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Cierto sector ciudadano de la provincia de Santa Elena próxima a cumplir 17 años de aquella independencia política muestra su insatisfacción por la desatinada labor que los políticos han realizado en los últimos años en los diferentes niveles administrativo; sea prefectura, alcaldías, concejalías, juntas parroquiales, esa decepción es relacionada a personas que llegan al cargo por elección popular, pero también hay críticas a los servidores públicos que alcanzan por A o B motivo un cargo en las diferentes administraciones estatales
Muchos se han mostrado inmutables ante indicios de corrupción, porque las autoridades de control muestran pasividad al respecto.
Es constante el llamado a Contraloría hoy bajo el mando de Mauricio Torres Maldonado a quien se lo espera desde hace meses en Santa Elena, para que reciba las quejas ciudadanas, porque las que se hacen en Salinas, da la impresión que la tiran al tacho de la basura, porque casi nunca responden.
Con dos anteriores contralores enjuiciados por corruptos como son los casos de Carlos Pólit y Pablo Celi que permitían coimas a cambio de arreglar irregularidades de alcaldes y prefectos, acciones deshonestas concretadas en la última década permitieron que muchas autoridades de elección popular de la provincia de Santa Elena, la mayoría semi retirados de la política que muestran sin vergüenza alguna su nueva economía.
Esta realidad la ha venido observando la ciudadanía, hoy existen políticos millonarios en la provincia de Santa Elena que fueron auditados, sus irregularidades no pasaron de una simple recomendación, así el pueblo viene observando como especialmente los alcaldes de turno a pretexto de actualizar información contratan consultorías por unos precios escandalosos, no utilizando las de anteriores burgomaestres a pesar del poco tiempo de realizadas sobre el mismo tema.
Uno de esos políticos propenso a las consultorías fue el exalcalde Antonio Espinoza gastó millones en ese rubro, famoso por construir un parque central en millones de dólares
Una dama valiente y honrada de origen polaca conocida como Monika Silva y pocos medios de comunicación ante la alarmante corrupción han tenido que investigar por su cuenta y riesgo las barbaridades cometidas por los políticos locales, algunos fueron elegidos como asambleístas y no han mostrado que desean fiscalizar por lo menos, tampoco aportan con leyes que beneficien a algún sector de la provincia de Santa Elena que se ve cada día empobrecida.
Se promocionan algunos candidatos para las elecciones de febrero 2025 entre ellos, Luis Segovia fue alcalde interino, conocido por adjudicar contratos para la realización de eventos onerosos y otras irregularidades, aún contraloría no ha revisado su labor.
Hace pocos días salió a la luz un negociado de terrenos en la comuna Montañita en la que señalan a la elegida dos veces concejal Ruth Villao, como vendedora de decenas de terrenos, ¿habría que revisar su declaración patrimonial?. Otro concejal reelegido Robinson Domenech incrementa su patrimonio exageradamente, él dice que trabajó desde niño, pero cuando llegó al municipio no tenía dinero, eso asentó en su declaración juramentada en contraloría
En esta edición se publica el incremento exagerado en la declaración juramentada del alcalde Francisco Tamariz.
En la Universidad Estatal Península de Santa Elena, el rector Néstor Acosta y su grupo de profesionales han dado contratos a dedo, también han recibido contratos sin cumplir los plazos, contraloría no dice nada al respecto.
La mayoría de concejales en los cantones Salinas, La Libertad y Santa Elena han incrementado su patrimonio con sueldos desde $2000 a $2500, las autoridades de control no se han dado por enterados.
Los alcaldes dan muestra de despilfarro de dinero en la realización de eventos, utilizando el pretexto de traer artistas caros, para entretener a una ciudadanía que adolece de servicios básicos en su entorno.
En el presente en poco tiempo en Contraloría Santa Elena han desfilado algunas personas como encargadas de ese despacho, pero, no se nota efectividad en su trabajo.
Los controles y auditorías abarca a los distintos estamentos del estado, como son las direcciones provinciales que manejan fondos públicos. hay quejas en decisiones tomadas por el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agrícultura, especialmente en tierras, lo mismo en lo referente a permisos de canteras a la autoridad pertinente.
En los distritos del Ministerio de Educación la ciudadanía afectada se queja de la entrega de bares a dedo.
Hasta el presente no se conoce ya que Contraloría General del Estado no lo divulga que algún administrador de fondos públicos haya sido sentenciado por irregulares actuaciones en la provincia de Santa Elena en los´ultimos años
El abogado Juan Pazmiño, gerente de LALITRAN EP entregó a la CTE publicamente en un evento en la que el alcalde Tamariz confirmó que la entrega de esas motos no era a título personal sino con fondos públicos, pero en el portal de compras públicas no consta ese proceso por parte de LALITRAN EP, hasta ahora contraloría no se da por enterada
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