domingo, 5 de diciembre de 2021

La Contraloría conmemora 94 años de vida institucional

10:57

 



Este 3 de diciembre, la Contraloría General del Estado (CGE) celebra su nonagésimo cuarto aniversario de existencia como organismo técnico, encargado del control de la utilización de los recursos estatales y de la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado.

En 1926, durante la presidencia de Isidro Ayora, la “Misión Kemmerer” llegó a Ecuador con el objetivo de dar estabilidad monetaria al país y desarrollar un amplio proceso de modernización estatal.

Un año más tarde, el 2 de diciembre de 1927, sobre la base de un proyecto presentado por Kemmerer, se expidió la Ley Orgánica de Hacienda. El cuerpo legal incluyó la creación de la Contraloría General de la Nación, denominación que cambió en la Constitución de 1967 por Contraloría General del Estado.

En 1977 se emitió la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC), con normas fundamentales sobre la estructura y el funcionamiento de la Contraloría, que instauraron el sistema de control gubernamental moderno de los recursos públicos.

Fue con la aprobación de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE), en el año 2002, que se configuró el actual modelo de control, fiscalización y auditoría de Estado. La LOCGE facultó a la CGE para que examine, verifique y evalúe el cumplimiento y los objetivos de las entidades públicas.

Resultados claves de la gestión durante la administración actual

El 28 de junio pasado, el Ing. Carlos Riofrío González, funcionario de carrera con 30 años de servicio en la CGE, asumió la conducción institucional. En este tiempo, el organismo de control ha cumplido los planes operativos con auditorías técnicas, que respetan el debido proceso y se ejecutan en total apego a la Constitución y la Ley.

Una muestra de ello es el reporte de Gestión Pública referente a la emergencia sanitaria. Durante la pandemia, se emitieron 275 órdenes de trabajo, para realizar exámenes a las contrataciones para proveer a las instituciones de medicamentos e insumos para enfrentar al nuevo coronavirus.

Los resultados de las auditorías se transparentaron en el portal web institucional, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía el acceso a los resultados de la gestión de la Contraloría, acción que fue reconocida como buena práctica por el Fondo Monetario Internacional.

Desde julio de 2020 a la fecha, la CGE aprobó 584 informes generales de auditoría y remitió 203 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) a la Fiscalía. Además, confirmó responsabilidades civiles por USD 1.775 millones y sanciones administrativas por USD 3.6 millones.

En la actual administración se confirmó la responsabilidad civil más alta de la historia institucional por USD 1.223 millones, valores que se destinaron a la construcción de la Refinería del Pacífico y que no cumplieron su objetivo. Además, se han efectuado auditorías al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a los procesos de endeudamiento público, a Yachay, a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016, contrataciones de vialidad, etc.

Otra labor que se efectuó en este periodo fue la recuperación de los documentos afectados por el incendio, consecuencia de un atentado que se dio en el contexto de las protestas sociales de octubre de 2019. A la fecha se han restituido 47 mil expedientes.

Por otra parte, durante los últimos meses, la CGE atendió con eficiencia y oportunidad las solicitudes de informes de pertinencia, efectuados por las entidades públicas, previo al inicio de procesos de contratación pública.  A la fecha se han despachado 554 informes.

Desde su creación, la CGE ha cumplido un rol fundamental para la institucionalidad pública. El organismo de control introdujo una visión de responsabilidad respecto del uso de los recursos que constituyen patrimonio y bien de la sociedad; 94 años después, continúa el perfeccionamiento de su estructura y funciones, para instaurar en el país un sistema de control público que responda efectivamente a los intereses de la ciudadanía.



 

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