En Ecuador, cada vez más personas están pasando a instancias legales tras varios meses de atraso en el pago de sus deudas.
Abril marca un punto de quiebre. Según los registros de Defensa Deudores Ecuador, es el momento en que muchas obligaciones dejan de ser un problema económico y pasan a convertirse en procesos legales, con consecuencias como embargos y remates de bienes. Tras los ciclos de consumo de fin de año, como Black Friday y Navidad, comienzan a evidenciarse casos en los que los acreedores recurren a vías más agresivas de recuperación de cartera vencida, como demandas judiciales y procesos coactivos.
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“Las cifras reflejan una realidad: los ecuatorianos estamos sobreendeudados. Entre enero de 2023 y febrero de 2026 se registraron 1.447.428 procesos legales por deudas. De estos, el 56,1% corresponde a cobros de pagarés a la orden, un mecanismo que permite ejecuciones rápidas y directas”, explica el abogado César Coronel Garcés, de Defensa Deudores Ecuador.
Pichincha y Guayas concentran la mayor cantidad de estos procesos, con el 29,25% y el 19,53% del total nacional, respectivamente. “Existe la percepción de que, mientras no haya una notificación formal, la deuda sigue siendo solo un problema financiero. Sin embargo, en muchos casos el proceso legal ya está en marcha sin que la persona lo sepa, incluso con riesgo de afectar sus bienes”, añade.
De la mora a la demanda
Según la experiencia del estudio jurídico, cada vez más personas buscan asesoría cuando su situación ya está avanzada: demandas en curso, notificaciones judiciales, coactivas iniciadas o medidas como la retención de fondos y riesgo de embargo.
“Estamos viendo muchas deudas originadas entre 2020 y 2022, en el contexto de la pandemia. Personas que refinanciaron pensando que podían manejar la situación, pero la obligación creció hasta volverse impagable y hoy está en etapa judicial”, señala Coronel.
¿Cómo inicia la cobranza judicial?
La cobranza judicial inicia cuando el acreedor presenta una demanda ante un juez, conforme al Código Orgánico General de Procesos (COGEP), o activa la vía coactiva que se rige por las reglas del Código Orgánico Administrativo (COA).
Una vez admitida, se notifica al deudor
por distintas vías:
- Entrega
personal por citador judicial
- Boletas
en el domicilio registrado
- Citación vía correo electrónico, solo si fue autorizado por el demandado
Desde ese momento, el deudor tiene un plazo para pagar o defenderse. “No responder a una demanda no detiene el proceso. Al contrario, permite que avance sin oposición y puede terminar en embargo y remate de los bienes del demandado y sus garantes. Por eso es fundamental contestar con asesoría legal y presentar las excepciones correspondientes”, enfatiza.
En procesos coactivos, una de las
primeras señales es la retención de fondos en cuentas bancarias. Incluso esta
medida tiene restricciones que las personas desconocen, como la prohibición de
retención de sueldos, entre otros.
Actuar a tiempo marca la diferencia
Enfrentar una demanda por deudas implica también un impacto emocional: estrés, ansiedad e incertidumbre. Sin embargo, existen mecanismos de defensa. “Todas las personas tienen derecho a defenderse, pero muchas no lo hacen a tiempo. Eso puede llevarlas a perderlo todo. La asesoría legal permite ordenar la situación, identificar abusos y definir una estrategia”, indica Coronel.
En un contexto de aumento sostenido de
demandas por deudas, actuar desde las primeras señales de alerta puede marcar
la diferencia entre una solución viable y la pérdida de patrimonio.
Sobre DefensaDeudores.ec
Comenzó sus operaciones en el Ecuador en
2022, y es parte de DefensaDeudores.cl, la principal empresa dedicada a la
solución del endeudamiento crítico de personas y Pymes en Chile desde el año
1999, donde ha beneficiado a más de 500 personas.
En Ecuador cuenta con atención presencial en Guayaquil y
Quito y atención telefónica y virtual para el resto del país a través de la
página web www.defensadeudores.ec, los números 1800-DEUDAS y 0963002002 y el WhatsApp
0983497452.
DefensaDeudores.ec tiene tres pilares:
informar, educar y defender. En este sentido, comparte con los medios de
comunicación información relevante sobre aspectos legales en temas de deudas y
derechos del consumidor. Además, promueve consejos para el consumo responsable
con los que se podría evitar el sobreendeudamiento.
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