Este viernes el Consejo de Administración Legislativa resolvió exigir a la Comisión de Fiscalización y Control Político que aplique de manera directa y sin dilaciones la normativa que corresponde al procedimiento de juicio político al Presidente de la República según lo establecido en el Capítulo VIII, Sección IV de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, relativo al “del enjuiciamiento político del Presidente y del Vicepresidente de la República.
También instó a la comisión y en especial a su Presidente que se abstengan de emplear normativa procesal ordinaria ajena y no prevista dentro de los procedimientos parlamentarios establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, respecto de la sustanciación del trámite de este juicio político. En tal virtud debe abstenerse de generar cualquier intento de entorpecer, dilatar y obstaculizar el debido proceso dentro del procedimiento establecido para el efecto.
Además, advirtió que el incumplimiento de los procedimientos parlamentarios trae como
consecuencia la afectación al derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, sin perjuicio de las infracciones disciplinarias que pudieran derivarse de los actos individuales o colectivos que expresamente vulneren el proceso establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
También demandó de la Comisión de Fiscalización, en especial de su Presidente, la vigilancia del debido proceso y del principio de legalidad consagrados en la Constitución de la República, así como que, las decisiones de dicha mesa legislativa se las deba considerar como comisión y no de acuerdo con la voluntad de uno de los integrantes.
Adicionalmente, dispuso a la Unidad de Técnica Legislativa y a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, para que, de manera conjunta, realicen el seguimiento del procedimiento de juicio político contra el Presidente de la República, para lo que la Comisión de Fiscalización y Control Político prestará las facilidades del caso.
Por último, solicitó a la ciudadanía, medios de comunicación y academia, estar vigilantes de las acciones y los procedimientos que se aplican en la Comisión de Fiscalización, a fin de que no se menoscabe o se atente contra la seguridad jurídica y se vulnere la Constitución y la Ley.
PV
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