Fiscalía procesó al director del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, Héctor Fabricio R. V., por el presunto delito de concusión. Fue detenido la tarde del jueves 1 de octubre en los bajos de la Fiscalía de La Merced, luego de haber rendido su versión por otro caso, ante un fiscal de esta dependencia.
En la audiencia de formulación de cargos, en la Unidad Judicial Florida Norte, Fiscalía presentó como elementos de convicción: el parte de vigilancias, seguimientos y demás técnicas especiales de investigación que gozan de reserva legal, el parte de detención con fines investigativos, entre otros.
La jueza de Garantías Penales Ángela Bustillos dictó prisión preventiva contra el procesado, así como la inmovilización de fondos de sus cuentas bancarias, por un monto de 9.800 dólares.
La instrucción fiscal durará noventa días.
Contexto
La tarde del jueves 1 de octubre, el ahora procesado se encontraba rindiendo versiones en el despacho de la Fiscalía Provincial del Guayas; cuando concluyó la diligencia, fue detenido en las afueras del edificio por la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden de detención con fines investigativos, emitida por un juez de Garantías Penales del Guayas.
Se lo investiga por presuntos actos de corrupción: habría cobrado dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios a reclusos –como privilegio en celdas, alimentación, salud, permisos, seguridad y educación– al interior del centro penitenciario.
En un video viralizado en redes sociales la noche del mismo jueves, se observa al funcionario dialogar con Shy Daham, ciudadano israelí asesinado al interior de la Penitenciaría del Litoral en agosto pasado. En la grabación, ambos se refieren a cantidades de dinero recibidas por personal carcelario y solicitado, presuntamente, por el procesado Héctor R. V.
Información adicional
Héctor Fabricio R. V. es investigado por Fiscalía en otros dos procesos penales, por presuntas delincuencia organizada y asociación ilícita.
Dato jurídico
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de concusión con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
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