Establecer un marco legal para la salud mental que promueva, regule y garantice el pleno ejercicio del derecho a la salud mental de las personas en todo su ciclo de vida, bajo un modelo de atención integral y comunitario es lo que busca el proyecto de Ley de Salud Mental que este jueves, 04 de mayo, el Pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad.
Esta ley es una necesidad nacional, que busca garantizar los servicios de salud mental en todo el Sistema Nacional de Salud, desde los centros de primer nivel como en los hospitales especializados de tercer nivel.
Además, crea una red de salud mental entre instituciones públicas y privadas, en donde todas aportan al bienestar común, así como cuidar a los más desprotegidos como son las personas indigentes, con discapacidad, niños, niñas y adolescentes que padezcan de algún trastorno mental, enfatizó Marcos Molina, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud.
hay salud sin salud mental, hoy más que nunca esta frase cobra especial relevancia, porque hace recordar el enorme impacto que el bienestar psicológico tiene en el estado de salud general de las personas, manifestó, al advertir que las enfermedades mentales se han convertido en un verdadero problema de salud pública y que cada día se registran más casos por factores como la situación social, familiar, económica, e incluso algo que vivimos todos: la pandemia.
Explicó que una investigación presentada por UNICEF muestra que en el año 2016 el suicidio se constituyó en la primera causa de mortalidad de adolescentes entre 12 y 17 años, mientras que el Observatorio Social de Ecuador señaló que entre 2014 y 2019 se produjeron 5.300 suicidios, ante ello es necesario contar con legislación en esta materia.
Respaldo unánime
Esta propuesta tuvo el respaldo unánime y una amplia participación. En este segundo debate intervinieron 22 legisladores, quienes resaltaron la importancia de atender la salud mental como prioridad nacional. Coincidieron en que se trata de una ley incluyente, preventiva y participativa; promueve la participación familiar, a fin de garantizar los derechos humanos.
Manifestaron que la salud mental no es un tema de edad ni de clase socioeconómica; que los problemas de salud mental superaron incluso al cáncer en época de pandemia; que no debe asociarse a un tema de internamiento y que lamentablemente no ocupa un puesto importante dentro del sistema de salud.
Construcción del proyecto
En la socialización del proyecto, que recoge 10 iniciativas legislativas, se realizaron 3 eventos en Quito, Guayaquil y Riobamba; cuatro mesas técnicas interinstitucionales; se activó la Plataforma Participativa. Se recibieron aportes de 14 legisladores; 12 representantes de la sociedad civil; 10 instituciones públicas; un organismo internacional; una observación de la academia y contó con el acompañamiento permanente de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud OPS/OMS.
El Pleno escuchó a Hugo Cohen, exasesor de salud mental de la OPS/OMS, impulsador de la Ley Argentina; Ricardo Yaselga, usuario de los servicios de salud mental; Gabriela Llanos, coordinadora del Colectivo Marcha por la Salud Mental de Ecuador; Leonor Mendoza, directora y fundadora de FEATPEM; Peter Sanipatín, presidente del Colegio de Sicológos Clínicos de Pinchicha.
En sus exposiciones sugirieron crear un sistema con atención primaria y de segundo nivel, para que sea factible los internamientos con énfasis en los cuidados; y presupuesto necesario y estable dirigido a mantener hospitales psiquiátricos para la atención de los internamientos.
También propusieron crear una red de servicio de salud mental comunitaria, que incluya la implementación de centros de atención psicosocial y de unidades de acogida.
Por último, consideraron importante que la inclusión laboral se entienda como un pilar fundamental para todas las personas con problema de salud mental; que haya organismos especializados como un Consejo Nacional de Salud Mental independiente de manera administrativa y financiera con rectoría nacional; tener mecanismo de veedurías de usuarios en los primeros servicios; y, que los gobiernos autónomos descentralizados realicen programas de prevención y promoción.
RSA
