.La inclusión financiera en Ecuador, Colombia y Perú muestra avances en acceso a
cuentas, productos de ahorro y canales digitales, pero todavía enfrenta brechas
importantes en crédito formal, capacidad de ahorro, confianza, educación
financiera y bienestar económico. El reto ya no está solo en ampliar la
cobertura, sino en lograr que los servicios financieros sean útiles, seguros y
respondan a las necesidades reales de la población.
Así lo señala el estudio “Entorno de la inclusión
financiera en América Latina: Ecuador, Colombia y Perú”, desarrollado por
la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo de Ecuador (RFD), en
colaboración técnica con el Programa de Inversión de la Banca de las
Oportunidades de Colombia (PIBO) y el Ministerio de Economía y Finanzas de
Perú.
El análisis muestra que más del 50% de la población adulta
en Ecuador, Colombia y Perú tiene acceso a una cuenta financiera:
Colombia lidera con 82%, seguida por Ecuador con 65% y Perú con 59%. No
obstante, persisten barreras como la distancia y el costo de los servicios. En
este contexto, la infraestructura financiera (puntos de atención físicos y
corresponsales) ayuda a explicar parte de estas diferencias: Colombia destaca
por una red más amplia y equilibrada; Ecuador aún depende en mayor medida de
canales físicos tradicionales; y Perú ha expandido su cobertura principalmente
mediante corresponsales. El documento destaca que las cuentas de ahorro
activas tienen mayor presencia que el crédito.
En Ecuador, el 77 % de la población posee este tipo de
producto; en Colombia, el 96 %; y en Perú, el 57 %. Sin embargo, esto no
necesariamente significa que las personas estén ahorrando: solo el 36 % de
adultos ahorra en Ecuador, el 24 % en Colombia y el 32 % en Perú. Esta
diferencia evidencia que, en muchos casos, las cuentas cumplen principalmente
una función transaccional —recibir ingresos, realizar pagos o movilizar
recursos— y que el acceso al sistema no siempre se traduce en capacidad real de
ahorro ni en mayor disponibilidad de recursos para enfrentar necesidades
económicas.
En esa misma línea, el crédito formal se mantiene como el
servicio de menor utilización en los tres países. Solo el 30 % de la
población adulta accede a crédito formal en Ecuador, el 36 % en Colombia y el
33 % en Perú. Esta brecha evidencia que el sistema aún no logra responder
plenamente a las necesidades reales de financiamiento de una parte importante
de la población.
“Los resultados muestran que la inclusión financiera no puede medirse únicamente por el número de cuentas abiertas. El verdadero desafío es que las personas puedan usar herramientas financieras adecuadas, seguras y útiles para mejorar su vida cotidiana, ahorrar, acceder a financiamiento responsable y enfrentar imprevistos”, señaló Valeria Llerena, directora ejecutiva de la RFD.
El estudio también advierte que la salud financiera de la
población en los tres países sigue siendo vulnerable. En promedio, en Ecuador,
Colombia y Perú, alrededor del 40 % de las personas dependería de redes
informales, como familiares o amigos, para enfrentar una emergencia
económica, en lugar de recurrir a recursos propios. Solo cerca del 16 %
acudiría a sus ahorros. A esto se suma la preocupación por cubrir gastos
mensuales y médicos inesperados, lo que refleja una limitada capacidad de
resiliencia financiera en los hogares.
Asimismo, el informe recalca que tener acceso a una cuenta no
garantiza su uso frecuente ni diversificado. Aunque el efectivo sigue presente,
los pagos digitales avanzan en los tres países: 43% de adultos en Ecuador, 49%
en Colombia y 52% en Perú realiza o recibe este tipo de transacciones. El
desafío está en ampliar su uso cotidiano y reducir la dependencia de medios
tradicionales.
Otra alerta importante está relacionada con la confianza y la
calidad del servicio. En los tres países, menos del 40 % de los adultos se
siente seguro al operar en el sistema financiero y menos del 50 % evalúa
positivamente su experiencia. Esta percepción incide directamente en las
brechas de uso y en la permanencia de prácticas informales.
Además, el estudio advierte que las capacidades financieras
siguen siendo limitadas. Menos de la mitad de la población demuestra
conocimientos, comportamientos o actitudes financieras adecuadas, lo que
restringe la toma de decisiones informadas, la planificación económica y la
capacidad de los hogares para enfrentar emergencias.
En materia regulatoria, Colombia y Perú presentan avances en
marcos especializados de protección al consumidor financiero, gobernanza y
monitoreo de sus estrategias nacionales. Ecuador, en cambio, mantiene un modelo
más general y transversal, lo que abre oportunidades para fortalecer la
protección efectiva del usuario financiero, la coordinación institucional y el
financiamiento de su estrategia.
Para Llerena, la siguiente etapa de la inclusión financiera
regional debe avanzar hacia modelos centrados en el bienestar financiero, la
experiencia del usuario y el desarrollo de capacidades prácticas. “Esto
implica fortalecer la educación financiera con metodologías segmentadas y
basadas en economía del comportamiento, mejorar la seguridad digital y la
protección al consumidor, y profundizar ecosistemas interoperables, accesibles
y alineados con las necesidades reales de la población”, concluyó.
Finalmente, el estudio identifica buenas prácticas que pueden
ser replicadas en la región, como la expansión de corresponsales no bancarios y
canales digitales en Colombia, el crecimiento de pagos móviles en Perú, el
fortalecimiento de mecanismos de protección al usuario y la incorporación de
metas, monitoreo y recursos específicos para sostener las políticas de
inclusión financiera.
