El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) suscribió el contrato para la reparación de vías, por USD 4’814.884,15, el 16 de enero de 2017. La auditoría estableció que el MTOP pagó, sin sustento, USD 653.826,19 a la constructora, debido a que el costo del transporte y de los materiales se facturaron de forma independiente, inobservando las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, codificada como MOP-001-F 2002.
Además, los auditores determinaron errores de cálculo en la cantidad de material efectivamente transportado, a los lugares de las obras y hacia las escombreras. En siete planillas se incluyó un factor de espojamiento del 20 %, aspecto que no constó en las especificaciones técnicas del proyecto y originó un pago adicional de USD 100.762,53 a la contratista.
En la construcción del puente Bonce, ubicado sobre la vía Portoviejo – Santa Ana, los diseños se fundamentaron en un estudio elaborado tras las afectaciones ocasionadas por el Fenómeno del Niño de 2008, por lo que la información no estuvo actualizada de acuerdo a los parámetros de sismo resistencia, señalados en la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-2015).
El MTOP resolvió, sin justificación técnica ni legal, suprimir las obras en la estructura del puente Los Caras (que conecta los cantones de Bahía de Caráquez y San Vicente), para subsanar los daños derivados del terremoto de abril de 2016. La decisión se sustentó señalando “caso fortuito”, argumentando que en el país no se producen los aisladores sísmicos necesarios para la obra.
Contraloría estableció fallas en la fiscalización de las obras y ausencia de controles adecuados, que ocasionaron pagos sin justificación por USD 754.588,72 en el contrato emergente de reparación de vías y construcción de puentes en Manabí.
El equipo de control señala que este requerimiento constó en el contrato y que el argumento de la contratista no se enmarcó en la definición de “caso fortuito o producido por efectos de la naturaleza”, que consta en el artículo 30 del Código Civil.
Durante el examen especial se identificó que la fiscalizadora no cumplió con los requisitos de experiencia solicitados en los pliegos. En la ejecución de las obras no incluyó el detalle de los hechos relevantes en sus informes mensuales, no entregó todos los informes previstos y no realizó el control necesario, para asegurar que la constructora cumpla los términos del contrato de obra. El MTOP no estableció la multa, por USD 196.893,48, derivada del incumplimiento contractual.
El informe de Contraloría advierte que no se gestionó el permiso ambiental en el Ministerio de Ambiente, por lo que no se fijaron requisitos, términos, condiciones y obligaciones para prevenir, mitigar, corregir, compensar o eliminar los impactos ambientales generados por la ejecución del proyecto.
Además, la constructora y la fiscalizadora no presentaron los seguros de pólizas de responsabilidad, que cubran los riesgos y daños a terceros durante las obras y prestación de los servicios de fiscalización.
El informe del examen especial, aprobado por la Contraloría General del Estado (CGE), señala que la constructora, contratada para ejecutar las obras de reparaciónde los tramos viales Bahía - San Vicente (puente Los Caras), Junín - Pimpiguasí y Portoviejo - Santa Ana, incluida la construcción del puente Bonce, incumplió las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos, en cuanto de transporte de materiales, por lo que no debió adjudicarse la contratación.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) suscribió el contrato para la reparación de vías, por USD 4’814.884,15, el 16 de enero de 2017. La auditoría estableció que el MTOP pagó, sin sustento, USD 653.826,19 a la constructora, debido a que el costo del transporte y de los materiales se facturaron de forma independiente, inobservando las Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes, codificada como MOP-001-F 2002.
Además, los auditores determinaron errores de cálculo en la cantidad de material efectivamente transportado, a los lugares de las obras y hacia las escombreras. En siete planillas se incluyó un factor de espojamiento del 20 %, aspecto que no constó en las especificaciones técnicas del proyecto y originó un pago adicional de USD 100.762,53 a la contratista.
En la construcción del puente Bonce, ubicado sobre la vía Portoviejo – Santa Ana, los diseños se fundamentaron en un estudio elaborado tras las afectaciones ocasionadas por el Fenómeno del Niño de 2008, por lo que la información no estuvo actualizada de acuerdo a los parámetros de sismo resistencia, señalados en la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-2015).
El MTOP resolvió, sin justificación técnica ni legal, suprimir las obras en la estructura del puente Los Caras (que conecta los cantones de Bahía de Caráquez y San Vicente),para subsanar los daños derivados del terremoto de abril de 2016. La decisión se sustentó señalando “caso fortuito”, argumentando que en el país no se producen los aisladores sísmicos necesarios para la obra.
El equipo de control señala que este requerimiento constó en el contrato y que el argumento de la contratista no se enmarcó en la definición de “caso fortuito o producido por efectos de la naturaleza”, que consta en el artículo 30 del Código Civil.
Durante el examen especial se identificó que la fiscalizadora no cumplió con los requisitos de experiencia solicitados en los pliegos. En la ejecución de las obras no incluyó el detalle de los hechos relevantes en sus informes mensuales, no entregó todos los informes previstos y no realizó el control necesario, para asegurar que la constructora cumpla los términos del contrato de obra. El MTOP no estableció la multa, por USD 196.893,48, derivada del incumplimiento contractual.
El informe de Contraloría advierte que no se gestionó el permiso ambiental en el Ministerio de Ambiente, por lo que no se fijaron requisitos, términos, condiciones y obligaciones para prevenir, mitigar, corregir, compensar o eliminar los impactos ambientales generados por la ejecución del proyecto.
Además, la constructora y la fiscalizadora no presentaron los seguros de pólizas de responsabilidad, que cubran los riesgos y daños a terceros durante las obras y prestación de los servicios de fiscalización.
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