La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos
para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su Comisionado para
América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, manifestó una profunda
preocupación por las detenciones irregulares a servidores públicos ocurridos en
el Estado de Veracruz. Dichos servidores fueron sometidos a proceso por
situaciones sorpresivas. En suma, una vez puestos en custodia, no se les
informa adecuadamente sobre su situación jurídica.
Primero fue al Mtro. José María del Río Virgen,
asesor de la Junta de Coordinación Política de Senado de la República, detenido
el 21 de diciembre de 2021 por presuntamente haber participado en el homicidio
de René Tovar, entonces candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera por el
partido Movimiento Ciudadano. A los seis meses fue liberado después de que un
juez federal sentenció que el proceso no reunía los requisitos legales ni
contaba con elementos que probaran la participación de Del Río en el delito.
Ahora es la Jueza Local Angélica Sánchez Hernández
quien pasa por una situación similar. La mañana del viernes 16 de junio fue
detenida cuando salía de un hotel en la Ciudad de México. Se le acusa de haber
liberado a uno de los presuntos involucrados en el asesinato del diputado Juan
Carlos Molina Palacios, ocurrido el 9 de noviembre de 2019. Su abogada y sus
familiares sostuvieron que la jueza solamente acató la orden de un juzgado
federal y que para sancionarla le están fabricando otro tipo de delitos.
No se puede dejar por alto el abuso de
autoridad de quienes ejercen sin identificación las detenciones de presuntos
delincuentes. En la CIDHPDA hacemos un llamado al Instituto de la Defensoría Pública
Federal para que se atienda y garantice, mediante un debido proceso, la
integridad física y los derechos fundamentales de esta funcionaria judicial que
ha caído en una irresponsabilidad inoperante.
Gutiérrez Yáñez manifestó que el Estado mexicano
no puede caer en un totalitarismo y contar con un servicio exprés y a la carta
de detención. Es necesario revisar el actuar del Ministerio Público por este
tipo de detenciones, pues han estado sucediendo con mayor frecuencia, dañando
así el equilibrio social. El Comisionado Presidente de la CIDHPDA advierte que,
de permitir acciones legales motivadas por un revanchismo político, se creará
un caos social e inestabilidad en el sistema jurídico. Por lo tanto, el Estado mexicano
debe apegarse estrictamente a los tratados internacionales en este tipo de
asuntos. México no puede seguir utilizando viejas prácticas durante los
procedimientos judiciales, como los llamados “levantones”, es decir,
detenciones que no respetan el debido proceso.
Nos solidarizamos con la Jueza Sánchez y con
la Asociación de Jueces y Magistrados. Así mismo exigimos que se haga respetar
la ley durante el proceso por el que está pasando la funcionaria pública.
Follow @laprimeraec
