En la provincia de Santa Elena se ha gastado más mil millones de dólares solo en lo referente a compras públicas de las entidades seccionales como prefectura, alcaldías y juntas parroquiales en los últimos 15 años, a pesar de ello la imagen de vías, calles internas de la ciudad, así como de obras referentes a servicios de agua lluvia, alcantarillado, siguen deficientes por el mal uso de materiales o incumplimientos en los plazos de dichos contratos con la venia de las autoridades contratantes, afectando a la ciudadanía que requiere obras para su sector de urgencia.
La ciudadanía pensante no confía en las autoridades de Contraloría local porque casi nunca han encontrado irregularidades al auditar dichos contratos, lo máximo que expresan -que ese error grave cometido no se repita- ante esa realidad las autoridades de elección popular hacen lo que les da la gana con los dineros asignados.
En algunos casos los borradores de los servidores públicos asignados a dichas auditorías al pasar a informe definitivo cambian porque los afectados van a quejarse a Quito y regresan satisfecho de su inocencia. La ciudadanía piensa que hay corrupción, pero, denunciarlos es casi imposible por las interminables tramitologías que hay que cumplir, de tal manera que el ciudadano a mitad de camino termina por desistir de la denuncia Así Contraloría sigue cómoda en su quehacer diario de casi nunca encontrar culpables del derroche millonario en contratos.
Los servidores públicos de Contraloría Santa Elena en los últimos años cumplen con sus trámites de declaraciones patrimoniales, pero ¿quién los audita o le hace un seguimiento de sus propiedades? sean terrenos, casas, vehículos o inversiones, ya que lo declarado en algunos casos no coincide con el tipo de vida que llevan y es que los sueldos de los llamados servidores públicos que realizan las auditorías van desde mil seiscientos a dos mil cuatrocientos dólares mensuales. Un director provincial apenas sobrepasa los 3000 dólares, al poco tiempo con ese sueldo incrementa su patrimonio exageradamente.
Mencionamos algunos servidores públicos que aún se encuentran en el cargo y otros que ya cumplieron su labor como directores provinciales de Contraloría Santa Elena
Mindiola Ríos Javier, declaró el año 2018 un patrimonio de USD 101.201. El año 2024 incrementó su patrimonio a USD 284.458.40
Víctor Coronel Ortiz permaneció en cargo de director provincial de contraloría desde 1 de agosto de 2017 hasta el 18 de mayo del 2018, a su ingresó declaró un patrimonio de USD 5.560 a los 8 meses de la salida del cargo su patrimonio se incrementó a USD 41.101,55.
Nelly Reyes Rodríguez el año 2018 declaró un patrimonio negativo USD
-23.928,44, el año 2022 su patrimonio se incrementa a USD 46.931,12 es decir creció USD 70.859.
Paredes Tobar Antonio el 13 de septiembre de 2021 declara USD 29.576. El 7 de enero de 2022. 4 meses después declara USD 29.075
OTROS SERVIDORES PÚBLICOS DECLARARON SU PATRIMONIO
Cochea Tomalá Silvia Jazmín. Año 2018 declaró USD 13.967de patrimonio. El año 2024 incrementó a USD 43.456.
Cacao Rosales Diego Guillermo: Año 2018 declara USD 41.363,93. El año 2024 su patrimonio asciende a USD 90.856,64
Mosquera Soriano Germán Luis: año 2018 declara USD 88.473,25, el año 2024 su patrimonio asciende a USD 101.046,43.
Cruz Borbor Margarita: el año 2018 declara un patrimonio de USD 1.046 para el año 2024 su patrimonio se incrementa a USD 59.703
Cali Mieles Juan Manuel: declara el año 2018 un patrimonio de USD 13.026,15. el año 2024 incrementa su patrimonio a USD 34.340,29
García Rodríguez Juan el año 2018 declara un patrimonio de USD -1829, el año 2024 su patrimonio se incrementa a USD 30.205,32
La contraloría Santa Elena nunca ha respondidos a los reclamos que han realizados los peninsulares sobre estos funcionarios corruptos que administran municipios y otras entidades públicas que de la noche a la mañana compran departamentos de lujo. Hasta ahora contraloría local ha respondido sobre los contratos irregulares de más de mil millones realizados en los últimos años.
RONALD NAVARRETE
Definitivamente "NO”.
Siendo solo un juez de cuentas la CGE ha sido, es y seguirá siendo el escudo protector de quienes malversan fondos públicos que de paso son quienes los colocan en las diferentes direcciones provinciales para que sean ellos mismos quienes le den la solución y no ser glosados. Pero al de poncho si lo sancionan y hasta a la cárcel va a parar. Debería con lupa revisarse la legalidad de sus patrimonios vs sus remuneraciones y tiempo de trabajo..
JOFFRE PAREDES RONQUILLO
La contraloría general del estado no cumple su rol que es ser el juez de cuenta de los funcionarios de elección popular, más bien se han convertido en cómplices y encubridores de los que han administrado la cosa pública en los último 15 años ya que nunca han auditado, peor presentado denuncias en la fiscalía. En mi caso personal presenté una denuncia con 496 fojas sobre las irregularidades de la calle Guayaquil del cantón La Libertad desde el 2023 y hasta la presente fecha no se realiza la auditoría, es decir esconden los procesos denunciadOS
