El Pleno de la Asamblea Nacional, con 130 votos, ratificó el Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite, que tiene por objetivo mejorar las telecomunicaciones marinas, las comunicaciones de socorro y las destinadas a la seguridad de la vida humana en el mar, el rendimiento y la explotación de los buques, los servicios marítimos de correspondencia pública y todos los medios de radio determinados.
Este protocolo es un instrumento clave que viene a complementar el Convenio Constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite y guarda concordancia con la Constitución. Además, no transgrede derechos constitucionales y su aplicación constituye una prerrogativa del Estado, y guarda armonía con un instrumento internacional previamente ratificado, con el único afán de que sea posible su óptima ejecución.
Ecuador suscribió y aprobó el Convenio Constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite en el año 1976 y fue enmendado por última vez en el año 2008.
La legisladora Yessica Castillo, vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y ponente del informe, señaló que el instrumento internacional contiene 22 artículos, según los cuales, los Estados miembros, incluido el Ecuador, reconocen y afirman las competencias de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite, para el cumplimiento de su finalidad principal, esto es, promover servicios para el sistema mundial de socorro y seguridad marítima, con fines pacíficos.
En el debate se indicó que este instrumento facilitará el logró del objetivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite y asegura el eficaz desempeño de sus funciones. La organización está constituida para garantizar las actividades comerciales y los servicios relacionados con el socorro destinado a la seguridad de la vida humana en el mar, el rendimiento y explotación de los buques.
Entre otros aspectos, resaltaron que con el Protocolo la solución de controversias se llevará a cabo por la vía de la negociación o mediante otros procedimientos convenidos entre las partes. Manifestaron que no se observa ningún conflicto de constitucionalidad o legalidad, por tanto, la ratificación por parte del Parlamento es procedente.
JLVN/pv
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