El MINTEL capacita a 1.030 funcionarios públicos en el uso correcto de la Firma Electrónica

Quito.- Uno de los grandes desafíos del sector público, en el contexto de la transformación digital, y ahora más que nunca durante la crisis sanitaria, es garantizar que los ciudadanos cuenten con acceso oportuno a los servicios que brinda el Gobierno Nacional, sin importar el lugar donde se encuentren.

Un componente clave de este cambio de paradigma es el uso de la firma electrónica. En el Ecuador, desde 2018 hasta la fecha, se han firmado 12 millones de documentos electrónicos. Y solo entre enero a mayo de este año, se han realizado 2´396.631 firmas electrónicas. En el 2019 se contabilizaron 13 mil funcionarios que usaron este sistema.

En este contexto, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, a través de la Subsecretaría de Gobierno Electrónico, realizó el Webinar: “Firma Electrónica; mitos y verdades en el sector público”, para ampliar detalles sobre el uso y aplicación de esta herramienta tecnológica de manera ágil y efectiva.

Como panelista invitado estuvo el Director de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Finanzas, Ing. Luis Pichoasamín, quien expuso sobre su experiencia al incluir el Sistema Integrado de Gestión Financiera (eSIGEF) en la Firma Electrónica, lo que implica un ahorro de tiempo al momento de generar comprobantes de retención.

En representación del MINTEL, la Especialista en la Dirección de Gobernanza Electrónica, Mgs. Johanna Pazmiño, se encargó de romper ciertos mitos que rondan por el sector público, al momento de usar la firma electrónica y resalto sus beneficios. “La firma electrónica –dijo- tiene la misma validez y efectos jurídicos que una firma manuscrita; al contar con un código binario único inserto, a nivel de bit en el documento, ante cualquier modificación, el documento pierde su validez, por eso es muy eficaz en detectar fraudes”.

El evento, que tuvo una duración de 1 hora, se realizó a través de la plataforma Webex y contó con la participación de 1.030 funcionarios públicos del Gobierno Central y de otros poderes del Estado