a la educación de las generaciones jóvenes con tecnología

 



Epson y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) han comenzado a implementar iniciativas de apoyo social mediante el préstamo de proyectores y la provisión de soporte técnico en la aldea de Primera Alianza, ubicada en una zona rural de Sao Paulo, Brasil.

En particular, esta actividad busca apoyar la educación de la comunidad japonesa y las generaciones más jóvenes de Brasil a través de la introducción de tecnología digital y la promoción de la educación y conciencia en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con el propósito de unir a una sociedad descentralizada.

JICA y Epson firmaron un acuerdo de cooperación integral en marzo de 2022 con el objetivo de ayudar a los países en desarrollo a abordar problemas sociales y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Sr. Iwakami, asesor principal de JICA Tokio, citó tres razones por las cuales JICA ha seleccionado a Epson, una empresa privada, como socio de cocreación: (1) Epson comparte los objetivos de la organización para la gestión de la sostenibilidad y la contribución al logro de los ODS; (2) Epson es una empresa global con sede en una zona rural que se enfoca en el desarrollo regional; y (3) Epson prioriza la educación como base para el desarrollo de los recursos humanos. Los asesores ejecutivos esperan que esta colaboración mejore los efectos comerciales de ambas partes.

La Sra. Kawamura, directora adjunta de la oficina de JICA en Brasil, señaló: "La colaboración entre JICA y Epson Brasil está dando sus primeros pasos, y ya hemos comenzado con el préstamo inicial de proyectores a una comunidad japonesa. A partir de este proyecto, Epson y JICA continuarán trabajando juntos para abordar temas educativos y fortalecer el vínculo entre Japón y Brasil". La Sra. Kawamura también expresó sus expectativas sobre la colaboración entre Epson y Epson do Brasil.

Hace aproximadamente 100 años, la comunidad japonesa emigró a la aldea de Primera Alianza, principalmente desde la prefectura de Nagano, Japón. Maestros de Nagano fueron enviados a las escuelas japonesas de la aldea como Voluntarios de Cooperación de JICA en el Extranjero, y el Sr. Akahane es actualmente la octava generación que trabaja como voluntario.

En comparación con el pasado cuando no había proyectores, Akahane observó que la pantalla grande facilita la comprensión del contenido y permite ver los rostros de las personas con las que interactúa en línea, lo cual ha marcado una gran diferencia en la efectividad de sus clases.

También destacó el uso del proyector fuera del aula: "Lo utilizamos en eventos como karaoke y noches de cine para que la gente pueda disfrutar de la vida en el pueblo. Creo que el proyector puede servir como una oportunidad para que las personas disfruten de la vida en la escuela de idioma japonés y en la comunidad Nikkei, y para fomentar el amor por Japón y su cultura. Tengo grandes expectativas para el proyector".

¨Epson ha vendido proyectores e impresoras principalmente a zonas urbanas de países desarrollados y medianamente desarrollados, pero a partir de ahora quisimos trabajar en la resolución de problemas sociales y otras actividades en países en vías de desarrollo y comunidades rurales. En estas circunstancias, pudimos trabajar con JICA, que cuenta con una amplia red en los países en vías de desarrollo. Junto con JICA queremos seguir contribuyendo a solucionar problemas en todas las partes del mundo donde Epson no podría contribuir por sí sola. Epson ha suministrado proyectores e impresoras para diversos entornos educativos y aula, comenta Kento Tanaka, Seiko Epson, Visual Products Division, SEC.

¨Podemos llevar el cine a cualquier parte y tenemos movilidad gracias al tamaño compacto del proyector. Sólo necesitas un cable de alimentación y puedes proyectar en una pared, por ejemplo. Esto hace que nuestros proyectores sean mucho mejores que un televisor¨, afirma Marcelo Madi, Director Ejecutivo de Ventas, Marketing y Productos de Epson Brasil.

Al combinar las tecnologías y soluciones de Epson con la red de JICA, continuaremos revitalizando las comunidades locales, mejorando la educación y elevando la calidad de vida.

Acerca de JICA

JICA es una agencia implementadora de la Asistencia Oficial para el Desarrollo de Japón (AOD), y participa en varios proyectos, tales como cooperación financiera y envío de voluntarios técnicos.

Actividades de JICA en Brasil

Japón tiene una larga historia con Brasil, que se remonta a la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países en 1895, seguido por la llegada de inmigrantes japoneses al puerto de Santos en 1908. Por otro lado, JICA inició su cooperación con Brasil en 1959, contribuyendo al desarrollo del país en diversos campos, como el saneamiento ambiental y el desarrollo de infraestructura. Asimismo, JICA ha enviado expertos brasileños a países de América Latina, donde tanto Japón como Brasil han cooperado, como así también equipos de colaboración en el extranjero, y ha trabajado con la comunidad Nikkei

lunes, 8 de julio de 2024

ASAMBLEA APROBÓ POR UNANIMIDAD LA LEY PARA LA APLICACIÓN DE LA CONSULTA POPULAR Y REFERÉNDUM

 


La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, con 132 votos, el texto definitivo de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, una vez transcurrido el plazo de 48 horas otorgado a la Comisión Multipartidista para sistematizar las observaciones recogidas durante el segundo debate.

