El Pleno de la Asamblea, en la continuación de la sesión virtual 699, recibió en comisión general a representantes de sectores productivos, un experto en propiedad intelectual y al principal de la Unidad de Delitos Aduaneros, quienes respaldaron el proyecto de Ley Orgánica que Reforma Diversos Cuerpos Legales para Reforzar la Prevención y el Combate al Comercio Ilícito, Fortalecer la Industria Nacional y Fomentar el Comercio Electrónico, antes del inicio de su análisis en segundo debate.
La propuesta legal, tramitada por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que preside José Serrano, establece un marco jurídico idóneo para combatir el contrabando, la defraudación y la receptación aduanera, los actos lesivos contra la propiedad intelectual y el lavado de activos, así como adecúa las penas contra los delitos asociados al comercio ilícito.
Sasha Madakovic, experto en temas de propiedad intelectual, aseveró que, según estudios, el comercio ilícito en el mundo bordeará el 1.9 y los dos billones de dólares para el 2022. Este fenómeno incide en el desempleo, la defraudación a los estados y está asociado al financiamiento del crimen organizado. Pero, no solo el perjuicio es de carácter económico, sino que compromete la salud de las personas, porque cada vez circulan marcas falsificadas en alimentos, bebidas y medicinas, añadió.
Consideró trascendente el hecho de que se amplíen las sanciones hasta penas privativas de libertad, porque en el actualidad, con las reformas al Código Orgánico Integral Penal de 2014, únicamente se determinaban multas, que no cumplieron con el objetivo de combatir el contrabando y la defraudación. A la vez, formuló algunas recomendaciones encaminadas a mejorar la normativa.
Entre tanto, Pedro Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, felicitó la iniciativa, pues se trata de una ley que permitirá luchar contra el comercio ilícito, práctica que alcanza los 210 mil millones anuales en Latinoamércia, según cifras de 2019 y que se ha incrementado en las actuales condiciones, con la pandemia de COVID-19. Agregó que el resultado es extremadamente alto en Ecuador, puesto que bordea el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, 2000 millones de dólares anuales.
Zambrano indicó que este problema se manifiesta a través de una serie de delitos conexos, que no solo atañen al comercio, la falsificación de marcas y productos, sino que está presente en la mayoría de las actividades productivas, como en la industria textil, agroindustria, tabacalera, licores, farmacéutica, ya que se trata de un delito de alto rendimiento, con bajo riesgo. De ahí la necesidad de establecer sanciones más duras, así como mecanismos de control adecuados para contrarrestar prácticas fraudulentas.
De su lado, Javier Díaz Crespo, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), expresó que se trata de una ley sumamente importante para el país, para el empleo, para la producción y para la inversión, puesto que esta normativa pemitirá, realmente, combatir toda práctica que contribuya a transgredir la ley en materia de comercio. A su juicio, será una ley bastante avanzada para frenar el contrabando que afecta a la mayoría de los sectores productivos del país.
Finalmente, Joan Luna, jefe de la Unidad de Delitos Aduaneros de la Policía Nacional, aseguró que el delito de contrabando se ha incrementado en Ecuador, al punto que en este año se decomisaron más de dos millones de unidades de medicamentos, bisutería, zapatos, textiles, electrodomésticos, entre otros productos, lo cual amenza la seguridad integral de todos.
Enfatizó que esta ley tiene que ser aprobada y promulgada para frenar el contrabando, que no solo tiene incidencia en la defraudación y evasión fiscal, sino que está asociado a otros delitos como el enriquecimiento privado injustificado.
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