domingo, 2 de agosto de 2020

Rescate de embarcaciones pesqueras ‘Jesús Javier’ y ‘Kateherine’ en el cantón Salinas



La Armada del Ecuador, a través de la Capitanía del Puerto de Salinas,
informa a la ciudadanía que las embarcaciones pesqueras ‘Jesús Javier’
y ‘Katherine’, fueron rescatadas cada una con tres tripulantes a
bordo, a la altura del sector denominado ‘La Chocolatera’, del cantón
Salinas.

Un familiar de uno de los pescadores dio aviso a la Capitanía de
Puerto, informando que las lanchas habían sido asaltadas por
delincuentes del mar, dejándolos a la deriva en horas de la madrugada
del domingo 2 de agosto de 2020.

Inmediatamente la lancha guardacostas ‘Río Cañar”, realizó su búsqueda
y rescate, de acuerdo a las coordinaciones realizadas por el personal
de guardia de la Capitanía de Puerto con la Estación Guardacostas Fija
de Salinas.  Las lanchas pesqueras junto con sus tripulantes fueron
entregadas a unas embarcaciones de familiares de los artesanos del
mar, quienes las remolcaron hasta el puerto pesquero de Santa Rosa,
arribando a las 00:30.

jueves, 30 de julio de 2020

Cancelación de cinco organizaciones políticas cumplió con el debido proceso



El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), amparado en el numeral 11 del artículo 25 del Código de la Democracia, resolvió cancelar las inscripciones del Registro Permanente de Organizaciones Políticas de un movimiento político con ámbito de acción nacional y cuatro de carácter local. 

La decisión del cuerpo colegiado se dio durante la sesión extraordinaria de este 30 de julio, donde las autoridades conocieron los informes técnicos y jurídicos pertinentes.

Según la documentación, el movimiento Adelante Ecuatoriano Adelante se encuentra incurso en la causal de cancelación prevista en el artículo 327, numeral 3, del Código de la Democracia, que determina iniciar el trámite: “Si las organizaciones políticas de ámbito nacional no obtienen el cuatro por ciento de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales distintas y consecutivas; o al menos tres representantes a la Asamblea Nacional; o al menos ocho por ciento de alcaldías; o, por lo menos un concejal o concejala en cada uno de, al menos, el diez por ciento de los cantones del país”.

En cambio, el numeral 4 del artículo 327 de la ley electoral fue la base del sustento para cancelar la inscripción del Movimiento Conciencia Ciudadana Democrática, de la provincia de Azuay; del Movimiento Emergente de Transparencia y Acción y del Movimiento Salud y Trabajo, de la provincia de Guayas; y del Movimiento Vive, de la provincia de Pichincha. Según determina ese articulado, el órgano electoral debe proceder con el trámite. “En el caso de un movimiento político que no obtenga al menos el tres por ciento en dos elecciones consecutivas, en su jurisdicción”.

La decisión del cuerpo colegiado, se ampara en el artículo 25 del Código de la Democracia, una vez que se cumplió con el derecho constitucional al debido proceso, y que tuvieron 10 días de plazo para presentar sus respectivos descargos.

Asimismo, la resolución se ajusta al procedimiento dispuesto por el Tribunal Contencioso Electoral.

Organizaciones políticas deberán cumplir sus procesos de democracia interna en los plazos establecidos





Tal como lo determina el Código de la Democracia, las organizaciones políticas que buscan inscribir a sus precandidatos a presidente y vicepresidente de Ecuador, asambleístas nacionales y provinciales, y parlamentarios andinos, para las Elecciones Generales 2021, deberán cumplir con sus procesos de democracia interna.

Para el correcto cumplimiento de este proceso, el Consejo Nacional Electoral (CNE), aprobó el Reglamento de Democracia Interna de las Organizaciones Políticas, las que están en la obligación de realizar sus elecciones primarias, garantizando la participación igualitaria entre hombres y mujeres aplicando los principios de paridad, alternabilidad, secuencialidad entre los afiliados, adherentes, militantes, simpatizantes o personas independientes; así como la igualdad en los recursos y oportunidades de candidatos y candidatas.