El legislador Carlos Vera Mora, ponente del informe, destacó el compromiso del Parlamento ecuatoriano para entregar a los operadores de justicia y a la ciudadanía, otro instrumento legal para luchar contra la inseguridad y delincuencia en cualquiera de sus formas.

El texto final contempla, en lo referente a las reformas al COIP, un incremento en las penas en doce delitos: trata de personas; asesinato; sicariato; secuestro extorsivo; producción y tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; minería ilegal; lavado de activos; tráfico de armas de fuego, químicas, nucleares o biológicas; terrorismo y su financiación; y, delincuencia organizada.

El articulado también establece que las personas privadas de la libertad no podrán acceder al régimen abierto y semiabierto, y tipifica el delito de tenencia y porte no autorizado de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, entre otras reformas.

Con relación a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio se establece que la actividad ilícita tendrá relación con los delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, producción, comercialización o tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tráfico o trata de personas, terrorismo o su financiamiento, asesinato, sicariato, secuestro extorsivo, tráfico de armas, actividad ilícita de recursos mineros y delincuencia organizada.

“Esta normativa es un paso más hacia la construcción de un Ecuador con mejores condiciones de seguridad para todos y todas”, concluyó el legislador.

CV/am

Pena máxima agravada por el asesinato del Subjefe de Policía del cantón Samborondón y otras 2 personas

 




El Tribunal Penal que conoció la causa acogió las pruebas materiales, testimoniales y periciales presentadas por Fiscalía y emitió sentencia de treinta y seis años y cuatro meses de prisión para Delember Eduardo L. R., como responsable del asesinato del Subjefe de la Policía del cantón Samborondón y dos personas más.

El crimen se registró el 28 de julio de 2023 en la parroquia Tarifa del cantón Samborondón.

En la audiencia de juzgamiento –que inició el 28 de febrero de este año, se convocó por más de trece ocasiones y concluyó la mañana del sábado 6 de julio–, el Fiscal del caso presentó como pruebas: dieciocho testimonios (de agentes aprehensores e investigadores, peritos, responsables de la cadena de custodia, entre otros).

Además, los informes de investigación levantados por la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), informes de levantamiento de cadáver y protocolo de autopsia, el parte de aprehensión, los informes de reconocimiento del lugar y el de inspección técnica ocular, y comprobantes de ingreso de evidencias.

También expuso los informes técnico pericial balístico, el de audio y video, el de identidad humana, el de correspondencia telefónica y de audio video de cámaras de seguridad y evidencias comparativas (indumentaria que perteneciente al ya sentenciado y placas del vehículo en que se movilizó después del crimen).

Los jueces del Tribunal Penal evaluaron las pruebas presentadas por Fiscalía y –por unanimidad– emitieron la sentencia de treinta y seis años y cuatro meses de prisión –en el grado de autor– para Delember Eduardo L. R., quien también deberá pagar una multa de 1.500 salarios básicos unificados (690.000 dólares) y ese mismo valor como reparación integral a los familiares de las víctimas.

Fiscalía se abstuvo de acusar a un segundo procesado, quien se encontraba de paso en un domicilio donde se encontró evidencia. Los jueces del Tribunal confirmaron su estado de inocencia.

Contexto

La víctima –identificada como Cristian Santiago G. P.– se encontraba, el día de los hechos, a un costado de la vía Tarifa-Salitre, cuando fue baleado por un sujeto que se bajó de una motocicleta. Las balas también alcanzaron a su conductor y escolta, Cristhian E. T., y una tercera persona (un vendedor ambulante). Todos murieron en el lugar de los hechos, producto de las heridas causadas por el arma de fuego.

El agresor abordó la misma motocicleta y huyó del lugar, para –kilómetros más adelante– subir a un automotor y dirigirse a Guayaquil. Personal de Dinased llegó al lugar para recolectar los primeros indicios y versiones de testigos oculares.

Con esa información, más la recabada de los videos de las cámaras de seguridad de los peajes de las vías, se ubicó el vehículo en el que se movilizaba. En una vivienda en la urbanización Huancavilca Norte, Delember Eduardo L. R., su pareja sentimental y una tercera persona (que estaba en el inmueble) fueron aprehendidos.

La mujer colaboró con información e indicó que la vestimenta utilizada fue arrojada en los bajos de un paso a desnivel, en la avenida Carlos Julio Arosemena. Personal policial recuperó la indumentaria, mientras que el arma utilizada fue localizada en un domicilio ubicado en una urbanización de la vía León Febres Cordero, en Daule.

Información jurídica

Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 140, numerales 5 y 10, en relación al artículo 42, numeral uno, literal a, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de asesinato con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, más las agravantes dispuestas en el mismo artículo, lo que incrementó en un tercio la pena impuesta.

 

 

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