El municipio del cantón delegó el desarrollo del proyecto a una empresa pública, dedicada a regular la elaboración y expendio de productos alimenticios. Se identificaron transferencias sin sustento y se hipotecó un terreno público, valorado en USD 380.562, en favor de la contratista.
La Contraloría General del Estado examinó el proyecto para la construcción del Terminal Terrestre de Tena. El informe de auditoría señala que, en 2017, el alcalde de ese cantón delegó, sin sustento legal, el proceso de selección de un socio estratégico privado, para la constitución de un fideicomiso, para el financiamiento y construcción de la nueva terminal terrestre, a la Empresa Pública Municipal de Desarrollo Productivo y Competitividad (Empudepro).
Esta entidad, según el informe de auditoría, no se dedica a la construcción de terminales terrestres, sino a regular la elaboración, manejo y expendio de productos alimenticios, por lo que no podía encargarse del proceso. Sin embargo, se aprobaron pliegos y se autorizó el inicio del proceso de asociación civil, crédito y fideicomiso. La auditoría estableció que esa figura no es aplicable a las entidades del sector público.
Además, la compañía privada, seleccionada para conformar la asociación, estaba inhabilitada en el Registro Único de Proveedores (RUP) por obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), desde diciembre de 2015.
Para la ejecución de la obra, la alcaldía no tramitó el registro obligatorio, emitido por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, entidad que tiene la competencia para, en coordinación con los gobiernos autónomos, construir terminales terrestres a nivel nacional.
Transferencia injustificada de bienes y recursos
El fideicomiso se constituyó única y exclusivamente entre entidades privadas, incumpliendo con el requisito, indispensable y obligatorio, de coparticipación de la entidad pública delegante. De esta forma, se gestionaron y depositaron recursos públicos en un fideicomiso del que solo se benefició a la parte privada.
El equipo auditor identificó que, bajo el argumento de cubrir gastos por la constitución del fideicomiso, se realizaron depósitos irregulares a terceros desde Empudepro, entre ellas una transferencia a Abu Dabi por USD 20.000 a una entidad financiera con la cual la empresa pública no tenía ningún vínculo legal o jurídico, que justifique la transacción.
Además, se transfirieron USD 841.193 a la cuenta privada del fideicomiso y se hipotecó a favor de la contratista el terreno de Empudepro, valorado en USD 380.562, en el cual se iba a construir el terminal terrestre. Aunque la obra que no se ejecutó, el terreno continuó en poder de la constructora hasta la fecha de corte del examen especial, 30 de junio de 2020.
Incremento injustificado del presupuesto
El monto de la obra se incrementó en USD 961.771,97, debido a que se realizaron modificaciones al diseño original, con el argumento de optimizarlo. La constructora no justificó técnica ni legalmente el aumento en el costo ni el beneficio de las modificaciones a la terminal.
Incumplimientos del socio privado
El socio estratégico para el desarrollo del proyecto incumplió sus obligaciones, pues no realizó el aporte de USD 12.4 millones para financiar la obra. El nuevo Terminal de Tena no se construyó, el municipio no recuperó la totalidad de los recursos públicos transferidos y tampoco el terreno.
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