martes, 28 de septiembre de 2021

Sentenciada por procedimiento abreviado y 2 llamados a juicio por abuso de confianza

 

Una procesada se sometió el procedimiento abreviado y aceptó su responsabilidad en el delito de abuso de confianza, por lo que recibió una sentencia de diez meses de prisión por haber desviado cerca 2,8 millones de dólares de las finanzas de una empresa, para el pago de gastos personales. Además, dos personas fueron llamadas a juicio en calidad de cómplices de este presunto delito.

Una vez concluida la instrucción fiscal, en la audiencia de procedimiento abreviado, el fiscal del caso informó al Juez de Garantías Penales que la hoy sentenciada se había ganado la confianza de los directivos y trabajadores de la empresa para hacer uso de los recursos económicos de la misma en beneficio propio, aprovechando que se desempeñaba como contadora.

La investigación de Fiscalía determinó que se efectuaron pagos de tarjetas de crédito, viajes o cuotas de vehículos con cheques de la empresa perjudicada. En este procedimiento, el esposo e hijo de la contadora habrían colaborado, por lo que ambos fueron llamados a juicio.

La empresa, luego de la ejecución de un proceso de auditoría y de haber revisado la contabilidad, descubrió el faltante de dinero y su desvío hacia rubros no relacionados. Por esa razón se presentó una denuncia en Fiscalía y se inició la investigación correspondiente.

Entre los principales elementos de convicción esgrimidos durante la audiencia se incluyeron: los informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI), además de una pericia contable que determina el monto del presunto perjuicio.

Además, el Juez dispuso el pago de 2,8 millones de dólares por concepto de reparación integral a la empresa perjudicada.

Información jurídica

Este caso fue procesado con base en el artículo 187 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de abuso de confianza con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Contraloría emitió informe con indicios penales por pagos sin sustentos en el Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas

 


El informe del examen especial a los gastos en el Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas, señala que en esta entidad se autorizaron y tramitaron pagos, por la adquisición de bienes y servicios, sin la evidencia documental suficiente. 

Los auditores también identificaron desembolsos a proveedores que no constan en las contrataciones realizadas a través del Sistema Nacional de Contratación Pública. Estos hechos se pusieron en conocimiento de la Fiscalía a través de un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP). 

Los expedientes no contienen los requerimientos de las necesidades, certificaciones presupuestarias, actas de ingreso de bienes a la institución, certificados de que las contrataciones constaban en los Planes Operativos Anuales y de Contratación (POA y PAC), informes de los administradores de los contratos, facturas, actas de entrega-recepción, etc. 

Esto impidió a auditoría determinar que las contrataciones se hayan realizado en función de los objetivos institucionales y si respondieron a necesidades justificadas. No se pudo corroborar la ejecución de los contratos ni la entrega, recepción y utilización de las adquisiciones. Los pagos por combustible no se sustentaron en formularios de registro, informes diarios de movilización y utilización, bitácoras, órdenes y autorizaciones de movilización, detalle del control de combustibles, órdenes de provisión, libros de novedades y accidentes, con la finalidad de sustentar los gastos. 

En esta acción de control también se examinaron viáticos, viajes, pasajes, rembolsos y subsistencias. Allí se identificaron errores de cálculo en los valores a reconocer y ausencia de documentos que respalden pagos por USD 84.705. Boletín de Prensa N° 040 27 de septiembre de 2021 Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal (IRP) por la ausencia de documentos que respalden 42 pagos, correspondientes a varias contrataciones efectuadas entre 2016 y 2020, por el Cuerpo de Bomberos. 

Una situación similar se presentó en gastos por USD 631.591, correspondientes a beneficios sociales a los trabajadores, alimentación y otros rubros, detallados como “pago de vehículos, SRI, varios, capacitación, repuestos, convenios, cursos, pago instrumentos musicales, impresoras, mantenimiento”. El informe, aprobado en agosto de 2021, indica que los expedientes no contienen evidencia documental que demuestre la ejecución, recepción, entrega, utilización y legalidad de esas transferencias, que provocaron la disminución de los recursos económicos institucionales. 

