El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió iniciar una investigación frente a los hallazgos que encontró la Veeduría Ciudadana a la asignación de fondos a los entes ejecutores para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, por parte de la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva.
El coordinador del mecanismo, Mario Ramos, informó que la adjudicación de las casas no fue transparente, pues no se cumplió con la entrega de estas de acuerdo con el banco de datos que se hizo de los afectados. “Los ciudadanos pedían que se los ayudara con sus viviendas, pero lamentablemente fueron engañados. En Jipijapa por ejemplo, vimos madres de familia con niños o adultos mayores que vivían en la tierra, dormían en el suelo apenas protegidos con caña guadua y zinc”, refirió en la presentación del informe ante el Pleno.
Señaló además que los constructores contratados recibieron 75% de anticipo para las obras, pero algunos “desaparecieron sin haberlas cumplido porque no se les exigió las garantías previas... pocos cumplieron a cabalidad con esta responsabilidad”, dijo.
Ramos señaló que la falta de acceso a la información por parte de algunas entidades del Ejecutivo, así como Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y parroquiales limitaron la labor de la Veeduría. En ese sentido, solicitaron que, a través del CPCCS, se exija que la Secretaría Técnica de Reconstrucción y Reactivación Económica exponga los instrumentos y mecanismos definidos que llevaron a priorizar la ubicación de los recursos económicos en las instituciones y determine el valor total invertido en las zonas afectadas. Además, pidieron conocer el número total de viviendas nuevas adjudicadas y cuántos mejoramientos realizó el Ministerio mientras duró el Acuerdo Ministerial 022-016.
Así también, se solicitó determinar si es que esta entidad firmó algún tipo de documento o instrumento legal como contratos, convenios, garantías, etc., con los contratistas e identificar cuántos de estos cumplieron sus responsabilidades. El Pleno del CPCCS dispuso que la Secretaría de Transparencia inicie la investigación sobre estos temas, así como que los GAD, amparados en el Decreto Ejecutivo 1001, habrían realizado contrataciones sin llevar a cabo procesos de licitación favoreciendo a las grandes empresas constructoras de otras provincias en desmedro de los técnicos y profesionales locales, que es otro de los hallazgos que consta en el informe de la Veeduría.
