Durante
el año 2017, el Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión,
como en años anteriores, ha liderado los equipos de defensa de los casos más
importantes en los que está involucrado el Estado ecuatoriano tanto en el
ámbito nacional como internacional.
Se
han litigado procesos arbitrales internacionales como aquellos planteados en
contra del Ecuador por las compañías Petrobras (Ecuador TLC, Cayman
International Exploration Company S.A. y Teikoku Oil Ecuador), Chevron
Corporation y Texaco Petroleum Company, Murphy Exploration and Production
Company-International, Burlington, Perenco, Merck Sharp & Dohme, entre los
más importantes.
Asimismo,
ha intervenido de manera directa en la defensa del Estado ecuatoriano en más de
un centenar de casos ante los organismos que conforman los sistemas
interamericano y universal de Derechos Humanos.
Enero 2017
En arbitraje planteado
por Petrobras (Ecuador TLC, Cayman y Teikoku) contra Ecuador
23/01/17
A
partir de enero de 2017, la PGE enfrentó el arbitraje iniciado por Ecuador TLC,
Cayman International Exploration Company S.A. y Teikoku Oil Ecuador en contra del
Estado ecuatoriano y EP Petroecuador bajo el argumento de que la República
incumplió el contrato para la exploración y explotación del Bloque 18, en
particular lo dispuesto respecto a su liquidación luego de que no se lograra un
acuerdo para la modificación del contrato de la modalidad de participación a
prestación de servicios conforme lo dispuesto en la ley de Hidrocarburos.
Esta
controversia comercial sobre la liquidación contractual y el pago de las
inversiones no amortizadas se desarrolló durante todo el año 2017 y está pronta
a concluir con la expedición de un laudo arbitral.
Febrero 2017
Caso Burlington:
Tribunal Arbitral emite laudo final y acepta contrademanda ambiental de Ecuador
08/02/17
A
inicios del mes de febrero, el Tribunal Arbitral que conoció la demanda
planteada por la compañía Burlington Resources Inc. en contra del Estado
ecuatoriano, emitió su laudo final en el que limitó la compensación a la
inversionista en el 22% de la pretensión inicial demandada por la petrolera;
sin embargo, la Procuraduría General del Estado no estuvo de acuerdo y presentó
la solicitud de anulación de sus decisiones debido a que incurrían en algunas
de las causales de anulación previstas en el Convenio CIADI. El Tribunal
desestimó el valor de $1.515’603.095 solicitado por la Compañía y aceptó la
contrademanda de Ecuador, declarando que Burlington es responsable de los
costos relativos a la restauración ambiental y a la remediación de la
infraestructura de los Bloque 7 y 21, por lo que le condenó al pago de $41’776.492,77,
convirtiéndose en la primera condena por daño ambiental a un inversionista en
el sistema de solución de controversias de inversiones a nivel mundial.
Caso Murphy: Tribunal
Arbitral negó a petrolera, incremento de indemnización fijada en laudo parcial
13/02/17
En
el mes de febrero, el Tribunal Arbitral emitió el laudo final a favor del
Estado ecuatoriano en cuanto a la demanda iniciada por Murphy Exploration &
Production Company – International en contra del Ecuador, rechazando la
pretensión de la Compañía de imponer al Ecuador una compensación adicional a la
fijada en el laudo parcial dictado el 6 de mayo de 2016. El laudo final mantuvo
el valor ya constante en el laudo parcial de $19’971.309 más intereses, que
corresponde al 4% del valor solicitado en su demanda que fue de 636 millones
más intereses.
Caso Burlington: ejecución
de laudo suspendida por registro de solicitud de anulación
15/02/17
A
mediados del mes de febrero, la Secretaría General del CIADI notificó el
registro de la solicitud de anulación presentada por el Estado ecuatoriano en
contra de los laudos arbitrales final y por contrademandas emitidos el 7 de
febrero de 2017 dentro del caso planteado por la petrolera norteamericana Burlington,
por una supuesta violación del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones
suscrito con Estados Unidos.
