La Comisión de Fiscalización y Control Político, que preside Fernando Villavicencio, con el voto unánime de los ocho asambleístas presentes, aprobó el Plan de Trabajo hasta diciembre de 2021, que incluye 55 casos de investigación, en materia de créditos pactados a cambio de petróleo con China y Tailandia, el ejercicio de la Contraloría General del Estado en el desvanecimiento de glosas y la administración de las universidades emblemáticas Yachay, Uniartes, Ikiam y UNAE, entre otros.
También, desde varios de los legisladores miembros de la Comisión, se propusieron temas relacionados con el manejo de la seguridad social, las compras de insumos médicos, medicinas y demás; la fijación de tarifas eléctricas; la creación de las universidades para la región Amazónica; la contratación preferencial de mano de obra local en las industrias petrolera y minera en la Amazonía; la revisión de procesos como la reconstrucción de Manabí; la situación de hospitales públicos; el plan de vacunación del anterior Gobierno; la desaparición de cadáveres en pandemia; y el otorgamiento de becas, préstamos educativos y su recuperación.
Igualmente, la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, la construcción del poliducto Pascuales Cuenca; las carreteras Ruta Viva, Ruta Collas, ampliación de la Simón Bolívar; la delegación de los puertos de Posorja, en Guayas y Bolívar, en El Oro; la construcción del Tranvía de Cuenca; la renegociación de contratos petroleros; los laudos arbitrales en contra de Ecuador y los costos de la defensa del Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL)
La Comisión, de entre estos temas, establecerá las respectivas prioridades, en lo que atañe a los tiempos específicos, para evitar que, en algunos casos, la Asamblea pierda la posibilidad de ejercer el control político.
Fernando Villavicencio recordó que los ojos y las esperanzas de millones de ecuatorianas y ecuatorianos se han centrado en la Comisión de Fiscalización. Por ello, se ha propuesto un Plan de Trabajo que recoge todas las propuestas de los miembros de la mesa, sobre la base de los principios de eficacia, eficiencia, calidad, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.
Entre otros aspectos, el plan establece la creación de una Contraloría Social, con lo cual se recogerá en territorio, en las distintas provincias del país, las iniciativas de investigación de posibles casos reñidos con la ley que, luego del estudio pertinente, podrían derivar en informes para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.
Se prevé, además, el desarrollo del Primer Encuentro Internacional de Periodismo de investigación, que reunirá a los comunicadores que se dedican a esta modalidad de trabajo, a fin de evidenciar el rol que cumplen los medios de comunicación en la investigación y denuncia de los casos de corrupción.
Juicios políticos pendientes
Debido a que los interpelantes del juicio político que se sigue contra el exministro de Energía y Recursos no Renovables, René Ortiz, perdieron su calidad de asambleístas el pasado 13 de mayo, sobre la base del criterio jurídico emitido por la Dirección de Asesoría Jurídica, la Comisión de Fiscalización decidió dejar en manos del Pleno de la Legislatura que resuelva la suspensión de los respectivos plazos para la sustanciación del proceso, así como la designación de los legisladores que asumirán esta interpelación.
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