En el Registro Oficial No. 577 emitido el 24 de octubre de 2022 consta la Ordenanza para ESTABLECER EL SISTEMA PROVINCIAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE en la provincia de Santa Elena, reconocida, discutida y aprobada por el GAD PROVINCIAL local en segundo y definitivo debate en la sesión del 29 de agosto del 2022. Con ello la prefectura de Santa Elena en goce de las atribuciones que le concede el artículo 322 del Código Orgánico de organización territorial Autonomía y descentralización sanciona la Ordenanza para establecer el sistema provincial de áreas de Conservación y uso sostenible en la provincia de Santa Elena.
La prefectura ha reconocido alrededor de 72.000 hectáreas tipo SPACUS y labora para que esas Áreas se mantengan protegida.
Como referencia El Consejo Provincial, está integrado por los alcaldes de los cantones La Libertad, Salinas y Santa Elena, representantes de las juntas parroquiales y otros designados por ley.
Sorprende que ahora la concejal Denisse Sandoval que anteriormente trabajó en la prefectura local proponga un proyecto para establecer lo mismo, es decir áreas protegida en la ruralidad cantonal, con un objetivo que abarca 110.000 hectáreas.
Si sumamos las 72.000 hectáreas a cargo de la prefectura más las 110.000 hectáreas tendríamos un ecosistema que significaría las dos terceras partes del territorio provincial, con la coincidencia que muchas tierras definidas por la prefectura también la incluiría la municipalidad de Santa Elena.
Las comunas recién están siendo informadas por las brigadas municipales al respecto, pero no le dicen a sus habitantes que al declararse áreas protegidas muchas comunas tendrá que remitirse a las ordenanzas y con ello habrá sectores donde no se podrá sembrar ciertos productos agrícolas, pescar, ni cazar, peor establecer camales, industrialización o procesamiento de aves o cárnicos, afectando con ello a la ya grave economía de las comunas del cantón Santa Elena.
Lo más preocupante es las sanciones graves a la que estarían expuesto los ciudadanos o comuneros por parte de la municipalidad de Santa Elena que podrían ser multados hasta con 30 salarios básicos, es decir alrededor de $14.100 dólares.
Genera duda estos proyectos que no sabemos si han sido consultado a la misma prefectura o al Ministerio de Medio Ambiente. La preocupación es porque en la municipalidad de Santa Elena hay un bando ideológico que apoya todo lo que proponga la alcaldesa María del Carmen Aquino, ahora con la asesoría de la edil DENISSE SANDOVAL, proponente del proyecto.
Un proyecto macro con el que sueña la concejal Sandoval no sabemos con qué interés, ya que como presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la municipalidad de Santa Elena poco hace para mantener el parque central con espacios verdes adecuados, tampoco hace nada por el deterioro de los baños de San Vicente, no sabemos si ha visitado las procesadoras de aves y cárnicos de avícola Fernández y Piedra que incumplen con la ordenanza por estar a menos distancia de la permitida.
Problemas ambientales de alcantarillado incumplidos sobre el tema la alcaldesa Aquino y concejal Sandoval nada informan, pero la ciudadanía que ingresa vía terrestre perciben los malos olores, ¿por qué esa permisibilidad a empresarios? realidad que contrastaría al establecer controles con sanciones graves a los comuneros que apenas tienen para sobrevivir
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