El Pleno de la Asamblea Nacional inició el juicio político en contra de Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Morillo, vocales del Consejo de la Judicatura y de la expresidenta del organismo, María del Carmen Maldonado, por incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y la ley. En la sesión de este miércoles se expusieron las pruebas de cargo por parte de los asambleístas interpelantes Viviana Veloz y Luis Almeida; y, de descargo. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocó a la continuación de la sesión 797, para hoy jueves 1 de septiembre, a las 10h00.
La asambleísta Viviana Veloz, inició su intervención señalando que el juicio político tiene como objetivo que la justicia recupere su autonomía e independencia. En sus argumentos precisó que el Consejo de la Judicatura incumplió sus funciones al no llamar a concurso de méritos y oposición para cubrir el déficit de 400 jueces y fiscales.
Mencionó que a través de 100 pruebas documentales y testimoniales demostró que la evaluación de jueces y conjueces estuvo llena de falencias, ilegalidades e irregularidades, así como en la selección de fiscales provinciales. Afirmó que hubo violación a la seguridad jurídica en el proceso de evaluación de 16 de los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia. La norma dice que se debe evaluar por tercios, cada tres años, pero se lo hizo a casi su totalidad, es decir no se respetó el debido proceso ni se lo hizo en el momento oportuno.
Viviana Veloz enfatizó que no existe la figura de conjueces temporales a la que acudieron los actuales vocales del Consejo de la Judicatura para llenar las vacantes que se produjeron con la ilegal separación de los jueces que no superaron la fase de evaluación. Se incumplió el artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial al no tomar en cuenta el banco de elegibles, subrayó.
Aseveró que al dejar en manos de una Comisión o un Comité de Apoyo la evaluación se contravinieron expresas normas legales que prohíben la delegación de las funciones del Consejo. Se violó el principio de legalidad, dijo Viviana Veloz al señalar que demostró de forma técnica y jurídica el incumplimiento de funciones.
De conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, Viviana Veloz mocionó la censura de María del Carmen Mandonado, extitular del Consejo de la Judicatura y la censura y destitución de los vocales Fausto Murillo, Juan José Morillo y Maribel Barreno por haber incumplido sus funciones.
De inmediato, el parlamentario Luis Almeida habló de la serie de incumplimientos del Consejo de la Judicatura, que no quiso solucionar los problemas que tiene la justicia ecuatoriana. Mencionó que el vocal Morillo manejó el sistema de administración de sorteos y citaciones donde desaparecían demandas. Indicó que el Parlamento debe liberar a la justicia. Hago mías las expresiones y moción de la legisladora Viviana Veloz, indicó Luis Almeida, al señalar que hace falta la evaluación de jueces a nivel nacional.
Luego, le tocó el turno a Fausto Murillo, actual presidente del Consejo de la Judicatura, quien recordó que el juicio político tiene reglas mínimas y su deber es defender la gestión llevada adelante. Seguidamente, expuso las normas y resoluciones que facultan a este organismo a evaluar el desempeño de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, proceso que nace de un exhorto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.
Dijo que de conformidad con la Constitución, el Consejo de la Judicatura se encargó de evaluar a los jueces con el apoyo de un comité de expertos que brindaba asistencia técnica, pero jamás delegó esta competencia. La evaluación a los jueces se lo hizo de forma técnica y objetiva para remover a aquellos funcionarios que no alcanzaron un puntaje de 80%, es decir, jueces incompetentes que no estaban capacitados para administrar justicia. Aclaró que los jueces removidos no tienen derecho a una segunda oportunidad porque están fuera de la carrera judicial.
Murillo señaló que para no suspender el sistema nacional de justicia, porque el 80% de jueces no superó las pruebas de evaluación, nombró a conjueces, de conformidad con lo que establece el artículo 40, numeral 2 del Código de la Función Judicial. Sobre el nombramiento de fiscales provinciales, señaló que se declaró la nulidad de ese concurso, porque la Contraloría observó que el sistema no daba seguridad ni transparencia. Indicó que sobre la base de los argumentos expuestos y al no haber causal alguna solicita archivar el juicio político.
De inmediato expuso su defensa el vocal Juan José Morillo, quien subrayó que no existe argumento alguno que demuestre el incumplimiento de funciones. Precisó que el Consejo de la Judicatura realizó un proceso de evaluación al amparo de lo que dispone la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial.
Mencionó que debido al incremento de patrimonios injustificados el Consejo de la Judicatura solicitó a la Contraloría realice un examen especial del patrimonio de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Por último, solicitó archivar el juicio político, ya que -a su criterio- no han incumplido sus funciones.
Después, Maribel Barreno se refirió a las siete acusaciones de los interpelantes. Entre otros, aspectos, justificó la asistencia técnica, jurídica y metodológica del Comité de Apoyo a la Evaluación y dijo que en ningún momento el Consejo delegó sus facultades. La mejor defensa de los interpelados sobre este particular es la sentencia de la Corte Constitucional que determinó que no se evidencia delegación de facultades al Comité de Apoyo, es decir, una cosa juzgada no debe revisarse en el ámbito político, agregó.
Aseguró que la nominación de conjueces temporales se hizo para llenar las vacantes dejadas por los jueces y conjueces que no superaron la evaluación; y, en razón de que estaba agotado el banco de elegibles por efecto de la resolución emitida por Gustavo Jalkh en el 2018. Al finalizar su intervención solicitó archivar el juicio político.
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