Con el propósito de alcanzar una regulación acorde al desarrollo tecnológico y necesidades del sector de las Telecomunicaciones, impulsar su crecimiento y fomentar la adopción y evolución de las nuevas tecnologías, el pasado 19 de julio, el Presidente Guillermo Lasso expidió la reforma al Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT), mediante Decreto Ejecutivo No. 126. Y, desde este martes, 3 de agosto de 2021, entró en vigencia con su publicación en el Registro Oficial.
Esta reforma marca un hito al permitir que el 1 % sobre los ingresos facturados y percibidos, que contribuyen todas las operadoras de telecomunicaciones, sean reinvertidos en proyectos sociales y de desarrollo, permitiendo que la conectividad salga al encuentro de los ciudadanos llegando a zonas priorizadas o segmentos vulnerables de la población para permitirles acceder a la tan anhelada teleducación y telemedicina, entre otras ventajas que ofrece la tecnología.
Hasta antes de la promulgación del Decreto, este aporte -que realizan las operadoras de telecomunicaciones correspondiente al pago del Fondo por Servicio Universal- no tenía un impacto directo en el desarrollo tecnológico del país; por lo que la firma de este decreto es un gran avance que nos permite reducir la brecha digital, beneficiando directamente a los sectores más vulnerables.
Además, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica del sector se incorporan algunas definiciones técnicas como: ingresos totales facturados y percibidos, competencia efectiva, derechos de otorgamiento de títulos para la prestación de servicios de telecomunicaciones, emergencia, línea del servicio móvil avanzado, entre otros.
También se reforma el ordenamiento jurídico sectorial que contempla diversas regulaciones, requisitos y procedimientos obsoletos, duplicados o que no generan valor a los procesos de control y desarrollo sectorial a fin de alcanzar una regulación eficiente.
Asimismo, adecúa la reglamentación de los procedimientos administrativos sancionadores y de control a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, ajustándose con las disposiciones del Código Orgánico Administrativo. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), tendrá un plazo de 60 días para definir la metodología de cálculo y graduación para la aplicación de multas establecidas en la LOT, ponderación de concurrencia de atenuantes y las medidas inherentes al proceso sancionador.
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