Marzo 2017
Fiscal y Procurador
General del Estado se reunieron con representantes de Odebrecht
23/03/17
Los
días 21 y 22 de marzo, el Procurador General del Estado y el Fiscal General del
Estado, se reunieron en Washington con representantes y abogados de la empresa
Odebrecht en Ecuador con el objeto de avanzar en las conversaciones en busca de
lograr un acuerdo de cooperación eficaz en materia penal para obtener toda la
información necesaria para perseguir a los responsables de cualquier acto de
corrupción en los procesos de contratación celebrados con dicha empresa, al
mismo tiempo que un acuerdo de reparación integral indemnizatoria al Estado
ecuatoriano, por los daños que hayan generado los actos ilícitos que cometió la
empresa en Ecuador en los procesos contractuales celebrados en el país. En esa
ocasión, las autoridades exigieron a la empresa que, previo a llegar a un
acuerdo, entregue la información completa y detallada que entregaron en la
Fiscalía de Brasil y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Mayo 2017
Caso Chevron III:
Corte de Apelaciones de La Haya celebrará audiencia en proceso de anulación de
laudos
08/05/17
En
el mes de mayo el Procurador General del Estado, Diego García, encabezó el
equipo de defensa que estuvo presente el 9 de mayo en La Haya para asistir a la
audiencia de apelación dentro de la acción de nulidad que el Estado ecuatoriano
planteó contra los laudos interinos y el laudo de jurisdicción emitidos por
parte del tribunal Arbitral que conoce el arbitraje conocido como Chevron III. La
acción de anulación planteada el 7 de enero de 2014 pretendía dejar sin efecto:
i) el laudo de jurisdicción mediante el que el Tribunal Arbitral se declaró
competente para conocer la demanda arbitral planteada por Chevron Texaco, y ii)
los relativos a medidas provisionales con los que el Tribunal, en desconocimiento
de la ley interna ecuatoriana, requerían que el Estado tome acciones para
evitar la ejecución de una sentencia emitida dentro del Juicio de Lago Agrio,
mediante la que se condena a Chevron-Texaco por la contaminación ocasionada en
la Amazonía ecuatoriana durante su operación.
Junio 2017
Caso
Chevron: decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en acción RICO no
afecta arbitraje entre Chevron y Ecuador
19/06/17
La
Procuraduría General del Estado aclaró que la decisión de la Corte Suprema de
los Estados Unidos de negar la petición de Steven Donziger y dos ciudadanos
ecuatorianos, a presentar su caso ante esta instancia, dentro de una
controversia que sostienen comunidades amazónicas y Chevron por la
contaminación ocasionada por la petrolera, y de la que el Estado ecuatoriano no
ha sido parte, no surte efectos fuera de los Estados Unidos, ni invalida la
sentencia de una corte ecuatoriana que obliga a la petrolera a indemnizar por
la afectación ecológica ocasionada
Julio 2017
Procuraduría General
del Estado obtiene resolución a favor de la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones – CNT EP
05/07/17
En
el mes de julio la Procuraduría General del Estado obtuvo una resolución a
favor de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, obteniendo que la
Secretaría General de la CAN declare infundada la solicitud de investigación
por infracción de las normas andinas sobre competencia, requerida por las
empresas Internexa S.A. de Colombia e Internexa Perú S.A. El Procurador se pronunció al respecto:
“Esta decisión reconoce que las empresas del Estado ecuatoriano ejercen su
actividad acorde con las normas de libre competencia, sin abusar de su calidad
de empresa estatal en detrimento de empresas privadas nacionales e internacionales”.
Caso máscara de oro
con ojos de platino de la cultura Tolita: la CIDH niega indemnización a James
Judge, acogiendo argumentos de defensa de la PGE
17/07/17
El día 30 de junio, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos publicó el Informe No. 44 en el que puso fin al proceso
relacionado a la máscara de oro y ojos de platino, extraída de la Isla de la
Tolita de la provincia de Esmeraldas. La defensa del Estado, tras un proceso
que duró casi 16 años, logró probar que el señor Judge, quien encontró la
máscara en 1967, no estaba autorizado a realizar excavaciones en la Isla de la
Tolita. La máscara fue declarada propiedad del patrimonio nacional mediante
Decreto Supremo 320 de 6 de mayo de 1975, pero el señor Judge alegó que dicho
decreto se aplicó de forma retroactiva y que, sin fundamento se declaró que la
máscara fue extraída en forma ilegítima; así mismo, probó que la máscara de oro
con ojos movibles de platino es parte del patrimonio nacional ecuatoriano, por
lo que no correspondió entregar al señor Judge indemnización alguna.
