sábado, 17 de abril de 2021

Caso Hospital de Pedernales: 2 personas más son sentenciadas por el delito de delincuencia organizada

 


Quito (Pichincha), 16 de abril de 2021.- Esta noche, Tribunal de la Corte Nacional de Justicia –por unanimidad– sentenció a Pablo C. y Dany C. a cinco años de privación de libertad como coautores del delito de delincuencia organizada. Mientras que, por voto de mayoría, a Danilo V. se le ratificó el estado de inocencia.

En la reinstalación de la audiencia de juzgamiento, el Tribunal, conformado por los jueces Luis Rivera, Felipe Córdova y Walter Macías, dispuso que los sentenciados paguen una multa de doce salarios básicos unificados e informó que el monto de la reparación integral se conocerá cuando se notifique la sentencia por escrito.

Además, ordenó la publicación de la sentencia en las página web de las instituciones públicas que fueron afectadas por el delito y la publicación de la parte resolutiva del fallo en tres medios de comunicación de amplia difusión nacional, a costa de los acusados.

Durante la audiencia de juicio, a través de las pruebas presentadas, la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, demostró que Pablo C. y Dany C., exfuncionarios públicos, formaron parte de la comisión técnica encargada del proceso licitatorio que posibilitó la concesión de la obra al Consorcio Pedernales Manabí.

En este caso, el 9 de noviembre de 2020, mediante procedimiento abreviado, fueron sentenciados el exasambleísta Daniel M., a 50 meses de pena privativa de libertad; Jennifer C., Ángel A. y José S., a 40 meses; y, Edmundo T., Jean Carlos B., Franklin C. y José V, a 34 meses; como autores del delito de delincuencia organizada, tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Mientras que el exasambleísta Eliseo A. y Jorge J. se encuentran prófugos, por lo que está suspendido el proceso penal en su contra, debido a que este delito no puede ser juzgado en ausencia.

Con un diferencial de USD -2,65, EP Petroecuador adjudicó la exportación de 1´900.000 barriles de Fuel Oil N°6

 


Para la exportación de 1´900.000 barriles de Fuel Oil N°6, la Empresa Pública Petroecuador adjudicó a la empresa de Singapur Trafigura PTE. LTD., con un diferencial de USD -2,65 por barril, al presentar la mejor oferta y la aceptación de los términos y condiciones.

 

El Gerente General de EP Petroecuador, Gonzalo Maldonado, afirmó “estos concursos permiten obtener ofertas competitivas, con esta venta de Fuel Oil N°6 se estima ingresos aproximados por USD 122,4 millones”.

 

De acuerdo a los términos y condiciones del concurso, el volumen ofertado se exportará en 10 cargamentos de 190.000,00 +/- 10% cada uno, que serán entregados en el periodo de mayo a julio de 2021. La primera ventana de carga será en mayo de 2021.

 

Para este concurso internacional, EP Petroecuador invitó a 39 empresas calificadas en el Registro de Clientes de la Gerencia de Comercio Internacional, de las cuales se presentaron cuatro (4) ofertas de las compañías:

  • Trafigura PTE. LTD.:                         USD -2,65/bbl
  • Glencore LTD.:                                  USD -3,63/bbl
  • Petrochina International CO. LTD.:   USD -4,66/bbl
  • Freepoint Commodities LLC.:           USD -4,88/bbl

.

Para garantizar la transparencia de este proceso de licitación, la apertura de ofertas estuvo liderada por representantes de la Gerencia de Comercio Internacional, delegados del área legal y de la Unidad de Prevención y Lavado de Activos de EP Petroecuador de manera presencial, así como los representantes de las compañías oferentes de manera remota.

 

Esta venta de Fuel Oil No. 6 estará regida bajo el Marcador Internacional USGC HSFO.

viernes, 16 de abril de 2021

Sala Penal ratifica sentencia contra exservidor de Fiscalía por extorsión

 




Ibarra (Imbabura), 16 de abril de 2021.- La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura acogió los argumentos expuestos por Fiscalía y ratificó la condena de seis años y ocho meses de prisión contra Wimper O., exservidor de la Fiscalía Provincial de Pichincha, como coautor del delito de extorsión.

En la audiencia de apelación a la sentencia, el fiscal de Fedoti, Darwin Sigüenza, expuso que –en la etapa de juicio– Fiscalía presentó pruebas determinantes que demostraron la existencia delito y la responsabilidad penal del procesado.

