Fiscalía inició una instrucción fiscal en contra de nueve personas, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, entre ellas, dos funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), que estarían involucrados en defraudación tributaria y falsedad documental.
En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada en la Unidad Judicial Sur Valdivia, el fiscal Álvaro Romero Castro presentó como elementos de convicción: la denuncia de la Directora zonal 8 del SRI, Gabriela Orellana; el parte de aprehensión de los investigados, el informe policial de la Unidad de Investigaciones Antidelincuencial (UIAN), las denuncias de las empresas perjudicadas y el informe ejecutivo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Este último guarda relación con los ciudadanos beneficiados con los endosos de las notas de crédito.
A ello se sumó la nómina de beneficiarios y las resoluciones de las notas de crédito de las devoluciones del IVA, la documentación original del cambio de claves de los usuarios y el informe técnico pericial de informática forense de Criminalística, de la Policía Nacional.
El juez de Garantías Penales, José Ortega, acogió en parte el pedido fiscal y dictó prisión preventiva contra Sixto Manuel B. B. (funcionario del SRI), Víctor Enrique G. G., Stalin Daniel P. M., Julio Alfonso C. S., Franklin Eduardo S. M., Henry Vinicio P. C. y Luis Antonio V. P., mientras que a Andy Iván F. F. y Roger Christian M. G. les dictó prohibición de salida del país, presentación periódica ante Fiscalía y los fines de semana ante la Unidad de Flagrancia en Guayaquil.
Contexto
Fiscalía inició las investigaciones el 11 de noviembre de 2020, tras la denuncia recibida por la Directora del SRI.
La madrugada de este 9 de marzo, con la participación de diez agentes fiscales, se ejecutaron varios allanamientos en Guayaquil y Durán, en los que nueve personas fueron detenidas.
Las investigaciones preliminares determinaron que funcionarios de esta entidad, junto a un grupo de personas, habrían cambiado claves de empresas con firmas falsas de sus representantes legales, lo que habría ocasionado un perjuicio aproximado de 400.000 dólares, tras presuntamente haber retenido en cuentas creadas, los endosos originados por la devolución del IVA.
Dato jurídico
Fiscalía procesó esté caso con base en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez años.
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