Caso
Burlington: anulación de laudo. La defensa del Estado ecuatoriano comparece a
audiencia por la suspensión de ejecución de laudo
18/07/17
El 18 de julio se llevó a cabo en la ciudad de
Washington la audiencia convocada por el Comité de Anulación bajo reglas del
CIADI, para recibir las alegaciones orales de Ecuador y de la petrolera
Burlington Resources Inc. en relación con la petición de esta última de que se
levante la suspensión de ejecución del laudo final dictado por el Tribunal
Arbitral que conoció la demanda de inversiones planteada por la petrolera
norteamericana, o en su defecto que el Estado rinda una garantía. Dicha
suspensión se encontraba vigente desde que la anulación del laudo fuera solicitada
por el Estado ecuatoriano el 13 de febrero de 2017 y en aplicación al Convenio
CIADI.
Al concluir esta audiencia, el Estado ecuatoriano y
Burlington iniciaron un proceso de negociación que duró hasta noviembre de
2017, concluyendo con la suscripción de un acuerdo definitivo el 1 de diciembre
del presente año.
Agosto 2017
Caso
Odebrecht por lavado de activos: PGE presentó acusación particular en contra de
Alecksey Mosquera y otros
17/08/17
Conforme a los elementos de convicción recabados
durante la etapa de instrucción, el 17 de agosto de 2017, la Procuraduría
General del Estado presentó ante la Corte Nacional de Justicia, la acusación
particular en contra de Alecksey Mosquera Rodríguez, Santiago Andrés Játiva
Ordóñez, Marcelo Raúl Endara Montenegro y Antonio Gustavo Mosquera Salcedo; dentro
del proceso penal signado con el No. 17721-2017-00212 por el presunto delito de
lavado de activos.
Caso Burlington:
Comité de Anulación levantó la suspensión de la ejecución del laudo
31/08/17
El
31 de agosto el Comité de Anulación notificó su decisión de levantar la
suspensión de la ejecución del laudo dictado el pasado 7 de febrero de 2017 por
el Tribunal Arbitral que conoció el arbitraje iniciado por la compañía
Burlington en contra del Estado ecuatoriano, por una supuesta violación del
Tratado Bilateral de Protección de Inversiones suscrito entre Ecuador y
Francia.
Septiembre 2017
Caso Odebrecht por asociación
ilícita: PGE presentó la acusación particular en contra de Ricardo Rivera,
Jorge Glas y otros
28/09/17
El
28 de septiembre y antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal, la
Procuraduría General del Estado, presentó acusación particular en el proceso
penal número 17721-2017-00222, por el presunto delito de asociación ilícita, en
contra de los representantes de la Constructora Norberto Odebrecht en el
Ecuador, así como de altos funcionarios públicos del Estado, servidores
públicos vinculados con los proyectos emblemáticos de los sectores
estratégicos, representantes y accionistas de empresas intermediarias y
proveedoras de Odebrecht y personas privadas que actuaron como intermediarias
entre los servidores públicos y la referida empresa.
La
teoría del caso planteada por la PGE en su acusación particular sería recogida
posteriormente en la sentencia dictada oralmente el 13 de diciembre de 2017.
Octubre 2017
La PGE suscribe
acuerdos indemnizatorios con 24 víctimas de violaciones de derechos humanos
documentadas en el informe de la Comisión de la Verdad
10/10/17
Durante
el mes de octubre la PGE suscribió acuerdos indemnizatorios con 24 víctimas de
violaciones de derechos humanos documentadas en el informe de la Comisión de la
Verdad; 23 víctimas del caso nominado C60 (Cooperativa 10 de enero) y una del
caso C25 (Piedad Jarrín y otros). En los citados casos se documentaron
violaciones como: tortura, atentado contra la vida, privación ilegal de
libertad y violencia sexual.
