La tarde del 7 de julio de 2025, el Contralor General del Estado, Dr. Mauricio Torres, compareció ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional para informar los resultados de las acciones de control patrimonial realizadas en la función judicial.
Desde el 29 de noviembre de 2023, la Contraloría ha aprobado 110 informes de exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juradas de fiscales, jueces y funcionarios judiciales. Al respecto, el contralor puntualizó que “59 de los 110 informes aprobados, es decir más del 50 %, devinieron en informes con indicios de responsabilidad penal” por diferencias injustificadas en los activos y pasivos de los servidores.
Además, puso en conocimiento de los legisladores que otras 60 acciones de control están en ejecución y en el segundo semestre de 2025 iniciarán 7 exámenes adicionales.
Detalles de las acciones de control
En el Consejo de la Judicatura se realizaron 108 auditorías, de las cuales se desprendieron 57 informes con indicios de responsabilidad penal. En esta entidad se ejecutan 36 acciones de control adicionales y 6 más están por iniciar. Las provincias intervenidas son Azuay, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora Chinchipe.
Con respecto a la Fiscalía General del Estado, el contralor precisó que en esa entidad se aprobaron 2 informes con indicios de responsabilidad penal y especificó que 24 acciones de control están en ejecución y 1 se iniciará en los próximos meses. En este caso, las provincias en las que actúa la CGE son Azuay, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Zamora Chinchipe.
Exámenes especiales a otros servidores públicos
El Dr. Torres señaló que, durante su administración, que inició el 28 de noviembre de 2023, la CGE ha aprobado 134 informes de exámenes a declaraciones patrimoniales juradas de otros servidores públicos (de los que 45 fueron IRP), 161 exámenes están en ejecución y 16 auditorías están planificadas para este año.
Entre los grupos de servidores auditados se encuentran funcionarios de la Asamblea Nacional, Fuerzas Armadas (Generales), Policía Nacional, funcionarios del Gobierno Central y de los gobiernos autónomos descentralizados, funcionarios de las empresas públicas en los sectores estratégicos y, también, servidores de la propia Contraloría General del Estado.
Establecimiento de prioridades para exámenes a declaraciones patrimoniales
El Contralor Mauricio Torres explicó que, para planificar las acciones de control a las declaraciones patrimoniales juradas, la CGE ha implementado procedimientos de aprendizaje automático y análisis de datos, que permiten determinar comportamientos diferentes en la información de DPJ, respecto al conjunto de datos.
En estos procedimientos se analiza la información declarada por los servidores públicos (valores registrados de activos, pasivos y su patrimonio), que agrupan los diferentes componentes cuentas bancarias, inversiones, bienes muebles e inmuebles, deudas, entre otros.
Este análisis de datos y los procedimientos de ofuscamiento y enmascaramiento en los nombres y cédulas de los servidores, elimina la discrecionalidad en la determinación de acciones de control de declaraciones patrimoniales juradas.
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