La región Costa se presenta como la principal zona de contrabando de cigarrillos en el país. De acuerdo con el “Estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales en Ecuador 2025”, elaborado por Invamer, mientras el promedio nacional de contrabando se ubicó en el 84%, varias provincias de la costa pueden llegar por encima del 95%, reflejando una expansión sostenida que continúa desplazando al mercado formal y erosionando la recaudación fiscal.
Los niveles más altos de incidencia se registran en las provincias del litoral. Esmeraldas presenta el escenario más crítico, con una incidencia del 100%, seguida por Manabí (97%), Los Ríos (97%), Guayas (97%), El Oro (95%) y Santa Elena (88%).
Los resultados evidencian que, en gran parte de la Costa, los cigarrillos comercializados provienen mayoritariamente de canales ilegales. Entre las marcas de contrabando con mayor presencia en la región destacan Carnival y Silver Elephant, cuya distribución se ha fortalecido en los últimos años aprovechando las brechas de precio frente al producto legal
Precisamente, el diferencial económico continúa siendo el mayor incentivo para el consumo de cigarrillos ilícitos. Mientras una cajetilla legal de 20 unidades tiene un precio promedio de USD 6,49, una de contrabando se comercializa en la Costa por apenas USD 2,53.
La diferencia es aún más marcada en Esmeraldas, donde una cajetilla ilegal cuesta en promedio USD 1,65, y en Los Ríos, donde alcanza USD 1,86. En provincias como Manabí (USD 2,66), Guayas (USD 2,67), El Oro (USD 2,60) y Santa Elena (USD 2,85), los consumidores pueden adquirir aproximadamente dos cajetillas y media ilegales por el valor de una sola legal.
El avance del comercio ilícito tiene efectos directos sobre las finanzas públicas. Durante la última década, el Estado ecuatoriano recaudó cerca de USD 1.000 millones por concepto del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) aplicado a los cigarrillos legales. Sin embargo, en ese mismo período, las pérdidas fiscales asociadas al contrabando alcanzaron USD 2.600 millones, más del doble de lo recaudado por este tributo.
La investigación también revela una limitada percepción ciudadana sobre el impacto económico y fiscal de este fenómeno. El desconocimiento sobre la contribución tributaria de los cigarrillos legales refleja uno de los desafíos para fortalecer la conciencia sobre los efectos que el comercio ilícito genera en la economía nacional y en el financiamiento de servicios públicos.
“Al consultar a los encuestados sobre los impuestos que pagan los cigarrillos, el 61% aseguró desconocer que la industria asume un impuesto al consumo especial. Además, el 77% afirmó que no estaría dispuesto a pagar más por una cajetilla, pese a que ese impuesto contribuye al desarrollo del país”, señaló Martín Orozco, gerente general de Invamer.
El estudio también identificó que las tiendas de barrio continúan siendo el principal canal de comercialización de cigarrillos ilegales. El 64% de los encuestados afirmó adquirir estos productos en este tipo de establecimientos, porcentaje que en Guayas asciende al 66%, evidenciando la amplia disponibilidad del producto ilícito para los consumidores.
“Las consecuencias del contrabando de
cigarrillos son devastadoras: fortalece al crimen organizado, financia
actividades ilícitas como la corrupción y el narcotráfico, genera millonarias
pérdidas para el Estado y alimenta un mercado sin controles, donde niños, niñas
y adolescentes pueden acceder fácilmente a estos productos”, concluyó Orozco.
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