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El abogado Carlos Cambala Montecé, asambleísta por la provincia de Santa Elena, manifestó que hasta la presente fecha no se ha comprobado que los pescadores artesanales se hayan beneficiado de las garantías constitucionales.
El artículo 373 de la Constitución, agregó Cambala, señala que el seguro social campesino es una garantía obligatoria para las personas dedicadas a la pesca artesanal, pero pocos son los que reciben esta ayuda, cuando es obligatoriedad del Estado buscar la manera de incorporarlos a dicho régimen.
De acuerdo a la normativa esta condición es subsidiada por el seguro social general que lo pagamos todos los trabajadores del sector público o privado.
“Los pescadores de Anconcito, Santa Rosa, La Libertad, Chuyuipe, Ballenita, y otros sectores no están siendo tomados en cuenta por autoridad alguna del Instituto de Seguridad Social”, acotó el asambleísta peninsular.
“De cien embarcaciones, tres de ellas no regresan de alta mar y nadie se apiada del sufrimiento de sus familias, lo cual es una vergüenza para todas las autoridades de la provincia, por esta razón he dispuesto se inicie un proceso de fiscalización en este sentido, para saber por qué razón los pescadores artesanales no ingresan al régimen del seguro social campesino” expresó Carlos Cambala.
En los próximos días la oficina administrativa del legislador, convocará a una reunión con la dirigencia de los pescadores artesanales de la provincia para determinar las acciones pertinentes a seguir, con la finalidad de que se logre este anhelado objetivo de la gente humilde de nuestra provincia, así como también se solicitará la información a las autoridades pertinentes del Seguro Social.
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