Entre los principales elementos probatorios expuestos constan una pericia de cotejamiento de voz, testimonios de servidores de Fiscalía, cruce de llamadas, pericias de audio y videos, e informes de inspección ocular técnica y de reconocimiento de evidencias.

La investigación de este caso inició en diciembre de 2017, cuando la víctima denunció que el policía en servicio activo, Pablo B., le envió un mensaje con la captura de pantalla de una denuncia presentada en su contra por el delito de trata de personas.

El gendarme también le dijo que tenía un “amigo fiscal” que trabajaba en Quito, que le podía ayudar para eliminar la denuncia a cambio de 6.000 dólares.

Las investigaciones determinaron que el supuesto fiscal era Wimper O., quien generó la noticia del delito en la Unidad de Flagrancia de Quitumbe, con el usuario y contraseña de una compañera que ese día no asistió a trabajar.

El delito de extorsión está tipificado en el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya pena máxima es de cinco años. Sin embargo, al tratarse de un funcionario público, se tomaron en cuenta agravantes y se incrementó la pena máxima en un tercio.

Además, Wimper O. deberá emitir disculpas públicas a los servidores de la Institución.

CIUDADANÍA PUEDE OBSERVAR PRODUCTIVIDAD JUDICIAL Y PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESPACHO DE CAUSAS A NIVEL NACIONAL

 



El Consejo de la Judicatura (CJ) recuerda a la ciudadanía que, en cumplimiento de la Resolución 117-2020, se publica de manera mensual en la página web www.funcionjudicial.gob.ec , así como en los portales digitales de cada una de las Direcciones Provinciales, la productividad de las y los jueces en todas las dependencias judiciales a nivel nacional.

 

La mencionada información está expuesta por especialidad y de acuerdo con el cronograma establecido en la resolución.

 

A nivel nacional, entre enero y diciembre del año pasado, en materia Contencioso Administrativo ingresaron 4.223 causas y se resolvieron 2.832. La ciudadanía puede observar en este enlace https://bit.ly/31SZnib la productividad judicial de las y los jueces de los Tribunales Distritales Contenciosos Administrativos de Pichincha, Guayas y Azuay.

 

En materias No Penal ingresaron en total 222.730 causas y se resolvieron 189.557, mientras que en el ámbito Penal ingresaron 349.062 causas y se resolvieron 288.813.

 

De esta manera, el CJ cumple con su función de velar por la eficiencia y la transparencia de la Función Judicial, prevista en la Constitución de la República.


Condenado a 29 años de prisión por la violación a una niña en el cantón Salinas

 


La Libertad (Santa Elena), 16 de abril de 2021.- Con las pruebas testimoniales y documentales presentadas en la audiencia de juicio, Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria de veintinueve años y cuatro meses de pena privativa de libertad contra Rolando M. P. por el delito de violación, perpetrado contra una niña de 11 años. Los hechos se suscitaron al interior de un local informático (cyber) y de una casa en construcción, ubicados en la parroquia Muey del cantón Salinas.

La fiscal Cecilia Peña Merino, en la audiencia de juzgamiento desarrollada en la Unidad Judicial Multicompetente de este cantón, presentó como pruebas ante los jueces del Tribunal Penal, conformado por Abdón Monroy, César Vélez y Felipe Pozo: ocho testimonios, entre estos, de agentes aprehensores e investigadores de Criminalística de la Policía Nacional, médicos peritos y psicólogos, de la abuela de la niña y el testimonio anticipado de la víctima rendido en Cámara de Gesell.

También, los informes de los exámenes médico-proctológicos, de la valoración psicológica y de trabajo social practicados a la infante; además de los informes de reconocimiento del lugar de los hechos y de inspección ocular técnica, el parte de detención y la denuncia presentada por la abuela de la niña.

Con estas pruebas, Fiscalía estableció el nexo de causalidad respecto de la existencia material de la infracción y la participación directa del procesado en los hechos que se le atribuyen, indicó la Fiscal del caso.

Los magistrados acogieron en su totalidad las pruebas presentadas por Fiscalía e impusieron la sentencia condenatoria contra Rolando M. P., que incluye el pago de una multa de 200 salarios básicos (80.000 dólares) y de 7.500 dólares como reparación integral a las víctimas (a la afectada y a su abuela). Además de las medidas de protección y tratamiento psicológico para ambas.

