Más de seis horas duró la audiencia en la que la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra el prefecto de Cotopaxi, Jorge G., y nueve personas más. La diligencia se extendió desde la noche del jueves 28 de julio, hasta la madrugada de hoy.
La fiscal provincial de Pichincha, Ruth Amoroso, quien llevó la investigación, formuló cargos por presunta delincuencia organizada, precisando que –hasta el momento– se han identificado como supuestos delitos fines el peculado y el enriquecimiento ilícito, sancionados en los artículos 278 y 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), respectivamente.
En la audiencia, la fiscal Amoroso expuso su teoría del caso ante la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, Rosario Freire.
Indicó que la presunta estructura criminal, conformada por funcionarios públicos y personas particulares, habría operado desde 2014 en Latacunga, La Maná, Salcedo y Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, aprovechándose de sus funciones para facilitar la obtención de contratos a empresas previamente definidas.
A cambio de estos acuerdos, la presunta organización delictiva habría recibido beneficios económicos que, a su vez, se emplearían en la compra de bienes muebles e inmuebles en diferentes partes del país, a nombre de terceras personas.
La Fiscal Provincial de Pichincha agregó que otra de las formas de delinquir habría consistido en disponer de descuentos a los sueldos de los funcionarios de la Prefectura de Cotopaxi, sin justificar el fin y el uso de estos dineros. Esta actividad –según la investigación– se habría efectuado entre 2017 y 2019.
Además, individualizó el grado de la supuesta participación de los procesados por delincuencia organizada (ver recuadro).
Roles y funciones
Jorge G. habría ejercido la dirección y mando de la presunta organización, encargándose de aprobar y disponer todas las acciones que eran ejecutadas por su colaborador, Pablo V., quien coordinaba con Carlos V., Margoth T., Pablo A. y José N. los direccionamientos de los contratos públicos a favor de Santiago S., Diego S., Jorge H. y César C., a cambio de beneficios económicos, incrementando así su patrimonio.
Luego de mencionar los elementos de convicción recabados en la extensa investigación, Fiscalía solicitó a la Presidenta de la Corte Provincial de Cotopaxi que se ordene la prisión preventiva para los diez ahora procesados.
Las defensas del prefecto Jorge G. y Margoth T., exfuncionaria de la Prefectura de Cotopaxi, presentaron certificados de ser miembros de comunidades indígenas. Para ellos, la Magistrada dispuso medidas sustitutivas, ordenando la prohibición de salida del país, presentaciones todos los viernes en la Fiscalía Provincial de Cotopaxi y el uso de grillete electrónico.
Para el resto de procesados, la jueza Freire sí aceptó el pedido fundamentado por Fiscalía y ordenó la prisión preventiva.
Operativo y detenciones
La operación “Depuración 1” inició la madrugada del 28 de junio de 2022: Fiscalía lideró treinta allanamientos coordinados con grupos tácticos de la Policía Nacional y ejecutados simultáneamente en diferentes puntos de Cotopaxi.
Bajo la dirección de la fiscal Amoroso, se oficializó la detención del prefecto de Cotopaxi, Jorge G., quien se encontraba en su domicilio. Más tarde, la Fiscal intervino en su oficina, dentro de la Prefectura.
Allí se fijaron varios indicios, entre estos 10.900 dólares en efectivo que se encontraron en un cajón del escritorio de su despacho. Agentes fiscales y sus equipos analizaron documentación relacionada con contratación pública en las áreas de la Dirección Financiera, Contabilidad y Talento Humano de la entidad.
En otro punto, Fiscalía también incautó otros 6.000 dólares en efectivo, que también fueron fijados e ingresados en cadena de custodia.
En total se incautaron 24.900 dólares en efectivo, durante la ejecución del operativo.
Hasta el mediodía se oficializó la detención de nueve personas, relacionadas a esta supuesta organización criminal. Más tarde, cerca de las 15:00, se ubicó a un décimo sospechoso, Carlos V., quien se desempeñaba como director de Obras Públicas de la Prefectura.
Recuadro
Jorge G.: autor directo.
Pablo V.: coautor.
Carlos V.: coautor.
Margoth T.: coautora.
Pablo A.: coautor.
José N.: coautor.
Santiago S.: coautor.
Diego S.: coautor.
Jorge H.: coautor.
César C.: coautor
Información jurídica
El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369 del COIP: “la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de dos o más personas que, de forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. Los demás colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.
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