Lo que durante años fue considerado un caso de
éxito en el control del tabaquismo hoy se ha convertido en una advertencia
sobre las consecuencias del crecimiento del comercio ilícito. Australia, país
que mantiene los cigarrillos legales más caros del mundo debido a una política
sostenida de incrementos tributarios, enfrenta actualmente una expansión del
mercado negro que, de acuerdo con una investigación reciente de The New
York Times, abastece a cerca del 80 % de los consumidores
y ha derivado en una ola de violencia asociada a organizaciones criminales,
incluyendo extorsiones, incendios provocados y homicidios.
Aunque los contextos son distintos, el caso
australiano evidencia que cuando el mercado ilegal gana espacio, las
consecuencias trascienden el ámbito comercial o sanitario y alcanzan
dimensiones económicas y de seguridad.
En Ecuador, esta problemática ya representa un
desafío de gran magnitud. De acuerdo con el estudio más reciente de KPMG LLP
sobre el mercado ilícito de cigarrillos en América Latina y Canadá, el 83,6 %
de los cigarrillos consumidos en el país durante 2025 fueron de origen ilícito,
lo que equivale a aproximadamente 1.500 millones de unidades comercializadas
fuera de los canales legales. Con este resultado, Ecuador se ubica como el
segundo país con mayor incidencia de comercio ilícito entre los once mercados analizados,
únicamente por detrás de Panamá.
El impacto económico también resulta
significativo. Según el mismo informe, el Estado ecuatoriano dejó de percibir
alrededor de USD 312 millones en ingresos tributarios durante 2025 debido al
comercio ilegal de cigarrillos. Estos recursos podrían destinarse al
fortalecimiento de áreas prioritarias como salud, educación, infraestructura y
seguridad ciudadana.
La situación ecuatoriana
también coincide con los hallazgos del Índice de Comercio Ilícito 2025
elaborado por TRACIT (Transnational Alliance to Combat Illicit Trade), que
ubica a Ecuador en el puesto 113 de 158 países evaluados. El informe señala
que, pese a contar con un marco regulatorio, el país enfrenta importantes
desafíos para controlar las cadenas de suministro ilícitas y fortalecer la
aplicación efectiva de la ley frente a organizaciones criminales cada vez más
sofisticadas.
TRACIT advierte además que
el comercio ilícito no constituye un delito aislado, sino una actividad que
reduce la recaudación fiscal afecta la competitividad de la economía formal,
expone a los consumidores a productos fuera de controles sanitarios y genera
una fuente de financiamiento para redes de delincuencia organizada.
A nivel regional, el estudio de KPMG estima que
durante 2025 el consumo ilícito alcanzó 77.000 millones de cigarrillos,
equivalente al 31,9 % del mercado total en América Latina y Canadá, ocasionando
pérdidas tributarias cercanas a USD 8.500 millones para los gobiernos de la
región.
El caso australiano demuestra que, cuando el
comercio ilegal logra consolidarse, revertir sus efectos resulta cada vez más
complejo. Para Ecuador, donde más de 8 de cada 10 cigarrillos consumidos
provienen del mercado ilícito, el desafío no solo implica recuperar ingresos
fiscales, sino fortalecer las acciones orientadas a combatir las economías
criminales que encuentran en el contrabando una importante fuente de financiamiento.
