Rolando del Pozo, asesor jurídico de la Fiscalía General del Estado, FGE, explicó las implicaciones legales y penales concernientes a la contaminación ambiental, en el marco de la reunión interinstitucional que analizó la problemática ambiental de Montañita.
El encuentro de trabajo se realizó el 31 de enero del 2014 en la Fiscalía Provincial de Santa Elena, con la participación de delegados de la FGE, del Ministerio del Ambiente, de la Gobernación de la provincia de Santa Elena y representantes de la comuna de Montañita.
Del Pozo desarrolló los temas respecto a los derechos de la naturaleza, al nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a las alternativas para mejorar los sistemas que en materia de tratamiento de aguas negras existen en la zona.
Se refirió al artículo 226 de la Constitución del Ecuador donde indica que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.
“Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”, manifestó Rolando del Pozo.
El delito está establecido en el artículo 437 B del Código Penal, el cual determina que afectar al medioambiente con residuos de cualquier naturaleza, será reprimido con prisión de uno a tres años.
En el contexto del análisis del marco regulatorio, se abordó el problema ambiental en la comuna de Montañita, caso que está judicializado.
La contaminación se habría originado hace cuatro años debido a la suspensión de los trabajos del proyecto de alcantarillado, cuando al parecer los habitantes se conectaban clandestinamente.
Ante ello el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda ejecutó el servicio de drenaje, entonces se reemplazaron las tuberías de 110 mm por otras de 160 mm, con el fin de abastecer a los casi 4.500 habitantes.
Datos:
El 12 de diciembre del 2013 el fiscal Provincial de Santa Elena, Víctor Tomalá, emitió dictamen acusatorio contra cinco procesados en el caso de contaminación ambiental en la comuna Montañita.
La investigación contra estos ciudadanos se inició por el rompimiento de un muro de contención el 21 marzo del 2013, lo cual motivó que el agua contaminada del estero Chicharrón desembocara al mar.
Tomalá fundamentó las pruebas contra cada acusado, entre quienes constan funcionarios que en ese entonces dirigían y ejecutaban acciones de limpieza en esa localidad, por la declaratoria de emergencia.
En su dictamen, la Fiscalía acusó en calidad de encubridores a I. M. G. y C. L. G., y en el grado a autores materiales a V. Y. B. y C. P. C.
Al ciudadano J. S. G., un alto funcionario provincial, se lo procesó como autor intelectual.
Fuente: Fiscalía General del Estado
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