Además, los auditores observaron que el Cuerpo de Bomberos pagó USD 96.170 en sueldos y liquidaciones, por contratos de servicios ocasionales con músicos, concepto que no tiene relación con las actividades misionales de la entidad. Dirección Nacional de Comunicación Interinstitucional Contraloría General del Estado Télefono: (02 )398 7100 2021 El informe del examen especial a los gastos en el Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas, señala que en esta entidad se autorizaron y tramitaron pagos, por la adquisición de bienes y servicios, sin la evidencia documental suficiente. 

Los auditores también identificaron desembolsos a proveedores que no constan en las contrataciones realizadas a través del Sistema Nacional de Contratación Pública. Estos hechos se pusieron en conocimiento de la Fiscalía a través de un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP). 

Los expedientes no contienen los requerimientos de las necesidades, certificaciones presupuestarias, actas de ingreso de bienes a la institución, certificados de que las contrataciones constaban en los Planes Operativos Anuales y de Contratación (POA y PAC), informes de los administradores de los contratos, facturas, actas de entrega-recepción, etc. Esto impidió a auditoría determinar que las contrataciones se hayan realizado en función de los objetivos institucionales y si respondieron a necesidades justificadas. No se pudo corroborar la ejecución de los contratos ni la entrega, recepción y utilización de las adquisiciones. Los pagos por combustible no se sustentaron en formularios de registro, informes diarios de movilización y utilización, bitácoras, órdenes y autorizaciones de movilización, detalle del control de combustibles, órdenes de provisión, libros de novedades y accidentes, con la finalidad de sustentar los gastos. 

En esta acción de control también se examinaron viáticos, viajes, pasajes, rembolsos y subsistencias. Allí se identificaron errores de cálculo en los valores a reconocer y ausencia de documentos que respalden pagos por USD 84.705. Una situación similar se presentó en gastos por USD 631.591, correspondientes a beneficios sociales a los trabajadores, alimentación y otros rubros, detallados como “pago de vehículos, SRI, varios, capacitación, repuestos, convenios, cursos, pago instrumentos musicales, impresoras, mantenimiento”. El informe, aprobado en agosto de 2021, indica que los expedientes no contienen evidencia documental que demuestre la ejecución, recepción, entrega, utilización y legalidad de esas transferencias, que provocaron la disminución de los recursos económicos institucionales. 

Además, los auditores observaron que el Cuerpo de Bomberos pagó USD 96.170 en sueldos y liquidaciones, por contratos de servicios ocasionales con músicos, concepto que no tiene relación con las actividades misionales de la entidad. Exame

lunes, 27 de septiembre de 2021

Consejo de la Judicatura suscribió Acuerdo por el Registro Único de Violencia

 



 

La Presidenta Consejo de la Judicatura (CJ), Dra. María del Carmen Maldonado presentó, este 27 de septiembre de 2021, los avances del Registro Único de Violencia (RUV), en el marco de la sesión del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La cita, efectuada en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, contó con la presencia del Presidente de la República, Guillermo Lasso; Ministra de Gobierno, Alexandra Vela; la Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, entre otras autoridades nacionales.

 

La Presidenta Maldonado señaló que desde el CJ se han generado dos acciones trascendentales. Las medidas de protección que han permitido salvar 4200 vidas, y la herramienta Femicidios.Ec. “Estos dos proyectos influyen decididamente en nuestro compromiso con el Registro Único de Violencia”, aseguró.

 

Agregó que el CJ está comprometido con ejecutar acciones articuladas para erradicar la violencia en el país. La responsabilidad que tenemos ahora como instituciones es ser fieles con cada una de las víctimas que realmente necesitan del compromiso de cada uno de nosotros, concluyó la autoridad.

De su lado, el Presidente Guillermo Lasso mencionó que no es posible permitir que se sigan violando los derechos humanos de las mujeres en nuestro país. Este tema es prioridad uno para el Gobierno porque es una deuda social que no se había gestionado antes. Vamos a actuar con mayor fuerza y prolijidad con acciones concretas e inmediatas, advirtió.

