Víctor Alfonso L. R., de 76 años, fue sentenciado a cumplir veintinueve años y cuatro meses de pena privativa de la libertad, como culpable del delito de violación, perpetrado contra una adolescente de 13 años.
La reparación integral que deberá entregar a la víctima es de 10.000 dólares. Como multa, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha dispuso el pago de 800 salarios básicos unificados. La víctima deberá recibir terapias psicológicas en la red de salud pública.
La fiscal especializada en Violencia de Género, Silvana Garrido, presentó ante los jueces más de ocho pruebas para determinar la responsabilidad del procesado. La reproducción del testimonio anticipado de la víctima y el relato de la madre fueron contundentes. Además, su veracidad fue sustentada técnicamente con los testimonios de las peritas de valoración psicológica y de entorno social.
En 2018, cuando la víctima tenía 13 años, la madre contrató a Víctor Alfonso por 30 dólares mensuales, para que llevara a su hija al colegio, cuya distancia era de cuarenta minutos en auto, equivalentes a unas tres horas a pie. En el sector de El Vallecito, ubicado en el Valle de los Chillos, no había línea de buses.
En uno de esos viajes, Víctor Alfonso desvió el vehículo hacia un lugar desolado y le dijo a la asustada adolescente que ese era un “buen lugar para estar juntos”. Entonces cometió el delito.
Después la amenazó con matar a su madre y hermano menor si revelaba ese “secreto”.
Bajo este chantaje, las violaciones continuaron perpetrándose, incluso en hoteles de paso. Con el tiempo, las intimidaciones de muerte estuvieron acompañadas de dinero, para que guarde silencio.
La adolescente (miembro de una familia indígena que migró en situaciones económicas precarias, de Chimborazo a Pichincha en busca trabajo) también habría sido violada por Pablo D. A., a sus 10 años de edad, en el mismo sector.
Extinción de la acción
Cuando Fiscalía conoció este caso, abrió una investigación previa y, con indicios suficientes, formuló cargos en contra de los ambos ciudadanos, el 15 de noviembre de 2019. Pablo D. A., de 51 años, al enterarse por medio de su defensa pública que estaba con orden de prisión preventiva como sospechoso de violación, pasó por la calle de la casa de la adolescente gritando “¡no sé lo que hice!”. Luego, se encerró en su domicilio, ingirió altas dosis de alcohol y se suicidó. Por lo que su proceso penal se extinguió.
“Como resultado de estas violaciones sistemáticas la víctima quedó embarazada sin determinarse la paternidad”, dijo la fiscal del caso.
La perita que practicó la valoración psicológica indicó, en la audiencia de juicio, que invirtió dos días en el análisis, pues la víctima necesitó contención en crisis, porque entraba en shock, causado por estrés postraumático severo. Fue tanto el impacto del delito, que la adolescente no pronunciaba palabra y de su embarazo se dio cuenta la madre, cuando ya fue evidente.
“Es una víctima con doble vulneración, una adolescente que permaneció sola en casa, ya que por la situación de extrema pobreza en la que viven, los padres debieron trabajar todo el día, después tuvo que dejar de estudiar para ser madre a temprana edad”, concluyó la fiscal Silvana Garrido.
Actualmente, el colegio la apoya para que termine el bachillerato.
Dato jurídico
El caso se sentenció según el artículo 171, numerales 1 y 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), más las circunstancias agravantes del artículo 48.
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