domingo, 20 de octubre de 2019

Prisión por presunta estafa masiva para ciudadano extranjero que tramitaba visas a EE.UU



En el allanamiento a su domicilio se incautaron cincuenta y ocho pasaportes de posibles perjudicados que aspiraban a conseguir el documento de viaje cancelando grandes cantidades de dinero.
Guayaquil, 18 octubre del 2019.- El supuesto ofrecimiento de visas a los Estados Unidos a cambio de altas sumas de dinero, llevó a la Fiscalía del Guayas a procesar al ciudadano extranjero William Edmundo D., por el presunto delito de estafa masiva.
La tarde del miércoles 16 de octubre, Fiscalía y Policía Nacional ejecutaron una orden de detención con fines investigativos y de allanamiento a su domicilio, ubicado en la ciudadela Nueva Kennedy, norte de Guayaquil, donde se incautaron cincuenta y ocho pasaportes de posibles perjudicados, dentro de una caja.
El operativo se ejecutó luego de tres meses de una investigación que inició a partir de las denuncias de cuatro ciudadanos, quienes señalaron un supuesto perjuicio económico para la obtención de visas al país norteamericano. En sus escritos indicaban que, tras haber cancelado sumas que superaban los 2.000 dólares por persona, no les concedían el documento habilitante para viajar.
En la audiencia de formulación de cargos, en la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Albán Borja, el fiscal de la Unidad de Patrimonio Ciudadano, Francisco Bodero, imputó al sospechoso por el presunto delito de estafa, no así contra otro ciudadano (connacional) aprehendido, pues “no se encontraron los indicios suficientes”, por lo que se procedió a levantar la custodia en su contra.
Bodero expuso en la diligencia varios elementos de convicción, como las denuncias presentadas por los perjudicados, el informe de las investigaciones de la Subdirección de Investigación de Delitos contra la Propiedad Brigada Anticriminal (Siprobac), el acta de evidencias con los pasaportes, el parte de aprehensión y la versión del detenido, en la que señaló que “solo ayudaba a hacer el trámite de visa, sin promesa de conseguirla”.
La jueza de Garantías Penales, Gianella Noritz, consideró que la Fiscalía fundamentó “con suficientes elementos de convicción la materialidad de la infracción”, por lo que acogió la solicitud y dictó la prisión preventiva contra el procesado, con el fin de asegurar su permanencia en el país. Dispuso además noventa días para el desarrollo de la etapa de instrucción fiscal, en la que se llamará a los supuestos perjudicados a rendir sus versiones de los hechos.
Dato jurídico
Este caso se procesó con base en el artículo 186, inciso tercero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una sanción de siete a diez años de pena privativa de libertad para la persona que perjudique a más de dos personas o cuyo monto del perjuicio sea igual o mayor a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en gener

Inicia proceso penal en contra de 7 ciudadanos por presunto lavado de activos











Con el análisis de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado, la Jueza de Garantías Penales dictó prisión preventiva para Giovanni D. y medidas alternativas como presentación periódica y prohibición de salida del país para Verónica F., Sergio D., Carlos H., José H., Jaime M. y Edwin R., a quienes se formuló cargos por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
La audiencia de formulación de cargos se realizó luego de que los ahora procesados fueran detenidos la madrugada del viernes 18 de octubre en el allanamiento de varios inmuebles, en un operativo liderado por la Fiscalía 2 de Antilavado de Activos, efectuado en Otavalo, Ibarra, Cotacachi y Antonio Ante. Las diligencias se desarrollaron tras una ardua investigación por presunto lavado de activos que nació de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), realizado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico, que detalla los movimientos millonarios entre varias personas por la compra-venta de vehículos sin las debidas regulaciones tributarias.
Según señaló la fiscal del caso, Ivonne Proaño, los procesados habrían realizado esta actividad como personas naturales con un mismo nombre comercial en distintos RUC, incrementando sus patrimonios sin justificación de actividades laborales comerciales reguladas.
Se presume que los delitos previos serían narcotráfico y defraudación tributaria.
Por esta razón, la fiscal Proaño pidió prisión preventiva, medida cautelar alternativa a un adulto mayor e incautaciones de aproximadamente 12 inmuebles y 9 vehículos. El pedido fue acogido parcialmente por la Jueza de Otavalo, que dispuso prisión preventiva solo para uno de ellos.

