Tres ciudadanos habrían pedido entre 300 y 2.000 dólares a unas cuarenta personas, a cambio –supuestamente– de un puesto de trabajo en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
Ellos son Eduardo Andrés C. Sh. y los hermanos Grace Tamara y Alex Darío V. F., quienes se encuentran con prisión preventiva. El fiscal de Patrimonio Ciudadano, Santiago Guzmán –de turno en flagrancia el 1 de noviembre de 2020–, los procesó por el presunto delito de estafa masiva y abrió una instrucción fiscal de treinta días.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, Fiscalía detalló que los procesados portaban carnés del Municipio, que se les encontraron uniformes de la misma entidad y que ofrecían contratos falsos.
Fueron aprehendidos en el sector de la Mariscal Sucre durante el último feriado, en el lugar donde citaron a una de las perjudicadas para decirle “espere, ya le va a salir el trabajo”.
Al lugar acudieron unas 20 personas más (a quienes les seguían ofreciendo los cargos) y encararon a los hoy procesados, diciéndoles que es mentira la venta de puestos de trabajo y los golpearon.
Cuando la Policía intervino para separar la pelea y requisó a los ciudadanos, incautaron cerca de 8.000 dólares distribuidos en el vehículo en el que se movilizaban los presuntos estafadores y las maletas que portaban: “habrían estado vendiendo cargos desde hace unos dos meses”, indicó el fiscal.
Entre los elementos de convicción se presentaron las versiones de cuatro posibles perjudicados, quienes dijeron que habían entregado dinero en sobres y hojas de vida a los procesados, a cambio del empleo en el Municipio. Además de la versión de los agentes aprehensores, que precisaron que “el populacho identifica a Grace Tamara como una de las personas que se encuentran involucradas en la estafa de los puestos en el Municipio”.
El artículo 186, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) determina que “la persona que perjudique a más de dos personas o el monto de su perjuicio sea igual o mayor a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años”.
Tome en cuenta
Si usted fue víctima o conoce a una víctima en este caso, acérquese a la Fiscalía Especializada en Patrimonio Ciudadano No. 8, ubicada en las calles Vicente Ramón Roca y Juan León Mera, en el centro-norte de Quito, para colocar su denuncia.
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