La normativa también establece que las organizaciones políticas deberán tener actualizadas sus directivas nacionales y provinciales al momento de inscribir a sus precandidatos a las diferentes dignidades de los próximos comicios.
El plazo para el desarrollo de los procesos internos de los partidos y movimientos políticos será desde el 9 de agosto hasta el 23, según el Calendario Electoral.

En este contexto, la Delegación Provincial Electoral de Santa Elena, a través de la unidad de Organizaciones Políticas, brindará sus servicios electorales, como veeduría y asistencia técnica a los partidos y movimientos políticos, según la modalidad que elijan, esta puede ser telemática o presencial.
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FINALIZA FASE DE POSTULACIÓN AL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA JUEZAS Y JUECES DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA



A las 23:59 minutos del miércoles 29 de julio de 2020, finalizó la prórroga para la presentación de las postulaciones al Concurso Público de Oposición y Méritos, Impugnación y Control Social para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

La fase de postulación inició el 9 de julio pasado. Las y los aspirantes debieron cumplir este proceso de acuerdo a la Resolución 055-2020 que establece el reglamento para el concurso. El mismo que dispone, que la postulación debía ser obligatoriamente digital, debidamente completada en la plataforma del Consejo de la Judicatura y terminada físicamente en las ventanillas que se designaron en el Consejo de la Judicatura - Planta Central o en las Direcciones Provinciales a nivel nacional. 

Así, y hasta el cierre de ventanillas se registraron a nivel nacional 124 postulaciones digitales y 129 postulaciones físicas.

Según el artículo 33 de dicho reglamento, una vez finalizadas las postulaciones, y previo al inicio de la siguiente fase, la Dirección Nacional de Talento Humano verificará en la plataforma tecnológica y en la documentación física presentada, el cumplimiento de los requisitos establecidos.

De igual forma, el artículo 35 del mencionado cuerpo legal, señala que la Dirección Nacional de Talento Humano remitirá a la Dirección General el informe final de la fase de postulación, el cual contendrá el listado de las y los postulantes que hayan cumplido con los requisitos, para su aprobación y autorización del inicio de la fase de méritos.

El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial y en este marco garantiza un concurso transparente y meritocrático para la selección y el nombramiento de jueces idóneos, independientes e imparciales en la Corte Nacional de Justicia.

Prisión preventiva para 2 exfuncionarios de la Sociedad Industrial y Comercial Eica S. A. por presunto peculado


Fiscalía procesó a tres ciudadanos, dos de ellos exfuncionarios de la Sociedad Industrial y Comercial EICA S. A. (perteneciente al Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad), por un presunto delito de peculado, por no haber pagado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al Servicio de Rentas Internas (SRI), ocasionando un aparente perjuicio al estado por más de 2 millones de dólares.
En la audiencia de formulación de cargos, la tarde de este martes 28 de julio, en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, la fiscal provincial Yanina Villagómez presentó diecisiete elementos de convicción, entre los que constan: la denuncia presentada por el representante legal de EICA, las transferencias certificadas realizadas por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a la empresa señalada, el informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, por el periodo comprendido entre el 30 de septiembre de 2009 y el 31 de enero de 2013.
También se agregaron otros indicios, como las certificaciones de la representación financiera, legal y de presidencia que ostentaban los ahora procesados en ese periodo en la referida compañía y las versiones de los varios funcionarios de la compañía EICA.
Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los tres ciudadanos, además de la enajenación de bienes y retención de valores en cuentas bancarias del sistema financiero nacional, y acciones y participaciones registradas en la Superintendencia de Compañías, así como los vehículos de propiedad de los procesados y matriculados en las instituciones de tránsito del país.
El presidente de la Corte Provincial del Guayas, Alfonso Ordeñada, después de revisar los elementos de convicción presentados por Fiscalía, dicto prisión preventiva contra Juan Carlos A. L. (exadministrador y presidente de EICA S. A.), Hugo Eduardo P. P. (exgerente financiero) y Adolfo Rafael G. R. (gerente de la empresa privada ASMAR), así como las medidas cautelares reales (prohibición de enajenar, retención de valores en cuentas).
Según Fiscalía, la Contraloría General del Estado –en su informe de indicios de responsabilidad penal– señaló que le Ministerio de Transporte y Obras Públicas y EICA suscribieron un contrato para la adquisición de equipo caminero por un monto de 30 millones de dólares más IVA, mediante régimen especial, al tratarse de una empresa de propiedad del Estado ecuatoriano.
Dicha cartera de Estado remitió los valores correspondientes, 3’620.531,59 dólares, para que EICA S. A. cancele el IVA al SRI, pero esta empresa transfirió esos valores a una de sus compañías, ASMAR (suscrita mediante convenio de participación empresarial), que solo canceló por concepto de IVA 1’069.000,00 dólares, quedando un total de 2’551.530,43 dólares pendientes por este concepto. Dichos valores no fueron justificados en la investigación.
Dato jurídico
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se sanciona con pena privativa de libertad de diez a trece años, considerando principalmente que, en el delito de peculado, la acción y la pena son imprescriptibles.
La investigación se inició con el Código Penal anterior.


