Este jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional con 118 votos afirmativos ratificó el texto aprobado del proyecto de Ley de Defensa del Comerciante Minorista y Trabajador Autónomo, que fue vetado en el año 2011 por el Ejecutivo.
Esta normativa que será remitida al Registro Oficial para su publicación, con lo que tendrá plena vigencia, tiene como objeto regular, fomentar, incentivar y garantizar las actividades productivas de comercio y servicios de los trabajadores autónomos y de los comerciantes minoristas, quienes constituyen una parte fundamental del sistema económico popular y solidario.
La ley también busca defender los derechos de los trabajadores autónomos; de las personas que desarrollan actividades de fabricación, producción, distribución y comercialización de bienes y a las personas que prestan servicios, de manera personal, ambulante o fija, habitual o temporal, sin relación de dependencia y cuyo capital de operación no supere los treinta y seis salarios básicos unificados.
El asambleísta Mario Ruiz, en su intervención aseguró que los trabajadores autónomos no pueden esperar un día más, pues ya han esperado más de once años para que esta ley se apruebe. “Hoy podemos ratificarnos en esta ley y darle una respuesta al pueblo, entreguémosles a los comerciantes minoristas ese alivio para que puedan llevar el pan de cada día a sus hijos y familias”, concluyó.
Luis Almeida recordó que él fue parte de la creación de esta ley en el año 2011, pero que lamentablemente fue vetada. “Hoy les damos aliento a estas personas, apoyemos esta ley y después hagamos las reformas que haya que hacer”, afirmó.
La legisladora Marcela Holguín expresó que su voto será, sobre todas las cosas, para acabar con las confiscaciones abusivas a las que los comerciantes se ven sometidos todos los días, aún cuando esto está prohibido en la Constitución. “Una vez que la ley sea publicada en el Registro Oficial hay que empezar a trabajar para actualizarla”, sostuvo.
Once asambleístas más participaron en el debate, todos coincidieron en que hay que actuar de inmediato para detener la confiscación de los productos que estas personas sufren cuando trabajan en las calles y espacios públicos de todo el país.
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