Quito, 20 de marzo del 2018.- El ministro de Agricultura y Ganadería, Rubén Flores, participó en el cierre del proyecto “Incorporación del uso y conservación de la agrobiodiversidad en las políticas públicas, a través de estrategias integradas e implementación in situ en cuatro provincias andinas”.
El objetivo del proyecto fue integrar el uso y la conservación de la agrobiodiversidad (ex situ e in situ) en políticas, sistemas agrícolas, y programas de educación y sensibilización en las provincias alto andinas del Ecuador: Loja, Chimborazo, Pichincha e Imbabura. El fin es contribuir al manejo sostenible y la resiliencia de los agroecosistemas en los Andes y otras regiones áridas y de montaña similares.
El Proyecto de Agrobiodiversidad es el resultado de un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuaria (INIAP), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y Heifer Ecuador, con la participación de agricultores familiares campesinos.
El MAG, el INIAP, la FAO, el GEF y Heifer Ecuador trabajan junto a los productores en el Proyecto de Agrobiodiversidad.
En su intervención el Ministro Flores indicó que se puede defender la agrobiodiversidad desde la investigación, pero “hay que desarrollar un fortaleza institucional e impulsar la asociatividad, que es clave”.
Agregó que para cubrir estas deficiencias, el MAG ejecuta la Gran Minga Nacional Agropecuaria, una herramienta de participación que sobre todo está destinada a rescatar la biodiversidad que tiene este país. “Y esa es una tremenda oportunidad que el mundo nos va a dar en los próximos 30, 40 años”.
Agregó que la demanda de productos orgánicos es del 23% anual; el incremento de poder vender aceite de palma sustentable con sello es del 26% anual, y el incremento de la leche orgánica es de alrededor del 12% anual.
“La sustitución de la harina de trigo por la harina de chocho es una tremenda oportunidad para resolver la crisis de la obesidad”, dijo Flores, al poner como un ejemplo de los cambios en la demanda de productos.
Juan Manuel Domínguez, director del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), explicó que entre los resultados obtenidos del proyecto se encuentran la vigencia de la Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sostenible; tres ordenanzas aprobadas sobre uso y conservación sostenible de la agrobiodiversidad: una provincial en Chimborazo y dos cantonales en Saraguro y Guamote, además de una campaña sobre los Derechos de los Agricultores del Tratado Internacional sobre de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y Agricultura (TIRFAA) en los siete cantones de intervención.
Agregó que 17 organizaciones sociales están involucradas activamente en el proyecto; 4.160 familias beneficiarias que incorporan el manejo y uso sostenible de la agrobiodiversidad en 1.790 hectáreas, considerando que el 70% de las familias beneficiarias están representadas por mujeres.
Se suman 5 mil personas pertenecientes a la agricultura familiar campesina, capacitadas en temas de manejo de la agrobiodiversidad y agroecología; y la oficialización del sello de Agricultura Familiar Campesina, instrumento que tiene la finalidad de garantizar el origen social de los productos agroalimentarios desde las unidades de producción agrícola familiares.
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