7 procesados son llamados a juicio por violación grupal con resultado de muerte


Los 110 elementos de convicción, que sustentaron el dictamen acusatorio por violación con resultado de muerte, fueron contundentes para llamar a juicio a siete procesados: seis como presuntos responsables y una como cómplice de haber cometido este delito, de forma grupal.
La audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen se instaló, de forma presencial, al mediodía del 22 de julio y se reinstaló hoy (29 de julio de 2020), en la Unidad Judicial Sur (Quitumbe), en Quito, ante el juez de Garantías Penales, Ángel Mestanza.
El fiscal del caso, Cristian Fierro, en su dictamen acusatorio, refirió la responsabilidad que tendría cada uno de los procesados: Jonathan Alexis N. G. (21 años), Kevin Alexander A. G. (20), William Alfonso Ch. Ch. (23), Carlos Alejandro P. M. (26), Jonathan Rafael V. Q. (26) y Stalin Javier R. P. (26), como presuntos autores directos; y, como presunta cómplice, Norma Esperanza G. G. (44).
Los hechos
La noche del 7 de noviembre de 2018, en una reunión de amigos que transcurría en un domicilio ubicado en Guamaní, seis hombres habrían violado a Nicole, de 22 años, aprovechando que se encontraba en situación de vulnerabilidad, es decir, con 4,42 gramos de alcohol por litro su sangre.
La víctima falleció al interior del inmueble, según los elementos de convicción presentados por la Fiscalía, producto de la múltiple agresión sexual.
Norma Esperanza, dueña del inmueble –y madre de Kevin Alexander A. G. – sería cómplice del hecho, ya que –según algunas de las versiones– habría pedido a los seis presuntos agresores (entre ellos su hijo) envolver el cuerpo y arrojarlos en en otro lugar.
El anuncio de prueba
Tanto la reconstrucción de los hechos como los informes investigativos precisaron que los relatos de los siete investigados no concuerdan en cuanto a lo que hicieron en el lugar, horas de los eventos, posición y prendas de vestir del cuerpo de la joven.
La perfilación criminal concluyó que los agresores vieron la oportunidad de cometer el delito, debido a su elevado estado de ebriedad. Los estudios antropológico y de contexto social con enfoque de género señalaron que habrían cometido violación, colocando a la víctima en una posición que le dificultó respirar.
Además, tres de las versiones –de testigos y presuntos agresores– indican que los seis varones procesados habrían limpiado con alcohol el cuerpo de la víctima, antes de llamar al ECU 9-1-1.
La autopsia psicológica practicada a Nicole (+) concluyó que no pudo consentir un acto sexual, pues estaba alcoholizada y vulnerable, además, la intención de deshacerse del cadáver refleja “la repudiable calidad ética del grupo de personas allí reunidas y, sobre todo, es un signo evidente de la clara conciencia de lo execrable de los actos allí sucedido”.
El alcohol anula el consentimiento
Una persona con 4,00 y 4,99 gramos por litro de alcohol de sangre tiene: pérdida del conocimiento, posibilidad de muerte, dificultades en su respiración, frecuencia cardíaca y movimiento incontrolable e involuntario de los ojos.
Dato jurídico
El caso fue investigado según el artículo 171, inciso primero, numerales 1 y 2; e inciso segundo, numeral 6, parte final del COIP, con las agravantes del artículo 47, en sus numerales 5, 9 y 12.

