Con base en 116 elementos de convicción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra quince personas, entre ellas los exministros de Defensa Wellington S. y Javier P., por su presunta participación en el delito de peculado, en la adquisición de siete helicópteros Dhruv, en agosto de 2008.
El juez nacional Luis Rivera dictó a los procesados la prohibición de salida del país y presentación periódica. Además, les dispuso la prohibición de enajenar bienes inmuebles por un monto de 500 salarios básicos unificados, y la prohibición de enajenar los tres helicópteros Dhruv por el tiempo que dure la instrucción fiscal (noventa días).
La audiencia –que duró más de diez horas– se desarrolló este 6 de octubre en la Corte Nacional de Justicia, en la que participó la fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez, quien señaló que Fiscalía investiga el proceso de contratación para la adquisición de siete helicópteros por parte del Estado ecuatoriano, mismo que habría estado viciado desde la fase preparatoria hasta su ejecución.
Indicó que las actuaciones sistemáticas de estos funcionarios públicos infringieron el deber y la obligación de velar por la correcta administración pública, pues –arbitrariamente– haciendo uso de su función, erogaron 63’159.152,17 dólares en beneficio de la empresa adjudicada, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), a pesar de que no cumplía con varias especificaciones técnicas operacionales.
La investigación se centra en la cuarta intensión de compra que inició la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), en diciembre de 2007, con un informe de necesidades para la adquisición de los siete helicópteros, en el que –si bien se argumentó la necesidad de las aeronaves– no se justificó estadística ni técnicamente el número que debían ser adquiridos. Sin embargo, esta compra ya se respaldaba en una certificación presupuestaria de 67 millones de dólares inexistentes, ya que, a la fecha del inicio de la fase precontractual, no fue real ni confiable su acreditación.
En febrero de 2008 inició la fase precontractual para el contrato de adquisición de los helicópteros, declarado como “emergente”, por parte del entonces Ministro de Defensa, Wellington S.
Luego, Carlos M., director ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional, emitió directrices para orientar el proceso, a través de un instructivo, que –además– nombró una Comisión Técnica Legal y Económica para el análisis del proceso, transgrediendo lo establecido en la Ley de Contratación Pública y otras normas institucionales.
A esto se sumó el accionar de la Comisión Técnica, Legal y Económica, que analizó las ofertas, integrada por Vicente I., Wilson A., Marco F., Gonzalo E. y Jaime E., quienes elaboraron un informe calificado como “confidencial y reservado”, en el que –de manera discrecional y fraudulenta– habrian calificado a la empresa HAL para el proceso, incumpliendo con al menos treinta elementos técnicos.
El 23 de junio de 2008, el Comité de Contrataciones de la FAE, integrado por Carlos B., Eduardo E., Merwin V. y Luis V. adjudicaron el contrato a la empresa HAL.
Finalmente, cinco de las aeronaves adquiridas fueron recibidas en junio de 2009, mediante la entrega anticipada convenida entre las partes, sin registrar los incumplimientos por parte de la compañía HAL, por disposición del entonces ministro de Defensa Javier P., y del comandante de la Fuerza Aérea, Rodrigo B.
La segunda entrega se realizó mediante «entrega parcial», que hasta la presente fecha no ha sido cumplida, razones por las que el propio Ministerio de Defensa alegó terminación unilateral del contrato, misma que está plenamente judicializada y ejecutoriada.
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