Caso Odebrecht,
Petroecuador y otros: el Procurador General del Estado informó a la Comisión de
Justicia de la Asamblea nacional las acciones legales que ha iniciado la PGE
23/10/17
El
23 de octubre el PGE informó, durante 4 horas, a la Comisión de Justicia de la
Asamblea Nacional las acciones legales que ha iniciado la Procuraduría en
relación al caso Odebrecht, Petroecuador y otros.
Caso
Odebrecht por lavado de activos: PGE presentó acusación particular en contra de
Ramiro Carrillo, Gustavo Massuh y otros
27/10/17
Conforme a los elementos de convicción recabados
durante la etapa de instrucción, el 27 de octubre de 2017, la Procuraduría
General del Estado presentó ante la Corte Nacional de Justicia, la acusación
particular en contra de Ramiro Fernando Carrillo Campaña, Gustavo José Massuh
Isaías, Vladimir Aníbal Sper Balanzátegui y Vladmau Construcciones S.A.; dentro
del proceso penal signado con el No. 17721-2017-00222 por el presunto delito de
lavado de activos.
Caso Odebrecht por
lavado de activos: PGE presentó acusación particular en contra de Rubén Terán y
Francisco Cabrera
27/10/17
Conforme a los elementos de convicción recabados
durante la etapa de instrucción, el 27 de octubre de 2017, la Procuraduría
General del Estado presentó ante la Corte Nacional de Justicia, la acusación
particular en contra de José Rubén Terán Naranjo y Diego Francisco Cabrera
Guerrero; dentro del proceso penal signado con el No. 17282-2017-02607 por el
presunto delito de lavado de activos.
Noviembre 2017
Con autorización de la
PGE se celebró acuerdo de cumplimiento de recomendaciones de la CIDH en el caso
Darwin García
15/11/17
El
15 de noviembre de 2017 el Procurador General del Estado participó en el evento
de firma del acuerdo de cumplimiento de informe de admisibilidad y fondo la
CIDH dentro del caso Darwin García, por parte del Ministerio del Interior, que
contó con su autorización previa. La CIDH emitió el informe de fondo No. 42/15,
en el cual determinó la responsabilidad del Estado en la violación de derechos
contra Darwin García y su hermano.
La PGE
autorizó la suscripción de acuerdos indemnizatorios con otras 25 víctimas de
violaciones de derechos humanos documentadas en el Informe de la Comisión de la
Verdad
21/11/17
La Procuraduría General del Estado en coordinación
con el Ministerio de Justicia, suscribió 25 acuerdos indemnizatorios a favor de
las víctimas de violación de derechos humanos, documentadas en el Informe Final
de la Comisión de la Verdad, dentro de los casos C9, C20, C25, C30, C31, C36,
C41, C54, C60, C72, C74, C91, C93, C96; y C116. En los citados casos se
documentaron violaciones como: ejecución extrajudicial, tortura, atentado
contra la vida, privación ilegal de libertad y violencia sexual. La
indemnización comprende los daños materiales e inmateriales que fueron
debidamente justificados dentro del proceso de negociación, para el efecto se
conformó la Comisión Negociadora integrada por la Ministra de Justicia o su
delegado y por la Viceministra de Justicia o su delegado, asistió también la
víctima como contraparte en la negociación.
Caso
Odebrecht por concusión: PGE presentó acusación particular contra Carlos Pólit
y John Pólit
30/11/17
Conforme a los elementos de convicción recabados
durante la etapa de instrucción, el día de hoy, la Procuraduría General del
Estado presentó ante la Corte Nacional de Justicia, la acusación particular en
contra de Carlos Pólit y su hijo, por el delito de concusión. Dentro de la
instrucción fiscal No. 40-2017-WTT-lyr, la Fiscalía General del Estado
investiga al ex Contralor General del Estado, Carlos Pólit Faggioni, por el
delito de concusión, al encontrarse indicios relacionados al pago de
gratificaciones económicas exigidas a cambio del levantamiento de las glosas
imputadas a Odebrecht, respecto del Proyecto “San Francisco” y por la emisión
de informes limpios en los demás contratos adjudicados a la constructora.
Diciembre 2017
Caso
Burlington: Ecuador y la compañía Burlington alcanzan un acuerdo transaccional y
ponen fin a disputa en materia petrolera
04/12/17
El Procurador General del Estado del Ecuador, Dr.