Caso “Sobornos 2012-2016”: concluyó segundo día de audiencia preparatoria de juicio



Luego de escuchar los argumentos sobre presuntos vicios de competencia, prejudicialidad, procedimiento y procedibilidad, por parte de todas las partes procesales, la jueza Daniella Camacho suspendió la audiencia preparatoria de juicio por los presuntos delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en el caso denominado “Sobornos 2012-2016”.
En sus intervenciones, las defensas de la mayoría de los procesados solicitaron la nulidad del proceso, sin embargo, en su intervención, la fiscal general del Estado, doctora Diana Salazar Méndez, mencionó que para la Fiscalía no existen vicios que afecten al mismo, pues se respetaron los principios legales y constitucionales, razón por la cual solicitó que se declare la validez de todo lo actuado. A este criterio se sumó la Procuraduría General del Estado, que actúa como acusador particular en la causa.
La jueza Camacho señaló que informará oportunamente la fecha y hora para la reinstalación donde dará a conocer su decisión sobre la validez del proceso.

miércoles, 16 de octubre de 2019

4 sentenciados por asociación ilícita para el tráfico de drogas


En audiencia de formulación de cargos, los ciudadanos Ricardo B., Pablo C., Sonia B. y Narcisa C. solicitaron la aplicación del procedimiento abreviado y fueron sentenciados a un año de privación de libertad, por el delito de asociación ilícita para el tráfico de drogas.
Con respecto a otra de las procesadas, Leslie C., se seguirá el procedimiento ordinario, con una instrucción fiscal de setenta días. En contra de ella, el juez Felipe Córdova dictó orden de prisión preventiva, basándose en los elementos de convicción que sustentan el caso.
La investigación previa inició en julio pasado, con seguimientos, vigilancias y escuchas telefónicas a las actividades de los detenidos. Como resultado se evidenció que esta agrupación delictiva se reunía en el domicilio de dos de los sentenciados, donde se planificaban los actos ilícitos.
Según el fiscal Roberto Espinosa, la droga era comercializada en distintos puntos de la ciudad de Cuenca, como la zona de tolerancia, el sector Los Totems y la avenida Don Bosco.
Los cinco procesados fueron detenidos durante un operativo ejecutado por Fiscalía, en coordinación con la Unidad de Antinarcóticos del Azuay, la tarde y noche del martes 15 de octubre. Se allanaron cuatro inmuebles en los sectores La Gloria, ciudadela La Cascada, barrio La Estrella y la zona de tolerancia.
Dato Jurídico
Artículo 370 del COIP, asociación ilícita: cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos serán sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años. En este caso, cuatro de los procesados aceptaron su culpa y se acogieron al procedimiento abreviado.

Caso Odebrecht: en casación se ratificó sentencia contra el exvicepresidente Jorge Glas y otros


El Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia declaró improcedentes los recursos de casación interpuestos por el exvicepresidente de la República, Jorge G.; su tío Ricardo R., Carlos V., Édgar A., Ramiro C. y Képler V. En consecuencia quedó ratificada la sentencia de seis años para los cinco primeros y de catorce meses para el último, por el delito de asociación ilícita, dentro de la trama de corrupción en el caso Odebrecht.
El Tribunal, conformado por los jueces Daniella Camacho (ponente), Iván Saquicela y Wilman Terán, informó su resolución la tarde de este 16 de octubre, confirmando así la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de la Sala Penal de la Corte Nacional, emitida el 30 de julio de 2018.
La Jueza ponente indicó que luego de la deliberación correspondiente, se concluyó que en la sentencia impugnada no se vulneraron derechos constitucionales, como el debido proceso.
Además expresó que no es válido el argumento planteado por los recurrentes sobre la falta de requisitos en la sentencia, puesto que ha sido debidamente motivada.
En relación a la reparación integral, indicó que corresponde a la Procuraduría General del Estado seguir las acciones legales pertinentes para su recuperación.
Información de interés
A través de las pruebas presentadas, Fiscalía demostró que los sentenciados se asociaron ilícitamente con el fin de atentar contra la propiedad pública estatal y cometer delitos contra la eficiente administración pública para obtener un beneficio económico en cinco proyectos estratégicos: Poliducto Pascuales-Cuenca, Trasvase Daule-Vinces, Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu, Refinería del Pacífico-Movimiento de Tierras y Acueducto La Esperanza.

