El proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública regresará a la Comisión de Participación Ciudadana, con la finalidad de acoger las observaciones y criterios vertidos por los legisladores en el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Ferdinan Álvarez, presidente de la comisión y ponente del informe, destacó que la propuesta unifica seis iniciativas legales y respeta la Constitución, la ley; y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano.
Agregó que a la ley promulgada en 2004 faltaba darle poder coercitivo a la Defensoría del Pueblo para imponer responsabilidades administrativas, en caso de incumplimiento al transparentar la información pública.
Durante el debate intervinieron ocho legisladores que solicitaron modificar el articulado para que la información sensible y reservada sea exclusiva de las instituciones que manejan asuntos relacionados con la defensa nacional, mientras que los contratos y facturas de los sectores de telecomunicaciones, petróleo y minería deben ser públicos. Expresaron su preocupación ante la posibilidad de acceder a información financiera con fines extorsivos.
La propuesta tiene como objetivo garantizar el derecho de acceso a la información pública de manera justificada, y que esta sea oportuna, completa y fidedigna para el ejercicio de los derechos ciudadanos contemplados en la Constitución de la República y la ley.
Determina que en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se aplicarán, además de los principios previstos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, los siguientes: máxima publicidad, supremacía del interés público, buena fe, gratuidad, igualdad y no discriminación, celeridad, in dubio pro actione, accesibilidad e integridad, rendición de cuentas, participación ciudadana y transparencia.
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