Los acontecimientos últimos sobre la falta de bombeo de agua cruda que afectó el servicio de agua potable a toda la provincia de Santa Elena por ineficacia de AGUAPEN, dejó muchas interrogantes, hasta hay dudas, por la coincidencia de los daños en tan escaso tiempo.
Olvidémonos de las dudas, esas las despejarán las autoridades pertinentes, lo lamentable, es que producto de la ineptitud de los responsables de esta empresa, 310.000 habitantes tuvieron que padecer por cuatro días debido a la falta agua potable, en la zona rural el problema persiste, el gobierno está proveyendo de agua en tanqueros en forma gratuita para mitigar este problema.
Cuando hablamos de responsables, se incluye a los principales accionistas de AGUAPEN que son los municipios de Santa Elena, La Libertad y Salinas, es decir nuestros alcaldes Dionicio Gonzabay, Antonio Espinoza y Daniel Cisneros tienen influencia sobre las decisiones que se tomen en esa empresa y bien que sean ellos los accionistas de AGUAPEN, porque saben la realidad de las necesidades de la provincia de Santa Elena, lo malo es que estos mismo alcaldes no le hayan dado la importancia debida a una planta que necesita cambios, eso de manifestar que sólo tienen 5 meses no es justificativo.
Según el prefecto Patricio Cisneros las 3 entidades municipales adeudan a AGUAPEN alrededor de un millón de dólares. Con esta realidad, no sabemos ¿cómo, ellos desean concretar un préstamo de 35 millones de dólares?, del que hablan como la salvación de AGUAPEN en su repotenciación y para cumplir los municipios con la instalación de nuevas redes de agua potable y alcantarillado.
Según el gerente de AGUAPEN, el gobierno ya les condonó la deuda por 32 millones de dólares que costó la planta de agua potable que se construyó hace años. Eso les permite ser sujeto de crédito, preocupa es la deuda que mantiene las mismas instituciones municipales y ciertos usuarios.
Esta crisis ha provocado que gran porcentaje de la ciudadanía se desencante de la imagen de los alcaldes de los tres cantones, que no han demostrado ser capaces de manejar esta mediana empresa de apenas 300 empleados que en términos generales se la regalaron a los municipios. Qué pasará cuando se activen las mancomunidades como la de desechos sólidos, el camal regional, ojalá cuando se cristalice estas empresas públicas no ocurran problemas que generen insatisfacción social.
Esperamos que este episodio de servicio básico no se vuelva a repetir por el bienestar de la ciudadanía provincial, y que sea una lección para los burgomaestres. Ellos deben seguir preparándose, si no leen, si no adquieren conocimiento, y no se ilustran, o no conocen mucho de la materia que asumen, lo más elemental es que busquen asesores capaces, idóneos, brillantes y visionarios.
¡Hoy, los alcaldes han reprobado esta primera prueba!
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