Fiscalía apela y consigue aumento de condena por el asesinato de una adulta mayor



Luego de haber aceptado el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de El Oro revocó el fallo condenatorio impuesto, en primera instancia, en contra de Vicente Elver V. y lo sentenció a treinta y cuatro años y ocho meses de pena privativa de libertad por el asesinato de una mujer de 82 años.
El 10 de octubre pasado, el fiscal de la Unidad de Personas y Garantías, Johnny González, fundamentó el recurso de apelación, alegando que el Tribunal de Garantías Penales de El Oro –que había sentenciado a Vicente Elver V. a veintiséis años– no consideró las circunstancias agravantes de la infracción que la Fiscalía probó en la audiencia de juzgamiento, contempladas en el artículo 47 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), numerales 1 y 11. Es decir, ejecutar la infracción con alevosía o fraude, y cometer el delito en perjuicio de un adulto mayor.
El caso
La mañana del 13 de mayo de 2018, durante una discusión, el sentenciado le propinó veintiséis puñaladas a la dueña de casa, una adulta mayor identificada como Eufemia Raquel R., delante de los vecinos y de su hijo, quien también resultó herido.
En la audiencia de juzgamiento –desarrollada en julio de 2019, en la Unidad Judicial Penal de Machala–, Fiscalía presentó el testimonio anticipado del hijo de la víctima, los testimonios de doce personas, entre investigadores, médicos peritos y testigos, y expuso pruebas documentales, como el informe de Criminalística, el acta del levantamiento del cadáver, la inspección ocular técnica y el reconocimiento y reconstrucción del lugar de los hechos.
Con todos estos elementos probatorios, Fiscalía demostró la existencia del delito y la responsabilidad penal del sentenciado por asesinato, tipificado en el artículo 140 del COIP.

8 años de cárcel por peculado en entidad financiera de Cañar


La sentencia ordena el pago de 464.235 dólares como reparación integral a los perjudicados















Una sentencia condenatoria de ocho años de privación de libertad obtuvo la Fiscalía, en contra de Manuel Jesús P., exgerente de la cooperativa de ahorro y crédito Sumak Yari, del cantón Cañar.
El Tribunal de Garantías Penales de Cañar, presidido por el juez Álex Castro, también ordenó el pago de 464.235 dólares como reparación integral a los perjudicados. Esto, tomando en consideración que durante las etapas del proceso penal –investigación previa e instrucción fiscal–, Manuel Jesús P. devolvió más de 600.000 dólares a los depositantes.
Susana Siguencia, fiscal del caso –en audiencia de juicio– expuso el resultado de la investigación que señala que entre 2011 y 2014, cuando el sentenciado ejercía funciones de gerente, dispuso de forma arbitraria del dinero de los depositantes.
Funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) constataron que los montos de dinero depositados por los socios no ingresaban a las bóvedas de la cooperativa y cuando le consultaban al ahora sentenciado dónde se encuentran, él refería que había prestado a sus familiares.
Además, en la investigación se determinó que no fueron ingresadas al sistema contable de la cooperativa sesenta y cinco pólizas a plazo fijo, de altas cantidades de dinero, que suman más de un millón de dólares, cantidad que representa el total del perjuicio económico.
Una pericia contable demostró el cometimiento del delito y la responsabilidad del sentenciado. Además fueron presentadas pericias informáticas, así como testimonios de perjudicados y de peritos.
Debido al mal manejo de los fondos, la cooperativa entró en proceso de liquidación y luego fue cerrada.
Dato Jurídico
El delito de peculado está tipificado y sancionado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral penal (COIP).

EP Petroecuador y ARCH trabajan las 24 horas del día para normalizar el despacho de combustibles en el país










Con el objetivo de normalizar el despacho de combustibles en el país, EP Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), trabajan de forma coordinada e ininterrumpida en los terminales de productos limpios, esta medida se mantendrá vigente hasta alcanzar la total normalidad en el abastecimiento de combustibles.
Con la derogatoria del Decreto Ejecutivo 883, emitido el 1 de octubre de 2019, y tras el cese de protestas y movilizaciones a nivel nacional, los precios de los combustibles: gasolina Extra, Extra con Etanol, Diésel Premium y Diésel 2, se mantienen fijados para el sector automotriz, con la vigencia del Decreto Ejecutivo 894, del 14 de octubre de 2019.
En ese sentido, las estaciones de servicio, ubicadas a nivel nacional, comercializan los derivados en base a los precios de venta al público, que establece un costo para la Gasolina Extra de USD 1,85 y de USD 1,037 para el Diésel.
Es importante mencionar que en todos los terminales se cuenta con el stock necesario de productos y, conforme la demanda nacional, serán despachados hacia los diferentes puntos del país.
Desde las 00:00 del martes 15 de octubre, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) realiza controles en las 1.200 estaciones de servicio de todo el país, para supervisar el cumplimiento en los precios de venta de los combustibles, el normal abastecimiento y la correcta publicación de costos en los tótems informativos de los establecimientos.
El Gobierno Nacional ratifica su compromiso de garantizar la provisión de derivados en todo el país, para aportar a que las actividades productivas diarias se desarrollen con absoluta normalidad.
Con la tecnología de Blogger.

 

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