Quito (Pichincha), 09 de junio de 2021.- Fiscalía vinculó –vía telemática– a Byron G., fiscal de Soluciones Rápidas 3, a la instrucción fiscal que se sigue en contra de Jaime Vladimir H., secretario la Fiscalía de Soluciones Rápidas 1, quien es procesado por su presunta participación en el delito de concusión, debido a que habría exigido 20.000 dólares a la denunciante para agilitar y “favorecerle” en un proceso penal.
Dicha causa (en la que se habría ofrecido “favorecer” a la víctima) se estaría tramitando en la Fiscalía de Soluciones 3, que está a cargo de Byron G.
La relación entre ambos se habría establecido a través de la explotación de sus teléfonos celulares, en los que se encontraron conversaciones que habrían utilizado “jerga” o comunicación en clave para referirse al presunto cometimiento del delito; lo cual se estableció a través de una pericia de perfil criminológico.
Estos elementos de convicción, entre otros, fueron presentados en la audiencia de vinculación desarrollada la tarde de este miércoles 9 de junio de 2021.
Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el procesado; sin embargo, su defensa argumentó que tiene el 51% de discapacidad física.
El juez Telmo Molina dictó uso de dispositivo electrónico de vigilancia, presentación lunes y viernes ante Fiscalía y prohibición de salida del país
La instrucción fiscal se extiende por treinta días más (sesenta días en total)
El caso
Tras una denuncia ciudadana conocida por la Policía Nacional, Jaime Vladimir H., funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien se desempeñaba como secretario de la Fiscalía de Soluciones Rápidas 1, fue aprehendido en delito flagrante y posteriormente procesado por su presunta participación en el delito de concusión. Durante la audiencia correspondiente se le dictó prisión preventiva.
Luego de conocer sobre los presuntos actos de corrupción denunciados por la víctima, se ejecutó un operativo coordinado con la Policía Nacional, en el cual el funcionario fue detenido en su lugar de trabajo (Casa de Justicia, norte de Quito).
Las investigaciones correspondientes determinaron la presunta participación de Byron G. en el mismo caso, por lo que se procedió con su vinculación.
Debido a la naturaleza del presunto delito, este proceso es acompañado por la Dirección de Transparencia de la FGE, creada para atender posibles actos de corrupción dentro de la Institución.
Dato jurídico
El delito de concusión sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años a los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de dinero o bienes.
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