El
objetivo es que los legisladores, los abogados en libre ejercicio y la
academia diseñen de forma conjunta un sistema que transparente el cobro
de costas procesales en el país y que permita, además, erradicar el
litigio de mala fe.
El
titular de la Judicatura explicó que, sensible a dudas y
preocupaciones; y fiel a una política pública de transparencia, diálogo y
democracia, el CJ derogó el Reglamento de cobro de tasas por servicios
administrativos de diligencias y actuaciones de la Función Judicial y
resolvió abrir el debate sobre el tema de costas procesales.
“Lo
de fondo es el buen uso del recurso público que involucra aspectos
procesales: primero, no abusar de los recursos, y segundo, que si
alguien ha litigado de mala fe, está obligado a pagar las costas
procesales, así lo determina la Constitución y creemos que ese aspecto
no admite discusión”, dijo.
Según
el doctor Jalkh, la costa procesal está destinada a que el litigante de
mala fe pague, a quien ganó el juicio, por la contratación de abogados,
los temas logísticos y todos los gastos en que incurrió durante el
trámite.
Subrayó
que, además, el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y la Ley
Orgánica de la Función Judicial establecen que el Estado también tiene
derecho a las costas procesales por parte de quien no litiga con buena
fe.
El
documento de trabajo entregado a la Asamblea tiene la estructura de una
resolución del CJ e incluye normas constitucionales y legales así como
criterios técnicos acerca de cómo se miden las costas procesales. “Todo
esto tomando en cuenta que la Constitución, el Código Orgánico de la
Función Judicial (COFJ) y el COGEP establecen que el sistema debe
precautelar el bien público y, el costo social invertido en un proceso
judicial”.
El
titular del CJ señaló que, en junio, se realizará una primera
evaluación de los talleres y conversatorios que se van a efectuar a
nivel nacional en torno al tema. “Estamos abiertos al diálogo, somos
democráticos y respetuosos. Vamos a atender las dudas que se han
suscitado”, aseveró.
Vigencia del COGEP
En
la Asamblea Nacional, el Presidente Jalkh también explicó las acciones
administrativas y logísticas desarrolladas para la implementación del
COGEP, a partir del 23 de mayo. “Estamos listos para la aplicación de la
nueva normativa”, manifestó.
En
infraestructura, señaló que existen 938 salas de audiencias equipadas
con sistemas de grabación y 279 unidades judiciales no penales y
multicompetentes preparadas para aplicar la oralidad procesal.
Para
grabar las audiencias, explicó que el CJ además tiene 1677 grabadoras
manuales para enfrentar cualquier contingencia y 84 equipos móviles de
videoconferencia.
En
tecnología, informó que los jueces y secretarios judiciales cuentan con
herramientas como la firma electrónica con su debido sistema de
seguridad.
Además,
mencionó que están operativos los casilleros electrónicos a través de
los cuales se envían las notificaciones judiciales a los abogados en
libre ejercicio. También resaltó el sistema de actas resumen, el de
agendamiento de audiencias.
Respecto
de los remates judiciales en línea indicó que desde noviembre de 2015
se han publicado 430 procesos de este tipo en la página web del CJ, 239
están en etapa de difusión y 191 ya se realizaron.
Asimismo,
indicó 2163 servidores judiciales, entre jueces y secretarios, fueron
capacitados sobre el contenido del COGEP, ellos recibieron 486 horas de
formación. También 4538 abogados y estudiantes de Derecho participaron
en foros sobre la nueva legislación.
“Tenemos 1225 jueces que entran a aplicar el Código Orgánico General de Procesos”, aseguró.
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