El encuentro culminó con la suscripción del Acuerdo por el Registro Único de Violencia, fase 1, entre las entidades de Estado, Derechos Humanos y Justicia, que busca ratificar la construcción, implementación y financiamiento del prototipo Registro Único de Violencia contra de las Mujeres; así como, ratificar el compromiso del Estado para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y niñas.

domingo, 26 de septiembre de 2021

COMITÉ DE ÉTICA RECHAZÓ PEDIDO DE RECUSACIÓN CONTRA TRES ASAMBLEÍSTAS

 


El Comité de Ética rechazó el pedido de recusación planteado por la abogada patrocinadora de la asambleísta Bella Jiménez, en contra de los asambleístas Marjorie Chávez, Dalton Bacigalupo y Fredy Rojas. El presidente de este organismo, José Chimbo, anunció que el lunes 27 de septiembre, a las 10h00, continuará la práctica de prueba, en el marco del respeto del debido proceso.

La moción la planteó el asambleísta, Miguel Ángel Pavón, alterno de la parlamentaria Marjorie Chávez, quien recordó que el Comité de Ética es un órgano de sustanciación e investigación mas no de decisión, facultad que le compete al Pleno de la Asamblea Nacional, por lo que no cabe el pedido de recusación “por enemistad manifiesta”.

“No se puede tratar de inducir o hacer creer que hay enemistad entre asambleístas”, dijo Pavón al precisar que el Comité actuó apegado a la ley y a la Constitución, al dar paso a la solicitud de la legisladora Bella Jiménez y los alegatos de los tres parlamentarios, es decir, se respeta el debido proceso.

La legisladora Luisa González recalcó que el Comité de Ética no toma resoluciones, sino que conoce lo que cada una de las partes, denunciantes y denunciada, entregan en el proceso de sustanciación. La legisladora Bella Jiménez, presentó por escrito el pedido de recusación y los parlamentarios aludidos entregaron las pruebas de descargo. En este marco, dijo que se ha dado espacio para el debido proceso. Afirmó que el Pleno de la Asamblea es el órgano que tomará una resolución, por lo que apoyó la moción presentada por Miguel Ángel Pavón.

En la sesión de hoy, sábado 25 de septiembre, se principalizaron Miguel Ángel Pavón, alterno de Marjorie Chávez y Shirley Pacheco, alterna de Dalton Bacigalupo.

El presidente del Comité de Ética, José Chimbo, ordenó al Secretario dar lectura al pedido de Andrea Sánchez, abogada patrocinadora de la parlamentaria Bella Jiménez, con los respectivos argumentos por los cuales señala que los legisladores Chávez, Rojas y Bacigalupo, anticiparon su posición respecto al presente trámite de investigación.

Así mismo, el organismo conoció las tres comunicaciones de los legisladores Marjorie Chávez, Daltón Bacigalupo y Fredy Rojas, respecto de la recusación.

La asambleísta Marjorie Chávez argumentó que el Comité de Ética es el órgano de sustanciación que recoge pruebas de cargo y descargo y presenta un informe no vinculante, es decir, no toma resoluciones, siendo el Pleno de la Asamblea la que tiene esta facultad. En este marco, precisó que el pedido de Bella Jiménez carece de sustento, por lo que solicitó se rechace la petición.

En igual sentido, el parlamentario Dalton Bacigalupo, a través de un oficio respondió al pedido de recusación. Precisó que no existe causal para ello. Dijo que con la asambleísta Bella Jiménez no tiene enemistad manifiesta, ni conflicto de intereses o parcialidad. Señaló que la legisladora lo que busca es prolongar los plazos para crear incidentes en la fase de sustanciación, por lo que pidió se inadmita la recusación y se le permita seguir actuando en el Comité de Ética.

Igualmente, se dio lectura al oficio emitido por el legislador Fredy Rojas, quien anotó que la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional de solicitar la renuncia como segunda Vicepresidenta del Parlamento, Bella Jiménez, no significó prejuzgamiento.

El presidente del Comité de Ética precisó que trabajan de manera responsable respetando el marco constitucional y legal y dio por terminada la sesión.

