El Pleno de la Nacional tramitó en primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que tiene como objetivo superar los vacíos de la norma y enfrentar los problemas que vive la institución.
El legislador Dalton Bacigalupo, en su calidad de ponente, sostuvo que las reformas se plantean como una solución para corregir el vacío legal existente en la Ley. Entre las reformas se refirió a la figura de ausencia temporal de la primera autoridad de la Contraloría. En lo relacionado a la ausencia definitiva, planteó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), sea el organismo encargado de designar al mejor puntuado, en orden de prelación del mismo concurso público de méritos y oposición con el que se designó a la primera autoridad de la Contraloría.
Además señaló que, para el análisis del proyecto, la mesa legislativa contó con la participación proactiva de la ciudadanía, a fin de consolidar el diálogo directo con los distintos actores, con el propósito de recibir aportes de asambleístas, catedráticos, instituciones públicas y privadas, de representantes de la sociedad civil, así como de varios expertos vinculados al sector que controla el buen uso de los recursos estatales.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió cinco proyectos reformatorios e interpretativos a los artículo 32 y 33 de la Ley de la Contraloría General del Estado, presentados por los legisladores Ángel Maita, Francisco Jiménez, Luis Almeida, Sofía Sánchez, Gissella Molina y Yeseña Guamaní, los mismos que fueron unificados, debido a que se refieren a una misma materia.
Debate
En el debate intervinieron trece legisladores, quienes coincidieron en la necesidad de reformar la ley para solucionar los problemas que enfrenta la institución y evitar que vuelvan a ocurrir en el futuro, cuando se produzca la ausencia temporal o definitiva de sus autoridades.
La parlamentaria Sofía Espín resaltó que la designación de las máximas autoridades de la Contraloría debería realizarla el Consejo de Participación Ciudadana conforme establece la Constitución.
Por otro lado, la asambleísta, Yeseña Guamaní propuso que entre los requisitos se contemplen cursos de acreditación, renunciar al sigilo bancario y autorizar la investigación de sus ingresos. A este criterio se sumaron varios asambleístas.
También propuso que los actos administrativos de desvanecimiento de las glosas que se encuentren entre los 100 y 200 salarios básicos unificados del trabajador en general se publiquen en la página web institucional y se comunique a la Procuraduría General del Estado.
Las asambleístas Nathalie Viteri y Vanessa Freire expresaron estar de acuerdo con las reformas planteadas y sugirieron revisar la redacción completa del articulado, a fin de evitar confusiones.
Los parlamentarios coincidieron que se debe dotar al país de una Ley que devuelva la institucionalidad a la Contraloría General del Estado a la brevedad posible.
Las observaciones realizadas por los legisladores serán remitidas a la Comisión de Justicia, a fin de que sean procesadas y posteriormente elaborar el informe para segundo debate para conocimiento y resolución del Pleno de la Asamblea Nacional.
KC/pv
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