El caso fue denunciado por la abuela de la niña ante las autoridades policiales, luego de que se percatara de lo que le ocurrió a su nieta y de que la víctima le comentara que el sentenciado la habría violado por el lapso de un año.

En su testimonio anticipado, la afectada indicó que Rolando M. P., bajo amenazas de muerte, la violentó sexualmente cuando ella tenía 10 años en cinco ocasiones. Esto ocurrió en el local donde trabajaba el procesado y en una casa en construcción.

El ya sentenciado se habría ganado la confianza de los familiares de la infante, que no se percataron de los hechos perpetrados contra la niña.

Dato jurídico

Fiscalía procesó este caso por el delito de violación, tipificado en el artículo 171, inciso primero, numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona al infractor con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años. En este caso se sumaron las agravantes dispuestas en el artículo 48, numerales 6 y 9 (cuando la víctima atraviesa por una situación de vulnerabilidad y en la que el procesado conocía con anterioridad a la comisión del delito), lo que aumentó en un tercio la pena impuesta.

 

Por primera vez se registra la migración de un de tiburón martillo desde las islas Galápagos hasta la Isla Cocos en Costa Rica

 

Galápagos.- Por primera vez, científicos y técnicos lograron documentar la migración, en tiempo casi real, de tiburón martillo hembra (Sphyrna lewini) en estado de gestación, desde las islas Galápagos en Ecuador, hasta la Isla Cocos, en Costa Rica, a unos 700 kilómetros de distancia, durante un recorrido que duró 14 días.

Esta especie marina mide 2,5 metros de largo y posee un transmisor satelital colocada en el mes de febrero del presente año, en una expedición científica que duró dos semanas en la isla Darwin al norte del archipiélago, lugar de agregación estacional del tiburón. Este dispositivo permitió a los investigadores dar seguimiento a la ruta y la temporada exacta en la que se produce este proceso migratorio. Al momento de su marcaje, los científicos denominaron al tiburón martillo, Cassiopeia.

De acuerdo a la información transmitida, Cassiopeia empezó su recorrido hacia el noreste hasta que dos semanas después, llegó a su destino en la Isla Cocos, a una velocidad aproximada de 50 kilómetros por día. Los investigadores están atentos al recorrido que seguirá la hembra hasta las costas continentales para parir a sus crías dentro de las bahías de manglares.

El doctor Pelayo Salinas de León, investigador principal de la Fundación Charles Darwin, comentó que «comprender mejor las migraciones reproductivas anuales de las hembras de tiburón martillo es vital para informar sobre un enfoque de conservación regional urgentemente necesario para revertir la actual disminución de la población en el Pacífico Este Tropical».

«Estas hembras preñadas son el grupo más importante al que debemos proteger. Ellas intentan esquivar la actividad pesquera, a menudo ilegal y no regulada, entre las Galápagos y sus lugares de parto en el continente”, afirma el profesor Mahmood Shivji, director del Instituto de Investigación Guy Harvey y del Centro de Investigación de Tiburones de la Fundación Save Our Seas, en la Universidad Nova Southeastern.

Marcelo Mata, Ministro del Ambiente y Agua, asegura que “Desde esta cartera de Estado siempre impulsaremos este tipo de acciones que fomenten las investigaciones científicas, en beneficio de nuestra biodiversidad a lo largo de todo el territorio ecuatoriano”.

Para Danny Rueda, director del Parque Nacional Galápagos, “los aportes de estas investigaciones son fundamentales para impulsar la adopción de políticas regionales que protejan estas rutas, que funcionan como corredores marinos de especies consideradas en peligro crítico de extinción como es el caso de los tiburones martillo”.

Esta investigación es parte del proyecto de ecología de tiburones de la Fundación Charles Darwin, la Dirección del Parque Nacional Galápagos del Ministerio del Ambiente y Agua, el Centro de Investigación de Tiburones de la Fundación Save Our Seas y el Instituto de Investigación Guy Harvey de la Universidad Nova Southeastern (EE.UU.). T/T . FUENTE:Dirección de Comunicación


Fiscalía ha presentado 14 testigos en el juicio contra exgerente de Seguros Sucre

 


Durán (Guayas), 16 de abril de 2021.- En el Complejo Judicial de Durán, se desarrolla la audiencia de juicio contra el exgerente de Seguros Sucre, J
osé Luis R., y su esposa Verónica H., como autores del delito de lavado de activos.

