El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) entregó a la Contraloría General del Estado (CGE) la lista de las instituciones y medios de comunicación que incumplieron con el proceso de rendición de cuentas del período 2016 y aprobó una resolución mediante la cual solicita a la Contraloría un examen especial a los medios de comunicación que tienen contratos con el Estado.
El Subcontralor General del Estado, Ing. Hugo Pérez, recibió el documento y se comprometió a realizar “los exámenes a aquellas entidades públicas que no han cumplido y también a aquellas de derecho privado que disponen de recursos públicos”.
Según el informe, de un total de 4.356 instituciones públicas, 3.867 (89%) cumplieron con la presentación del Informe de Rendición de Cuentas; mientras 489 (11%) no lo hicieron.
En cuanto a los medios de comunicación, de un catastro de 1.196, 798 (67%) cumplieron con la presentación del informe y 398 (33%) no lo hicieron, por lo que las y los consejeros pidieron a la Contraloría que tome las acciones correspondientes para que los medios de comunicación cumplan con esta obligación que garantiza el derecho de la ciudadanía a recibir informes de la gestión de lo público o de quienes desarrollan actividades de interés público.
En esta misma sesión, el Pleno del CPCCS aprobó una Resolución mediante la cual solicita a la Contraloría General del Estado que realice exámenes especiales y las acciones de control que correspondan a los medios de comunicación que, ya sea en forma directa o mediante agencias de publicidad, reciben recursos públicos o tienen contratos con el Estado.
Tanto el informe como los listados, están a disposición y libre acceso de la ciudadanía en el sitio web www.cpccs.gob.ec
Este procedimiento se cumplió de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica del CPCCS: “En caso de incumplimiento por parte de las instituciones y entidades del sector público, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social remitirá la queja a la Contraloría General del Estado para que inicie el proceso de investigación sobre la gestión de las autoridades obligadas, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública por la negación de información.”.