JLVN/pv

7 procesados por presunto peculado en el Hospital del Guasmo

 


Siete personas fueron procesadas por su presunta participación en el delito de peculado. Su detención se hizo efectiva la tarde del jueves, luego de la ejecución de varios allanamientos en Guayaquil, Durán, Daule y Samborondón. Además, en las oficinas del Hospital General Guasmo Sur (HGGS) y la Caja del Seguro Social, en el centro de Guayaquil.

En el operativo se incautó documentación relacionada al caso, además de computadores, teléfonos celulares, memorias de dispositivos electrónicos, entre otros, que fueron ingresados en cadena de custodia de la Policía Judicial.

La Fiscalía inició un proceso investigativo por la denuncia presentada por la anterior gerente del Hospital, Silvia Pazmiño Espinoza, en la que se describen presuntas irregularidades en las adquisiciones de insumos en la Unidad de Traumatología, por un valor de 570.000 dólares, cuando el material ingresado a la casa de salud llegaría a los 130.000.

En la audiencia de formulación de cargos realizada la tarde y noche del viernes, en la Unidad Judicial Cuartel Modelo, el fiscal César Suárez presentó los elementos de convicción recaudados hasta el momento, entre ellos, la denuncia presentada por la ex Directora del Hospital Guasmo Sur, copias certificadas del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), el reporte tributario de terceros emitido por el Servicio de Rentas Internas, los comprobantes de pago de la transacción realizada, las pericias de contratación pública e informática forense, el reconocimiento del lugar de los hechos, el parte de aprehensión de los investigados y lo incautado en los allanamientos realizados por Fiscalía.

El juez de Garantías Penales Marcos Guerra acogió en parte el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los funcionarios de la casa de salud, Carlos P. C. (administrador del contrato y funcionario del HGGS) y Ángela Q. R. (guardalmacén) y arresto domiciliario para Víctor B. (perteneciente a la empresa privada de insumos).

Dispuso también la presentación periódica ante autoridad judicial para Linda L. N. (representante legal de la empresa externa), María C. H. (perteneciente a la Unidad de Activos Fijos del Hospital), Jennifert G. O.(funcionaria de la Unidad Financiera de la casa de salud) y Néstor H. A. (ex funcionario); además, la prohibición de enajenar sus bienes por un monto de 600.000 dólares para todos los procesados.

Información jurídica
La Fiscalía procesó este caso con base en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se sanciona con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Consejo de la Judicatura solicitó declaratoria jurisdiccional previa por denuncia de manifiesta negligencia contra operadores de justicia de Naranjal

 


 

El Consejo de la Judicatura (CJ) solicitó la declaratoria jurisdiccional previa en contra del Juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal del cantón Naranjal, Wilmer T., y de los Agentes Fiscales, Kennet A. y Erika V., por sus actuaciones dentro del caso de violencia contra dos menores de edad de 6 y 8 años en Naranjal, provincia del Guayas.

 

La solicitud se efectuó en razón de la denuncia de manifiesta negligencia presentada por parte de la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas (AMAG), a la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el Ámbito Disciplinario. De acuerdo a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia 3-19-CN/20, el CJ requiere de una declaratoria jurisdiccional previa para poder actuar en el ámbito disciplinario en casos como este.

 

Este 20 de septiembre se realizó el sorteo correspondiente de los jueces que resolverán la declaratoria jurisdiccional y está en conocimiento de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Guayas. Inmediatamente, el 21 de septiembre los jueces solicitaron un informe a los denunciados, el cual deben presentar en el término de 5 días, para continuar con el proceso que establece la ley.

 

Adicionalmente, la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión inició el 13 de septiembre una investigación y solicitó a la Dirección Provincial de Guayas  remita de forma urgente un informe detallado de tipo administrativo respecto del estado procesal del mencionado caso.

 

El CJ reitera su compromiso con el cuarto eje de acción institucional, el fortalecimiento de las investigaciones y sanciones a los delitos sexuales contra los niños, niñas, adolescentes y mujeres.

sábado, 25 de septiembre de 2021

Fiscalía formuló cargos por presunta defraudación bursátil

 


 La Fiscalía Especializada en Fe Pública de Pichincha inició un proceso penal contra Joaquín Francisco M. L., gerente general de la empresa Ecuador-Ersindustries S.A. (ERSI-Ecuador), por el delito de defraudación bursátil. Una Jueza de Garantías Penales de Pichincha le dispuso presentaciones cada ocho días en el consulado de Ecuador en Lima (Perú) y 90 días para el cierre de la instrucción fiscal.