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miércoles, 29 de julio de 2020

CONSEJO DE LA JUDICATURA RECIBE DONACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS Y FIRMA CONVENIO DE COOPERACIÓN CON PAN AMERICAN DEVELOPMENT FOUNDATIO




El Consejo de la Judicatura (CJ) recibió, este miércoles 29 de julio de 2020, una donación de equipos informáticos por parte de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés).

La donación de los mencionados equipos (20 computadores laptop) permitirá reforzar el trabajo de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión del CJ, en cuanto a la investigación de denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción.

El acta de entrega – recepción de la donación fue firmada por la Presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado; el Director General de la institución, Pedro Crespo; y, el Director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL, de la Embajada de Estados Unidos, Ory Abramowicz.

Asimismo, las autoridades del CJ y el Director de la Pan American Development Foundation (PADF), Andrés Ormaza, suscribieron un convenio de cooperación para el fortalecimiento institucional de la lucha contra la corrupción, como parte del proyecto general que financia INL para el Fortalecimiento Institucional del Sistema de Justicia Penal contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DOT), implementado con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos.

En su intervención, la Presidenta del CJ expresó su agradecimiento a la INL y a la PADF, por su apoyo permanente a la lucha contra la corrupción y al proceso de reinstitucionalización de la Función Judicial, por medio de asistencia técnica para la formación de jueces en este ámbito.

La doctora Maldonado aseguró que, tanto la donación como el convenio, implican un compromiso compartido entre el CJ, la agencia INL y la PADF, para lograr avances significativos en la construcción de un servicio de justicia para la paz social.

“Estamos dispuestos a dejar nuestras mejores competencias, nuestros más sinceros y profundos compromisos, conscientes de que solamente lograremos un real y efectivo servicio de justicia a través de la lucha contra la corrupción”, indicó.

En el marco del acuerdo, se realizarán actividades destinadas al desarrollo de programas académicos de formación continua, perfeccionamiento profesional y cursos abiertos de capacitación a nivel nacional, dirigidos a las y los servidores de la Función Judicial, abogados y abogadas en libre ejercicio profesional, estudiantes de la carrera de Derecho, así como operadores y usuarios del sector justicia.

Las actividades se enfocarán en las temáticas de litigación oral; análisis estratégico y variables de contexto; evidencia digital; prueba indiciaria; y, lavado de activos y delito precedente. De igual forma se cumplirán tareas de acompañamiento técnico en investigaciones internas del CJ.

“La lucha contra la corrupción es nuestra prioridad. Nuestra misión es institucionalizar la transparencia”, afirmó la Presidenta del CJ.

De su parte el Director de la INL, Ory Abramowicz, sostuvo que la cooperación internacional se constituye en una herramienta para luchar contra la criminalidad y la corrupción. Consideró que con la donación de equipos informáticos se fortalecen las capacidades tecnológicas para construir un Ecuador más transparente. “Cuenten con nosotros como sus aliados para luchar contra el crimen”, señaló.

En tanto, el Director de la PADF, Andrés Ormaza, destacó el trabajo coordinado con el CJ en la capacitación de operadores de justicia. “Trabajar con y para la justicia es trabajar por una sociedad mejor. Es la administración de justicia la llamada a cerrar las brechas sociales, a superar las desigualdades y a consolidar el principio de legalidad”, sostuvo.

Finalmente, el Director General del CJ, Pedro Crespo, reiteró que con la donación de equipos informáticos y la suscripción del convenio se fortalecerá la lucha contra la corrupción. Además, indicó que este acuerdo es un paso más en el trabajo colectivo en beneficio de la ciudadanía, la justicia y la paz social.

El convenio, que fue suscrito en el marco del primer y segundo ejes de gestión del CJ, Lucha contra la corrupción y Fortalecimiento Institucional, a través de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales, tendrá una duración de dos años y podrá ser extendido por mutuo acuerdo de las partes.
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