El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tiene como mandato constitucional y legal el fomento de la transparencia y la lucha contra la corrupción desde el control social; esto es, desde las denuncias que presentan las ciudadanas y los ciudadanos. Para ello, esta institución garantiza al denunciante protección de su identidad y le otorga la debida orientación jurídica.
Ni la Constitución ni su Ley Orgánica le otorgan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la facultad de actuar de oficio. Es decir, esta institución no puede investigar un presunto caso de corrupción si no es por denuncia expresa presentada por la ciudadanía. Esta es una facultad que sí tienen otros organismos del Estado, como la Subsecretaría de Transparencia del Ejecutivo, entre otras.
Hasta la presente fecha se han obtenido 329 informes concluyentes de investigación, que han sido debidamente conocidos y aprobados por el Pleno del Consejo. De estos 329 informes concluyentes, 189 se han remitido a la Contraloría, 17 a la Fiscalía General del Estado y 123 a otras instituciones que tienen competencia para resolver los casos presentados.
La orientación jurídica que brinda el Consejo pretende ser una guía de apoyo a la ciudadanía sobre las herramientas aplicables a su caso concreto. Por ello, cuando la denuncia no está dentro de los ámbitos de su competencia se encamina a la o el denunciante a la entidad correspondiente de conformidad con la Constitución y las leyes aplicables al caso en particular. Hasta la fecha de cierre del informe del CPCCS, del periodo de gestión marzo 2010 - mayo 2015, se atendió y brindó asesoría legal a 1.968 ciudadanas y ciudadanos.
Por otro lado, también brindamos atención integral a los pedidos de intervención del Consejo por la falta de respuesta de las entidades del Estado ante las solicitudes formales de la ciudadanía. Es así que en este periodo se ha atendido 503 causas en total, entre denuncias y pedidos ciudadanos.
Hay que conocer que la propuesta de trabajo del CPCCS en el tema de la transparencia, que se rige a un ámbito constitucional y legal, apunta a una comprensión sistémica del fenómeno de la corrupción que propone un cambio de prácticas apuntando a la construcción de una cultura de la transparencia y al fomento de los espacios de participación, para que sea la ciudadanía efectivamente la primera fiscalizadora de la gestión pública, como dice la Constitución en su artículo 204.
La ciudadanía debe actuar y prevenir hechos de corrupción ejerciendo mecanismos de control social como la rendición de cuentas. Al respecto se están ejecutando programas como el Modelo de Prácticas Transparentes que se trabaja en conjunto con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Hasta diciembre de 2014 el Modelo lo implementan ya 141 instituciones públicas.
Además, por primera vez, se cuenta con una línea de base que servirá para medir los avances o retrocesos en el tema de la transparencia en el país a través del Índice de Transparencia.
El trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, durante éstos sus primeros cinco años, se ha desarrollado pese al reducido presupuesto asignado. Y al 2015 existe una entidad en funcionamiento, con un solvente equipo humano en las 24 provincias del país, una adecuada estructura administrativa y, sobre todo, un trabajo sostenido con la ciudadanía organizada.
