El
Procurador General del Estado del Ecuador, Dr. Diego García Carrión, anunció el
día de hoy que el Estado ecuatoriano (representado por el Ministerio de
Economía y Finanzas y la Procuraduría General del Estado) y la compañía
Burlington (subsidiaria de ConocoPhillips) alcanzaron un acuerdo total y
definitivo a la disputa que mantenían las partes desde hace ya casi una década.
El 21 de abril de 2008, la
petrolera Burlington presentó una demanda arbitral contra el Estado
ecuatoriano, entre otras causas, debido a la aplicación de la Ley 42/2006, la
misma que estableció una distribución más justa de los ingresos extraordinarios
producidos por el incremento en el precio del petróleo en los mercados
internacionales. La aplicación de la Ley 42/2006, y el incumplimiento por
parte de la compañía de los pagos previstos en dicha Ley, derivó en el
abandono, en el mes de julio de 2009, de la operación de los bloques a cargo
del Consorcio conformado por las compañías petroleras Perenco y Burlington y,
como resultado de dicho abandono, a la terminación de los contratos de
participación en el año 2010 a través de la sanción de caducidad. En el
arbitraje, Burlington solicitó una indemnización de aproximadamente USD 1500
millones más intereses.
El 7 de febrero de 2017, el Tribunal
Arbitral emitió un laudo final en el que descontó en aproximadamente un 78% el
valor del reclamo original de la compañía, estableciendo como monto de
compensación a favor de Burlington un valor de USD 379´802.267 más
intereses. Además, el Tribunal, en una decisión histórica y creando un
precedente fundamental para otros arbitrajes en materia de inversión que deben
resolver reclamos por daños ambientales, aceptó la contrademanda del Ecuador en
contra de la compañía por daños ambientales y declaró a Burlington responsable
de los costos relativos a la restauración ambiental y a la remediación de
la infraestructura de los Bloques 7 y 21, por los daños ocasionados, y la
condenó al pago de USD 41´ 776.492,77.
El Procurador General del
Estado mencionó que, pese a que no estuvimos de acuerdo con el laudo, una vez
que se han ejercido las vías legales para impugnarlo y que este se ha vuelto
ejecutable, el acuerdo entre el Ecuador y la compañía Burlington, nos permite
solucionar una controversia y ratificar el compromiso del Estado ecuatoriano de
cumplir con sus obligaciones internacionales. Además, este acuerdo le permitirá
al Estado utilizar importantes recursos ahorrados al fisco con el descuento en
el monto a pagar logrado en este acuerdo y, adicionalmente, invertir los
valores reconocidos por las contrademandas en beneficio de la zona afectada por
la operación del Consorcio. Es importante recordar que dicha remediación
seguirá pendiente hasta que el Tribunal en el arbitraje iniciado por Perenco,
la otra compañía parte del Consorcio y que estuvo a cargo de la operación en
los bloques 7 y 21, emita su laudo final y determine finalmente el alcance de
los daños causados por el Consorcio.
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