Diego García Carrión, anunció el día de hoy que el Estado ecuatoriano
(representado por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Procuraduría
General del Estado) y la compañía Burlington (subsidiaria de Conoco Phillips)
alcanzaron un acuerdo total y definitivo a la disputa que mantenían las partes
desde hace ya casi una década. El 21
de abril de 2008, la petrolera Burlington presentó una demanda arbitral contra
el Estado ecuatoriano, entre otras causas, debido a la aplicación de la Ley
42/2006, la misma que estableció una distribución más justa de los ingresos
extraordinarios producidos por el incremento en el precio del petróleo en los
mercados internacionales. La
aplicación de la Ley 42/2006, y el incumplimiento por parte de la compañía de
los pagos previstos en dicha Ley, derivó en el abandono, en el mes de julio de
2009, de la operación de los bloques a cargo del Consorcio conformado por las
compañías petroleras Perenco y Burlington y, como resultado de dicho abandono,
a la terminación de los contratos de participación en el año 2010 a través de
la sanción de caducidad. En el
arbitraje, Burlington solicitó una indemnización de aproximadamente USD 1500
millones más intereses. El 7 de
febrero de 2017, el Tribunal Arbitral emitió un laudo final en el que descontó
en aproximadamente un 78% el valor del reclamo original de la compañía,
estableciendo como monto de compensación a favor de Burlington un valor de USD
379´802.267 más intereses. Además, el Tribunal, en una decisión histórica y
creando un precedente fundamental para otros arbitrajes en materia de inversión
que deben resolver reclamos por daños ambientales, aceptó la contrademanda del
Ecuador en contra de la compañía por daños ambientales y declaró a Burlington
responsable de los costos relativos a la restauración ambiental y a la
remediación de la infraestructura de los Bloques 7 y 21, por los daños
ocasionados, y la condenó al pago de USD 41´ 776.492,77.
Caso
Odebrecht por asociación ilícita: la PGE pide al Tribunal respetar el derecho
de la víctima de intervenir en todas las audiencias
05/12/17
El 28 de septiembre la Procuraduría General del
Estado, presentó acusación particular en el proceso penal número
17721-2017-00222, por el presunto delito de asociación ilícita, en el caso
Odebrecht. El 5 de diciembre, en la
continuación del día décimo primero de la audiencia y, luego del receso
dispuesto por el Tribunal, debido a un atraso de 7 minutos por parte del
abogado acusador delegado del Procurador General del Estado, al momento de la
continuación de la mencionada audiencia, el Tribunal del Juicio resolvió
declarar el abandono de la acusación particular presentada por esta institución
en ejercicio del patrocinio del Estado. Sin perjuicio de la decisión tomada por el
Tribunal, la PGE aclaró que el Estado no ha perdido su condición de víctima,
pues el derecho de la víctima a intervenir en las audiencias y a la reparación
integral es independiente de la acusación particular, conforme lo prevé el art.
432.1 del COIP, correspondiendo a la FGE continuar con el impulso de la
presente causa penal, según lo previsto en el art. 433.6 del COIP.
Caso
Odebrecht por asociación ilícita: sentencia del Tribunal Penal recoge la teoría
del caso de la PGE
19/12/17
El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia
en su resolución oral del día 13 de diciembre de 2017 recoge los aportes que
hizo la Procuraduría General del Estado durante el proceso, que incidieron
decisivamente en los siguientes aspectos:
1.
Teoría del caso.- planteada por la PGE,
“ altos funcionarios públicos y sus intermediarios particulares, se asociaron
ilícitamente para cometer delitos en contra de la administración Pública,
penetrando en el sistema de contratación pública, afectando a los proyectos
emblemáticos de los sectores estratégicos del Ecuador, con la finalidad de
obtener beneficio económico”.
El
Tribunal acoge lo señalado por la PGE al establecer: • con la participación de
servidores públicos (Jorge Glas, Ramiro Carrillo y Carlos Villamarín) e
intermediarios (Ricardo Rivera, Gustavo Massuh, José Terán, Képler Verduga y
Edgar Arias) • se conformó una organización delincuencial • cuya finalidad era
el cometimiento de otros delitos (concusión, cohecho, tráfico de influencias,
enriquecimiento ilícito, peculado), que afectan la eficiencia de la
Administración Pública, entre otros bienes protegidos • respecto de los
proyectos emblemáticos de los sectores estratégicos del Estado • para obtener
beneficios económicos indebidos e ilegales.
