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Melissa Loor. Docente UIDE Campus Guayaquil
La
eliminación del subsidio al diésel es técnicamente defendible y es una medida
indispensable para consolidar la sostenibilidad fiscal del Estado ecuatoriano.
Este cambio no solo pretende hacer más eficiente el gasto público, sino generar
conciencia en el consumo de combustibles y, por ende, hacer más eficiente el
uso de energía en el país. También impactan las prioridades del gasto público,
desplazando aquéllas dirigidas al desarrollo social y económico. Esto crea un
problema para los políticos, que tienen que proteger ciertas industrias sin
destruir la sostenibilidad fiscal a largo plazo. De hecho, de acuerdo con las
últimas estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, de 2024, la
eliminación de gastos innecesarios y la optimización de recursos podría generar
un ahorro fiscal de hasta USD 1.200 millones anuales.
Pero la
manera abrupta y sin indemnización suficiente ha generado un paro nacional
indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE). Esta situación ha generado una serie de tensiones y molestias
que pueden llegar a afectar económica y socialmente a enorme escala no solo a
los pueblos originarios, sino a la población en general. La falta de diálogo y
negociación ha agravado la crisis y ahora tenemos ciudadanos sin saber qué
esperar del futuro.
Pérdidas
económicas estimadas: El paro nacional
de octubre de 2019 sirve como punto de referencia para estimar el efecto de una
movilización prolongada. En ese momento se estimaron pérdidas por USD 1.600
millones en solo 11 días, el 1,5% del PIB anual. Estas pérdidas se concentraron
en:
Comercio
interno: caída de 60%-80% en ventas diarias en las principales ciudades.
·
Exportaciones
agrícolas y petroleras: retrasos logísticos y bloqueos de vías que
interrumpieron las exportaciones de banano, flores, camarón y petróleo.
·
Turismo
y servicios: Se ven afectado el sector hotelero y los servicios relacionado con
transporte turístico y restaurant sufren perdidas debido a las cancelaciones de
reservas.
Productividad
laboral: Se contrajeron 30% las horas trabajadas, afectando al trabajo informal
y precario.
Si se
repitiera una movilización de este tipo, las pérdidas podrían superar
nuevamente los USD 1.500 millones, dependiendo del tiempo que dure, las vías
que sean bloqueadas y cómo reaccione el Gobierno.
El paro es
un ejemplo más de las fallas estructurales del Estado ecuatoriano: debilidad
institucional, falta de mecanismos efectivos de diálogo territorial y
desconexión histórica entre el diseño de políticas públicas y las realidades
socioeconómicas rurales. "La protesta indígena no es por el precio del
diésel; es la erupción de un conflicto histórico por el acceso a derechos,
recursos y oportunidades".
