Las pruebas presentadas por Fiscalía fueron claras y contundentes para demostrar que Paúl. C. Ch. es el responsable, en calidad de autor, del delito de homicidio, perpetrado contra Jhony Z. S., de 31 años.
Hoy, 16 de marzo, un Tribunal de Garantías Penales emitió la sentencia condenatoria de trece años de pena privativa de la libertad para el acusado.
Durante la audiencia de juicio, el fiscal Alexei Hoyos, de la Fiscalía de Personas y Garantías, presentó el testimonio de un testigo presencial del crimen, el informe médico-legal, que confirmó que Jhony Z. S. recibió un impacto de un proyectil de arma de fuego a menos de 80 centímetros de distancia y que la bala le ocasionó una laceración de pulmón, hígado y riñón.
También se expuso el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, el acta de levantamiento de cadáver y el testimonio del agente investigador de la Policía Nacional.
Además de la máxima pena privativa de la libertad por este delito, los jueces dispusieron –como medida de reparación integral– el pago de 20.000 dólares a favor de los familiares de la víctima.
Pugna de poderes
De acuerdo con la teoría demostrada por el fiscal Hoyos, el crimen obedeció a una pugna de poderes entre dos miembros de la pandilla conocida como “Lating King”.
Eran aproximadamente las 19:30 del 17 de abril de 2019. Como todos los martes, se planificó una reunión de líderes en la casa comunal del barrio Lucha de los Pobres, en el suroriente de Quito.
Uno de los primeros en llegar fue Jhony Z. S., alias “Jazz”. Luego cruzó la puerta Paúl C. Ch., alias “Loco Carrillo”.
Este último, según Fiscalía, increpó a la víctima por haber cuestionado su liderazgo en el manejo de las cárceles.
De acuerdo al testimonio anticipado del testigo presencial presentado por Fiscalía, el victimario disparó a sangre fría en el tórax a Jhony Z. S.
El acusado se dio a la fuga y salió del país, pero fue identificado y extraditado desde Chile, en octubre de 2020, para que enfrente a la justicia.
Dato jurídico
El artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el homicidio con una pena privativa de la libertad de diez a trece años.
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