2.
Delitos fines.- los delitos fine que
planteó la PGE coinciden con los que dispuso el Tribunal Penal: cohecho,
concusión, peculado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y tráfico de
influencias.
3.
Defensa de la prueba.-
en el
contrainterrogatorio realizado por la PGE, se comprobó que el testigo Ing.
Edgar Reyes, que pretendía desacreditar prueba relevante -en específico aquella
relacionada con el pendrive entregado por Alfredo Alcívar- no era un experto
informático, era ingeniero en electrónica y que el perito informático, Ing.
Fabián Hurtado, no conocía tecnología Apple, aplicable al sistema de
almacenamiento denominado "nube", fuente de la información. Por
consiguiente, la información proporcionada y elevada a la calidad de prueba,
fue legalmente obtenida. Este criterio fue acogido por el Tribunal Penal en su
resolución oral.
4.
Pena agravada.- en el alegato de
cierre presentado por la PGE en su condición de víctima, después de que el
Tribunal Penal declaró abandonada la acusación, se solicitó se condene a los
procesados en grado de autores, por sus participaciones directas, materiales y
voluntarias, a la pena máxima establecida en la norma, es decir a 6 años de
privación de libertad, al existir 3 agravantes:
•
Conmoción social (aplicable a todos los procesados).
•
Perpetrar el acto prevaliéndose de su condición de autoridad (aplicable para
los funcionarios públicos).
•
Haberlo cometido en el lugar mismo en que se hallen ejerciendo sus funciones
(aplicable para los funcionarios públicos).
5.
Reparación
inmaterial.-
la Procuraduría solicitó al Tribunal Penal que, como medida de satisfacción al
Estado ecuatoriano y sus instituciones, se ordene que la sentencia condenatoria
sea publicada en los medios de comunicación de mayor circulación del país, a
costa de los funcionarios públicos sentenciados en esta causa, lo cual se
recoge en la resolución oral.
6.
Gran similitud en
montos.-
existe una gran similitud en los montos de reparación material a las víctimas.
Conforme la prueba practicada por la PGE hasta el día 11 de la Audiencia de
Juicio, la reparación ascendía a la cantidad de USD 35´828,256,33 dólares. El
monto dispuesto por el Tribunal Penal asciende a USD $ 33.396.160,32, cantidad
solicitada por FGE y que no considera el dinero devuelto por Tomislav Topic.
La PGE
logra que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU
archive la petición de 117 exfuncionarios del BCE que se jubilaron antes de
cumplir 45 años de edad
26/12/17
La
PGE logró que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
(CDESC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) acoja sus argumentos y
dictamine inadmisible la petición presentada por 117 ex servidores del Banco
Central del Ecuador (BCE) presentada en el año 2012. Con este dictamen la
defensa del Estado logra evitar que el Estado ecuatoriano pague cerca de USD 42
millones de dólares.
Corte
de Apelaciones falla nuevamente a favor del Ecuador revirtiendo decisión del
juez de primera instancia en el juicio contra los Hnos. Roberto y William Isaías
27/12/17
El 27 de diciembre de 2017, la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito del
Estado de la Florida revocó la sentencia de 15 de octubre de 2015 dictada por
el juez John W. Thornton de la Corte del Undécimo Circuito Judicial del Condado
de Miami-Dade (Florida) que había rechazado la demanda planteada por la ex AGD
en contra de los hermanos Isaías Dassum.
La Corte de Apelaciones, acogiendo los argumentos
presentados por la defensa del Ecuador, revirtió las conclusiones que
fundamentaron la decisión del Juez de Primera Instancia, resolviendo en su
lugar que el proceso vuelva a primera instancia únicamente para determinar los
daños y perjuicios a favor del Estado ecuatoriano, en consideración a que, en
aplicación de la Doctrina de los Actos de Estado, el Ecuador no está obligado a
probar la responsabilidad de los Hnos. Isaías con respecto a las pérdidas
sufridas por Filanbanco.
