El presidente de la Legislatura, César Litardo Caicedo, recibió del procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo, una codificación de reformas a distintos cuerpos legales en materia anticorrupción. La propuesta está encaminada a prevenir el cometimiento de delitos y fortalecer el sistema judicial para sancionar de manera eficaz los actos de corrupción.
El documento es un aporte para el trabajo de los legisladores que analizan ocho proyectos, en trámite, y propone modificaciones a cuatro cuerpos legales. Se trata del Código Orgánico Integral Penal, (delitos aduaneros y delitos en contra de la administración pública); Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y Código Orgánico de la Función Judicial. Esta propuesta fue elaborada por la Dirección Nacional de Iniciativa Legislativa e Investigaciones Jurídicas de la Procuraduría del Estado.
El presidente César Litardo recalcó que el origen la propuesta proviene de una acción conjunta de los diferentes Poderes del Estado, que priorizaron ciertos proyectos de Ley en la lógica de generar herramientas mucho más sólidas para la lucha contra la corrupción y en aplicación del Convenio de Cooperación suscrito entre la Procuraduría y la Asamblea Nacional, el 11 de diciembre de 2018.
Explicó que la Procuraduría fue el ente encargado de hacer la revisión, recopilación y análisis del documento que sugiere y da insumos para que los proyectos que se analizan cuenten con un alto nivel de criterio.
"El Ecuador ha tenido en los últimos años, una lucha muy fuerte contra este mal en el que la Asamblea ha trabajado arduamente. En las reformas a la Ley de Función Judicial se crean las unidades judiciales especializadas en lucha contra la corrupción, avance importante para tener dependencias, por regiones, que vayan en esa lógica”, puntualizó.
El titular del Parlamento anunció que el compromiso de la Asamblea Nacional es que las leyes anticorrupción que se están tramitando, tanto la de extinción de dominio como la anticorrupción se aprueben hasta diciembre. Destacó que los aportes son fundamentales para tener un mejor control y transparencia en los procesos de contratación pública.
Tras la oficialización de la entrega del documento, el Procurador recalcó que se trata de una consolidación de los proyectos de ley relativos al tema de la corrupción para facilitar el trabajo de la Asamblea Nacional. Se proponen varias modificaciones que buscan hacer más eficiente la lucha contra la corrupción. “Es un insumo que busca poner en el mismo nivel de debate y de desarrollo del proceso legislativo todas las normas desperdigadas”, afirmó.
Subrayó que la Procuraduría labora con todos los poderes del Estado en todo lo que represente el afianzamiento del Estado de derecho, la consolidación de la seguridad jurídica para que los ecuatorianos puedan vivir en un ambiente en el que todos conozcan sus derechos y obligaciones.
Reformas
En las reformas al Código Integral Penal se proponen cambios en las conductas delictivas ya previstas y la creación de nuevos tipos penales, para sancionar aquellos actos lesivos a la sociedad. Se penaliza la “obstrucción de justicia” con una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Que, además, implicará la imposibilidad de ejercer cargos públicos por la mitad del tiempo de la pena y, en el caso de lavado de activos, por el doble.
Dentro del Código de la Producción se recomienda reemplazar el capítulo de los delitos aduaneros. Se sugiere la cooperación internacional en materia de contrabando en el marco de acuerdos comerciales y con países de alto riesgo.
Las reformas a la Ley de Contratación Pública se fundamentan en los últimos casos de corrupción vinculados con la suscripción de contratos con el Estado. El objetivo es regular los procedimientos de contratación ampliando el control en el uso de gasto público por parte de las instituciones del Estado, limitando de esta forma la actuación irregular de sus servidores.
Modifica los tipos de compras que se pueden hacer por régimen especial. Sugiere eliminar de esta categoría las contrataciones para la ejecución de actividades de comunicación social, la prestación de servicios de asesorías y patrocinios en materia jurídica, las obras artísticas literarias o científicas.
Con relación al Código Orgánico de la Función Judicial, se plantea fortalecer al sistema con jueces dedicados a la lucha contra la corrupción. Propone que la sala de lo Penal también sea especializada en temas anticorrupción. Y agrega que en cada distrito donde se cuente con jueces especializados anticorrupción, el Consejo de la Judicatura deberá integrar por lo menos un Tribunal de Garantías Penales Especializado Anticorrupción.
Para esta compilación se revisaron seis iniciativas legislativa y dos del Ejecutivo. Entre ellas, las reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción, presentado, el 6 de marzo de 2020, por el Presidente de la República, y que se encuentra con informe para primer debate por parte de la Comisión de Justicia.
Además, la Ley para la Recuperación de Activos Mal Habidos Producto de Delitos contra la Administración Pública; la Reforma a Diversos Cuerpos Legales para Combatir los Delitos contra la Administración Aduanera y Gortalecer la Industria Nacional; y de Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías.
RSA/cz
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