Con 102 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó la importancia y transversalidad de la Declaratoria de las Naciones Unidas de los Derechos de los Campesinos y de otras Personas que trabajan en las Zonas Rurales.
También decidió velar por el cumplimiento, a través de sus órganos y de las unidades técnicas de asesoría, de las comisiones especializadas para impulsar las iniciativas que promuevan el ejercicio de los derechos de los campesinos del país, establecidos en la Declaratoria, especialmente en lo relacionado al acceso a crédito ágil, oportuno, con tasas de interés, plazos y períodos de gracia preferentes; educación, salud y seguridad social.
El asambleísta Xavier Santos, proponente de la resolución, tras advertir que han transcurrido casi 5 años del pronunciamiento de Naciones Unidas y aún no se han ejecutado los compromisos allí suscritos, reiteró que si bien la Asamblea Nacional dictó la Ley de protección y defensa de la economía familiar campesina, sigue pendiente la coordinación institucional, pues no han trabajado en el reglamento para aplicar la norma que busca dar a los campesinos y pescadores artesanales una expectativa mejor de vida.
“La ratificación de la Declaración de Naciones Unidas debe constituirse en un acto de justicia con la familia campesina y un compromiso para acabar con las exclusiones, la desatención del Estado y mejorar la protección de los derechos para quienes trabajan en el campo en asuntos como salud, educación, bienestar social”, añadió.
Esta declaración consagra los derechos a semillas, recursos naturales, organización colectiva, participación, derecho a la tierra, igualdad de género. También garantiza sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales.
Conforme la resolución del Pleno, la Declaración de Naciones Unidas se constituirá como insumo prioritario para la creación, reformas y propuestas de leyes generadas en la Asamblea Nacional. Además exhorta a todas las funciones del Estado al cumplimiento de la Declaración, transversalizando los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales en todas las políticas y programas públicos que estén vigentes y se generen por el Estado.
Comisión general
Previamente, el Pleno recibió en comisión general a Andrés Pilamunga, coordinador del Comité Nacional de Agricultura Familiar Campesina; Pacha Terán, de la Red de Guardianes de Semillas; Daniel Soriano, de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria; Daisy Hidalgo, de la Escuela de Formación Política y Soberanía Alimentaria -Troja Manaba; y, Romelio Gualán, líder de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro.
Andrés Pilamunga expresó que la primera economía del país son los agricultores, por ello se debe trabajar y legislar para este sector. “Los agricultores somos los más olvidados” afirmó, mientras que Pacha Terán pidió que el trabajo de los agricultores sea reconocido, e incorporar esta declaración en el marco jurídico como un acto de justicia básica para el sector campesino.
Romelio Gualán denunció que los municipios, transnacionales y minería han contaminado los ríos y matado las semillas, por lo que demandó de la unión de la sociedad para garantizar el alimento a toda la población.
Todos coincidieron que esta fecha es simbólica para las organizaciones campesinas, pues se constituye en el momento propicio para denunciar la ausencia de políticas públicas para contribuir el bienestar de la familia campesina, la expropiación de tierras o la falta de entrega de títulos de propiedad colectiva a las organizaciones y para sensibilizar sobre la importancia del sector campesino que produce más del 75 % de los alimentos en el país.
SL/pv
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