El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en segundo debate el proyecto de Ley de Pagos en Plazos Justos, Primero las MYPES, que creará un marco de protección para las personas naturales y jurídicas calificadas como micro y pequeñas empresas y a las organizaciones que integran la economía popular y solidaria, respecto de los plazos de pago en sus operaciones comerciales.
Wilma Andrade, ponente del informe de la Comisión de Desarrollo Económico, destacó que el proyecto busca solucionar una problemática que afecta a las micro, pequeñas y medianas empresas. Su estudio lleva un año y espera que, a la brevedad posible, sea aprobado para beneficio de uno de los sectores más importantes que contribuye al desarrollo.
Recordó que el texto es fruto de una amplia socialización, con la participación de diversos gremios y organizaciones relacionados con la producción. Se trata de micro y pequeñas empresas que no sobrepasan ventas por 350 mil dólares al año, pero que generan más de un millón 200 mil plazas de empleo.
El proyecto establece un plazo de 45 días a partir del primer año y 30 días a partir del segundo año, para que las grandes empresas y entidades públicas, en sus relaciones contractuales con micro y pequeñas empresas y las organizaciones de la economía popular y solidaria, paguen los valores pendientes desde la fecha de recepción de las mercancías, la terminación de la prestación de los servicios o la emisión de la respectiva factura.
En caso de mora, el acreedor tendrá derecho a reclamar una indemnización por todos los gastos de cobro debidamente acreditados en los que haya incurrido a causa de este hecho, así como los intereses legales, de conformidad con la tasa activa referencial del Banco Central del Ecuador.
La ponente, Wilma Andrade, luego de cinco intervenciones en el Pleno, al amparo de lo dispuesto en el Art. 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicitó se suspenda el trámite de este punto, para que la comisión analice las observaciones y elabore el texto final para votación.
Previamente, el Pleno recibió en comisión general a representantes de este segmento empresarial. David Ocaña, vicepresidente de la Cámara de Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi), subrayó que es grato que se haya dado un espacio en la Asamblea para un sector que genera el 70 por ciento del empleo en el país. Necesitamos el apoyo del Estado para normar los plazos de pago, de manera que se respalde al productor. Este proyecto nos permitirá planificar y cumplir los pagos a nuestros proveedores y demás obligaciones, para continuar nuestras actividades, añadió.
Entre tanto, Carlos Ramírez, del Colegio de Contadores Públicos, pidió el respaldo de los legisladores para aprobar esta ley, que favorece a las micro, pequeñas y medianas empresas, pues contarán con el capital de trabajo indispensable para subsistir. El 50 por ciento de las empresas está a punto de quebrar y, dentro de estas, muchas de ellas pequeñas y medianas, que no tienen capacidad para cubrir sus gastos en los plazos vigentes, dijo.
Igualmente, Lilia Villavicencio, presidenta de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa del Ecuador, organización que representa a 16 cámaras a nivel nacional, de igual número de provincias, agradeció a la Asamblea por el tratamiento de esta ley que recoge las necesidades e inquietudes más urgentes de este segmento de la producción.
Archivo
De otro lado, el Pleno de la Asamblea, sobre la base del informe de la Comisión de Régimen Económico, con 119 votos afirmativos, archivó el proyecto de Ley de Equidad Tributaria, en razón de que no cuenta con un sustento legal y jurídico necesario para su trámite.
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