La Contraloría General del Estado
(CGE) emitió tres órdenes de trabajo, para el inicio de dos exámenes especiales
en la extinta empresa públi-ca Siembra y uno en la Universidad de Investigación
de Tecnología Experimental Yachay.
El
Contralor General del Estado, Ing. Carlos Riofrío González, realizó un
recorrido técnico en las instalaciones de la Ciudad del conocimiento Yachay y
recibió el reporte de avances de los exámenes especiales, que la Contraloría
efectúa en la Universidad de Tecnología Experimental y la empresa pública.
En las
dos entidades se analizarán las operaciones administrativas y financieras
ejecutadas entre el 1 de septiembre de 2017 y el 30 de junio de 2021, acciones
de control en las cuales se determinará el grado de cumplimiento de las
disposiciones legales y normas aplicables, la veracidad, legalidad y propiedad
de las actividades.
En la ex
empresa pública Siembra (que actualmente forma parte de la Secretaría Nacional
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología) Contraloría analizará las
contrataciones, efectuadas entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de
2021, para estudios, diseños, construcción y fiscalización del proyecto
Programa de Infraestructura de la Ciudad del Conocimiento, Yachay EP.
Auditoría
determinará si se respetó el ordenamiento jurídico y la normativa técnica en la
contratación y ejecución de las obras y consultorías, así como la aplicabilidad
de los diseños entregados por los contratistas.
El Contralor precisó que la
Contraloría ha confirmado responsabilidades por USD 43’993.549, por las
irregularidades en la gestión de los bienes y recursos públicos. También
informó que, en 2018, la Contraloría remitió a la Fiscalía General del Estado
(FGE) un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP), por las falencias
en la construcción del auditorio y edificaciones para laboratorios,
transferencia de tecnología, administración y gestión.
Durante
la auditoría se identificaron falencias en las 5 edificaciones, derivadas de
cambios sin sustento técnico en los diseños de las fachadas, que originaron la
eliminación de elementos estructurales. Conforme avanzó la construcción
aparecieron deflexiones y fisuras en varias vigas, tramos de losas y gradas.
En marzo de 2017 se contrató los
estudios de evaluación, diagnóstico de serviciabilidad, seguridad y
lineamientos de remediación de los inmuebles. La consultora concluyó que las
falencias se originaron en errores y omisiones durante el diseño y recomendó
realizar reforzamientos, aspecto que hasta la fecha de corte de ese examen
especial (31 de diciembre de 20217) no se cumplió.
El
informe de auditoría señala que, debido a estos hechos y mientras no se adopten
las recomendaciones de la consultora para reforzar las estructuras, el
desembolso del anticipo del contrato de obra, por USD 31’468.106,82, no se
justifica técnicamente y las edificaciones no pueden operar en condiciones
seguras para los usuarios, por lo que se confirmó una responsabilidad civil, en
contra de exfuncionarios y contratistas, por el valor de la inversión.
Follow @laprimeraec