En cinco días de audiencia, ante el Tribunal de Garantías Penales del Guayas, la fiscal de la Unidad Antilavado de Activos, Ivonne Proaño, ha presentado las pruebas que sustentan la teoría del caso planteada por Fiscalía.

Hasta el quinto día de audiencia se presentaron catorce testigos, entre ellos, una Notaria y otras personas que indicaron que la firma de abogados donde laboraba Verónica H. recibió una transferencia del exterior e hizo un cheque para el pago de un bien inmueble de José Luis R. Además, la gerente de esa misma empresa habría pedido un cheque de gerencia para pagar a la constructora que vendió la casa.

Asimismo, han comparecido el perito avaluador de bienes muebles (dos vehículos) y un perito avaluador de bienes inmuebles. Un testigo dijo que, en 2016, en Ecuador, vendió a José Luis R. una camioneta FORD 150, quien le pagó aproximadamente 38.000 dólares desde una cuenta en Estados Unidos, pero que el vehículo lo utilizaba en Ecuador y nunca transfirió el dominio a su nombre.

Otro testigo, trabajador de una inmobiliaria, indicó que en 2015 hizo una promesa de compra venta para vender al procesado un departamento en Salinas, cuyo valor total era de 275.000 dólares. Dicho contrato no fue notariado y como pago inicial, José Luis R. canceló 150.000 dólares también desde Estados Unidos. Más tarde, en 2018 –como no terminó de pagar lo que faltaba– resciliaron el contrato, por lo que el testigo devolvió el dinero entregado a través de cheques que fueron cobrados en Ecuador por José Luis R.

De igual manera, testificó una perita documentológica y un perito de inspección ocular técnica que efectuó el levantamiento de indicios en el allanamiento ejecutado a la residencia de los procesados, donde se encontraron computadores, vehículos, documentos e impresiones de chats telefónicos que mantenía con otros vinculados en este caso y con uno de las sentenciados en Estados Unidos por el delito de conspiración para lavar activos.

Datos

José Luis R. y Verónica H. fueron detenidos durante un operativo ejecutado en mayo de 2020, liderado por la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado, con el apoyo de la Policía Nacional. Son procesados, según lo determina el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica y sanciona el delito de lavado de activos.
En marzo de 2021, el expresidente de Seguros Sucre, Juan Xavier R., fue sentenciado a cincuenta y un meses de prisión en Estados Unidos, tras haber aceptado que lavó dinero que provenía de sobornos de dos compañías reaseguradoras, entre los años 2013 y 2017.

SE INSTALA LA PRIMERA MESA DE JUSTICIA Y GÉNERO DE SANTA ELENA

 


Con la participación virtual de los delegados de los Distritos de Salud se acordó capacitar a los médicos para el fortalecimiento de la ruta de atención, durante el desarrollo de la primera Mesa de Justicia y Género en la provincia de Santa Elena.

 

La misma fue integrada por representantes de las instituciones de justicia, seguridad y de la sociedad civil, además de autoridades de la Función Judicial, la Presidencia de la Corte Provincial de Justicia y la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura (CJ), activada desde este 14 de abril.

 

El objetivo de esta Mesa convocada por el CJ, es articular procesos interinstitucionales que garanticen una atención oportuna a las víctimas de violencia, proponer políticas para el mejoramiento del sistema y reforzar rutas claras de atención a víctimas.

La Presidenta de la Corte Provincial de Justicia, Dra. Susy Panchana Suárez, resaltó la importancia de estos espacios de diálogo que permiten mejorar la atención, protección y erradicación de la violencia de género.

Por su parte el Director Provincial de Santa Elena, MSc. Augusto Pino Villarroel, resaltó el trabajo en conjunto realizado con las juntas cantonales y tenencias políticas para la implementación del módulo externo SATJE, que permite el ingreso y otorgamiento célere de las medidas de protección administrativas al servicio de justicia.

Gisselle Orrala, delegada de AMAE y grupos de abogados de la provincia se comprometió a ser parte activa de campañas preventivas a mujeres de la provincia, dando a conocer la ley para el cumplimiento de sus derechos.

 

Con la construcción de la Mesa de Justicia y Género provincial de Santa Elena, se cumple con el cuarto  eje de gestión institucional, encaminado al “Fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres”.

Con la tecnología de Blogger.

 

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