A la empresa Ecuador-Ersindustries S.A., como persona jurídica, le impuso la retención e inmovilización de bienes, fondos y demás activos de la propiedad, medidas cautelares especiales contempladas en el artículo 551 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El presunto delito se habría producido al haber constituido un fideicomiso para pagar un crédito de su grupo empresarial en Panamá y disponer que todos sus activos pasen al fideicomiso, lo que habría generado un desequilibrio en el patrimonio de la empresa Adelca.

El fiscal del caso, Rolando Gualoto, formuló cargos con base en el artículo 313, numeral 5, del COIP, que sanciona con tres a cinco años de prisión a “las personas que celebren, en forma fraudulenta, contratos de fideicomiso mercantil en perjuicio de terceros”.

Los hechos

Joaquín Francisco M. L., –como gerente general de ERSIEcuador–, habría constituido, en forma fraudulenta, el fideicomiso mercantil “Fideicomiso Flujos –GQS S. S. y Otros”, el 20 de diciembre de 2017. El objetivo del fideicomiso fue garantizar un préstamo de 50 millones de dólares, obtenidos en Panamá.

En la investigación previa por presunto delito bursátil, abierta en marzo de 2019, se consideró fraudulento este hecho porque, al crear el fideicomiso, se habría perjudicado a terceros.

ERSI-Ecuador es la empresa filial de la española Acciona en el país y está última, a su vez, formó parte del grupo Odebrecht-Acciona, encargado de la construcción del Metro de Quito.

Para edificar esta mega obra se necesitaron más de 1.231 toneladas de hierro, material que proveyó Adelca, bajo contrato firmado con Ersi-Ecuador por más de 100 millones de dólares. Entre 2016 y 2017, según las versiones, Adelca efectivizaba normalmente sus facturas. Sin embargo, tras la creación del fideicomiso, ya no habría podido ejecutar cobros por 12’566.825 dólares.

Es decir, Ersi-Ecuador habría dejado de pagar a Adelca, debido a que todos sus activos provenían únicamente de los pagos que recibía del Metro de Quito.

El dinero habría salido a Panamá (desde el 20 de diciembre de 2017) a través del fideicomiso Flujos –GQS S. S. y Otros, creado para garantizar el préstamo internacional de 50 millones de dólares.

Elementos presentados

Fiscalía presentó –entre otros elementos– la pericia contable que determina el perjuicio económico; la pericia en fideicomisos, para establecer la creación y constitución del fideicomiso que causó la descapitalización de Adelca, por la imposibilidad de cobrar facturas.

“El desequilibrio económico no solo afecta a Adelca, sino a la economía del país, porque se dejó de percibir 12 millones de dólares”, indicó el Fiscal del caso.

Información adicional

Un fideicomiso es la transferencia de bienes o servicios de una persona a otra para cumplir un fin determinado. Los activos entregados dejan de pertenecer a la persona que crea el fideicomiso, por lo que el patrimonio transferido se independiza y no puede ser alcanzado por acreedores del creador o del administrador.

 

viernes, 24 de septiembre de 2021

COMUNICADO DE CONTRALORÍA ANTE ACCIÓN DE FISCALÍA

 

COMUNICADO

 

 Quito, 24 de septiembre 202 1.

 La Contraloría General del Estado (CGE), ante la acción de allanamiento efectuada por la Fiscalía General del Estado (FGE), este viernes 24 de septiembre, a las oficinas de la Dirección Provincial del Guayas, señala:

Este organismo de control está presto a colaborar con todas las acciones judiciales, que se realizan como parte de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía.

 El Contralor General del Estado (s), Carlos Riofrío González, ha dispuesto a las unidades de la entidad entregar oportunamente la información que soliciten los estamentos judiciales.

La CGE espera que esta apertura y transparencia coadyuve para los resultados de las investigaciones.


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