Tras el operativo denominado “Libertad”, en el que se allanaron cuatro inmuebles, ocho personas –a las que Fiscalía procesó por presunta trata de personas con fines de explotación laboral, trabajo infantil y mendicidad– quedaron con prisión preventiva.
La instrucción fiscal durará noventa días.
En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada este viernes 22 de octubre, la fiscal María Susana Rodríguez, explicó al juez Carlos Castillo que los procesados Ángel G., Luis B., Juan B., Mario T., Juan T., Nelly G., Jenny C. e Isabel S. obligaban a once niños (de diferentes edades) a trabajar y mendigar hasta horas de la madrugada en el sector de la plaza de las Américas.
Por pedido de Fiscalía, el Juez otorgó medidas de protección a todos los infantes, quienes se encuentran en casas de acogida mientras concluye la investigación. También se dispuso el tratamiento psicológico para ellos.
La investigación previa de este caso se inició el 5 de abril del presente año y, como resultado de las vigilancias y seguimientos en la zona, se determinó que este grupo operaba en la avenida América y Naciones Unidas, hasta donde las víctimas eran trasladadas desde el sector de La Colmena (centro-sur de Quito).
En ese lugar, los ya procesados controlaban y gestionaban que los niños cumplan con sus “labores” de venta informal y mendicidad.
Los infantes también eran objeto de amenazas y maltratos por parte de los detenidos cuando no generaban dinero.
Estos informes fueron presentados durante la audiencia de flagrancia como elementos de convicción, además de la versión de la funcionaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), quien aseguró que al tratar de ayudar a los implicados, no la aceptaron; la versión de dos transeúntes que corroboran que los pequeños eran explotados por este grupo familiar.
A esto se suman las escuchas telefónicas que evidencian que existe una interrelación entre estas personas, que mantienen comunicaciones constantes y que evidencian las agresiones contra los niños.
Información jurídica
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 91, numerales 3 y 6 –en relación al artículo 92, numeral 2–, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona a quien incurra en este delito con una pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años.
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