Con 6 votos a favor, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral aprobó el informe sobre la crisis carcelaria y la alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el Ecuador, mismo que será puesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional.
El presidente de la mesa legislativa, Ramiro Narváez, señaló que “desde el mes de mayo de este año han realizado un proceso de fiscalización, levantamiento de información y análisis, con el propósito de evidenciar la actuación de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria y inseguridad ciudadana que vive el país”.
Para la elaboración del informe, la comisión escuchó los aportes de autoridades, representantes de organizaciones de la sociedad civil; familiares de personas privadas de la libertad; representantes de los agentes de seguridad y vigilancia penitenciaria; expertos nacionales e internacionales; y, académicos, dando como resultado un total de 839 requerimientos de información.
El parlamentario señaló que el informe consta de 75 recomendaciones, que serán un insumo importante para que el Ejecutivo trabaje en políticas públicas, en torno a la seguridad del país.
De igual forma, sostuvo que con el propósito de evitar subjetividades; dotar de mayor rigurosidad a la investigación; garantizar el debido proceso y el derecho de las autoridades a presentar la información y respaldos respecto a las acciones realizadas para prevenir y enfrentar la situación de inseguridad y la crisis penitenciaria, la Comisión elaboró requerimientos de información que fueron preparados por el equipo técnico con los insumos remitidos por los asesores de cada uno de los comisionados.
Entre las recomendaciones constan: la asignación de recursos necesarios para el mantenimiento de la infraestructura existente; planificación de nuevas unidades de Policía Comunitaria y unidades de vigilancia comunitaria; la definición de un modelo de gestión que garantice la permanencia de funcionarios; la generación y transferencia de capacidades; apoyo de organismos internacionales que permita dar respuesta a la situación carcelaria; y, fortalecer las capacidades instaladas en los centros de privación de libertad en cuanto a los recursos humanos en las áreas de trabajo social, psicología y orientadores de las actividades en los distintos ejes de tratamiento.
KC/pv
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